La sentencia de Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión —con petición de indulto— y 13 de inhabilitación especial por los delitos de falsedad documental y prevaricación, marca considerablemente su futuro político. Especialmente, tiene repercusión en la presidencia del Parlament de Catalunya, donde puede estar la consecuencia más inmediata para la también presidenta de Junts per Catalunya. Aunque la sentencia no es firme, el debate sobre quién tendrá que encabezar la segunda institución del país ya ha empezado entre los partidos políticos. De hecho, todos —a excepción de los juntaires— coinciden al pedir que Borràs dé "un paso al lado" y renuncie a encabezar el hemiciclo, un hecho que ella ha rebatido con una contrapropuesta. El artículo por el cual se la suspendió de sus derechos y deberes como diputada el pasado mes de julio —sostiene Borràs— hace referencia a la "corrupción lucrativa" y, como la sentencia "constata que no ha habido ningún problema de naturaleza económica", plantea ser restituida en su cargo.
La situación del Parlament de Catalunya
Hace nuevos meses que el Parlament de Catalunya vive una situación de interinidad. El 28 de julio de 2022, los miembros del PSC, ERC y la CUP votaron suspender a Laura Borràs como presidenta de la cámara legislativa con la aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament. El texto recoge que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata". Tanto Laura Borràs como los dirigentes de Junts per Catalunya denunciaron que este acto suponía "vulnerar el derecho político" y su "presunción de inocencia". Este mismo viernes, Borràs sostenía que es un artículo que "jurídicamente presenta problemas, es inconstitucional y vulnera derechos humanos". Es un apartado que se incluyó en la reforma del reglamento del hemiciclo que acordaron Junts pel Sí y la CUP el año 2017.
Durante estos tres trimestres, quien ha estado ejerciendo las funciones de presidenta desde su posición de vicepresidenta primera de la Mesa es la republicana Alba Vergés. Si bien había grupos como el PSC que, poco después de tomar la decisión de suspender a Borràs, animaban a los otros partidos a "acabar" con esta situación de interinidad antes de iniciar el nuevo curso político en septiembre, el debate se ha ido postergando y prolongando hasta que ha llegado el fallo judicial sobre la causa abierta contra la líder de Junts.
A pesar de la sentencia condenatoria de este jueves, Laura Borràs mantiene hoy por hoy la misma condición de la cual parte desde hace nueve meses: presidenta del Parlament suspendida. El reglamento de la institución deja claro en el artículo 24.e que los "diputados del Parlament pierden su condición por la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme". Dado que la decisión no tiene todavía el carácter de firmeza y la defensa de la dirigente juntaire ya está preparando el recurso a presentar ante el Tribunal Supremo —que tendrá que resolver si ratifica la sentencia, pero es una decisión que se hará esperar unos meses—, la condena no altera de momento su papel en el hemiciclo.
La propuesta de restitución
Todos los partidos con representación en el Parlament salieron el jueves a reaccionar a la sentencia de Laura Borràs y valorar las implicaciones que tiene en la presidencia del hemiciclo catalán. Excepto Junts, todos los demás son partidarios de que la presidenta de Junts renuncie a su acta. De hecho, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, también se alineó con este planteamiento para "poner fin a la interinidad" de la cámara, mientras que el grupo parlamentario de Esquerra Republicana quiso recordar que, hasta que la sentencia no sea firme, Borràs podría mantener su escaño. Con todo, la que también fue consellera de Cultura entre el 2018 y 2019 dice que no se resignará, que plantará batalla judicial hasta que sea "absuelta" —asegura estar "convencida" de que lo conseguirá en alguna instancia judicial— y que no dimitirá como presidenta del Parlament. Borràs va más allá y considera que, dado que no ha habido "corrupción lucrativa", tendría que ser restituida de sus funciones al frente de la segunda institución del país.
Esta propuesta, lejos de encontrar cuórum, ya ha sido rechazada por la práctica totalidad del arco parlamentario. El líder de la oposición, Salvador Illa, declaraba el viernes que "las instituciones están por encima de todo el mundo" y que "nadie tiene derecho a arrastrarlas". Más tarde, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, también apuntaba que "no se dan las condiciones" para que la presidenta de Junts sea restituida. Además, el Govern cree que las instituciones "tienen que estar a la altura de las circunstancias y no estar en una situación de interinidad, sino de plenas competencias". De hecho, también es una opción que no ven nada clara —en privado— algunos dirigentes del partido de Laura Borràs, y la única que en público ha defendido que, si fuera Borràs, "dimitiría", es Magda Oranich, presidenta de la comisión de garantías de Junts. Además, es necesario tener presente cuál es la composición actual de la mesa: dos miembros de ERC, dos del PSC, una de Junts y uno de la CUP.
El escenario más plausible, que la Junta Electoral ordene retirarle las credenciales
Aunque no tenga que abandonar la cámara legislativa de Catalunya por ahora porque la sentencia no es firme, lo cierto es que existen los precedentes del expresident de la Generalitat, Quim Torra, y del exdiputado de la CUP, Pau Juvillà. Ambos fueron condenados por un delito de desobediencia y la Junta Electoral Central, sin disponer de la firmeza de las respectivas sentencias, ordenó al Parlament retirar sus actas y expidió las credenciales del siguiente diputado. En este contexto, un grupo parlamentario puede dirigirse a este órgano para solicitar este trámite y que Borràs no continúe como parlamentaria. Entonces, la JEC estudia si se da la situación de inelegibilidad sobrevenida. El mismo jueves, la derecha formada por Vox, Ciudadanos y el Partido Popular ya anunciaron que emprenderán esta vía para intentar poner fin a la etapa de la presidenta de Junts como líder del hemiciclo.
En los casos de Torra y Juvillà, la Junta Electoral se amparó en el artículo 6.2., en su apartado b, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que explicita que son "inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para cargo público en los términos previstos en la legislación penal".
A partir de aquí, si se da esta situación, la JEC expediría la credencial de Toni Castellà (portavoz nacional de Demòcrates), que es el siguiente en la lista que Junts presentó en la demarcación de Barcelona a las elecciones de 2021. Y el debate ya sería prácticamente inaplazable para todos los partidos, aunque Jordi Turull anunció el jueves que estudiarán "todos los mecanismos jurídicos" para que la Junta Electoral "no interfiera en la vida política" de la cámara. Ahora bien, si Laura Borràs pierde el acta, el Parlament tendrá que escoger de manera casi irremediable a un nuevo presidente del hemiciclo. Y eso podría pasar antes de las elecciones municipales 2023.
Anna Erra, la candidata de Junts si Laura Borràs pierde la presidencia
Ante el escenario que Laura Borràs pierda la presidencia del Parlament, los partidos estarán obligados a mover ficha. En este sentido, hay varias incógnitas sobre el papel que jugarán las diversas formaciones, con los ojos puestos muy particularmente en Junts per Catalunya, ERC y el PSC. Aunque en público Junts subraya que no quieren "situarse en este escenario" —el secretario general Jordi Turull solo apuntó que "si llega, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar y lo harán los órganos del partido"—, lo cierto es que un buen puñado de los dirigentes y del grupo parlamentario se inclina por postular una candidata a encabezar la cámara porque, indican algunas fuentes, no se pueden permitir "perder el único cargo de alto rango institucional" que tienen después de la salida del Govern. De hecho, el presidente del Parlament es la segunda autoridad de Catalunya. En esta línea, quien tiene más adeptos y quien lidera la lista es Anna Erra, alcaldesa de Vic, tal como explicó ElNacional.cat. Oranich es quien también ha manifestado que Junts debería proponer un candidato a la presidencia de la cámara.
No en balde, hay otro sector —más reducido— en Junts que considera que no se tendría que presentar candidato a la presidencia del Parlament si Laura Borràs es inhabilitada a la totalidad de los efectos, como gesto y muestra de protesta por la sentencia. Así lo detalló Aurora Madaula, secretaria segunda de la Mesa y muy próxima a Borràs, en una entrevista en 'L'Hemicicle' de Catalunya Informació, donde también añadió que, en caso de que se tuviera que plantear un sustituto, tendría que ser la presidenta de Junts quien propusiera quién tiene que ser su relevo.
Ahora bien, si Junts pusiera encima de la mesa el nombre de Anna Erra, no está garantizado que fuera elegida presidenta de la cámara. Laura Borràs fue investida como líder de la cámara con los votos de ERC en virtud de un acuerdo de investidura del president Pere Aragonès, que incluía que la presidencia del Parlament correspondería a los juntaires. La ruptura del Govern en octubre del año pasado hizo añicos el acuerdo entre los republicanos y Junts, siendo Aragonès el cual destacó en una entrevista que el pacto por el cual Junts disponía del liderazgo de la segunda institución catalana estaba "superado", a pesar de estar "abierto" a hablar ante el momento en que hubiera que sustituir a Laura Borràs.
Por lo tanto, una buena parte de la clave de bóveda radica en Esquerra. La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, reafirmó el jueves que la presidencia del hemiciclo tiene que seguir en manos de un diputado independentista y cerraba la puerta a dar apoyo a algún candidato del PSC. Para la también secretaria general adjunta de ERC, se tiene que construir "un nuevo acuerdo" con Junts y la CUP, pero sin especificar a cuál de los tres partidos del independentismo le correspondería este rol. En paralelo, Vilalta anunció hace unas semanas que enviaría un mensaje a Albert Batet (presidente del grupo parlamentario de Junts) para abordar esta cuestión, mensaje que desde Junts negaron que hubieran recibido.
Aunque la distancia entre ERC, Junts y la CUP parece cada vez más profunda, los cupaires también han dejado claro que harán "todo aquello que esté" en sus manos para evitar que el presidente o presidenta del Parlament "sea de un partido del 155". La CUP ha sido muy contundente contra Laura Borràs, sostienen que ahora ya se habla de "corrupción" por unos hechos que "no tienen nada que ver con el independentismo" y exigen "ya" su dimisión.
Sobre el PSC, cabe recordar que es el partido que ganó las elecciones de 2021 y que tiene el grupo parlamentario con más diputados igual que ERC, 33. Los socialistas postularon a Eva Granados al inicio de la legislatura como presidenta, candidatura que llegó a la segunda votación y que contó con el apoyo de los comunes, Ciudadanos y el PP. En todo caso, se muestran prudentes con la situación actual. Alícia Romero defendía el jueves que Borràs tiene que dar "un paso al lado" y, anteriormente, ya había ofrecido su grupo para negociar las candidaturas que plantee algún grupo, sin descartar que ellos mismos opten. Otra pieza de la ecuación es En Comú Podem. Los de Jéssica Albiach apuestan por una "dimisión inmediata" de la presidenta de Junts y han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios —excepto Vox— para convocar una reunión urgente de partidos con el objetivo de encontrar a un candidato que permita reemplazar a Laura Borràs. Para los comunes, esta presidencia tendría que estar en manos de un partido progresista, lista donde se incluyen ellos, el PSC, ERC y la CUP.
Los próximos días, la atención se centrará en los movimientos que puedan hacer los partidos, pero especialmente en lo que haga la Junta Electoral Central porque su decisión será clave para la sustitución —o no— de Laura Borràs como presidenta del Parlament. Entretanto, la próxima reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces ordinaria no tendrá lugar hasta después de Semana Santa, el 11 de abril. Y el próximo pleno arrancará el 18 de abril.