Mireia Boya se defiende de la acusación de desobediencia de la cual se la investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el procés soberanista alegando que "la imputación, procesamiento y actual acusación en contra suya obedecen a la estrategia estatal, operada simultáneamente desde frentes judiciales, policiales, mediáticos y políticos, de persecución ideológica de todo el independentismo", según indica en el escrito presentado al tribunal que ha avanzado Nació Digital.
En el mismo escrito, la defensa de la exdiputada de la CUP en el Parlament de Catalunya asegura que Boya no recibió "nunca" ningún tipo de notificación ni de requerimiento del Tribunal Constitucional ni tampoco "estuvo sujeto de ninguna querella" de la fiscalía.
Aparte, el escrito de la defensa de Boya delante del TSJC desgrana uno a uno los hechos por los cuales las acusaciones llegan a la conclusión que es culpable de un delito de desobediencia o de organización criminal, y afirma que todas las intervenciones que se le atribuyen las hizo como "diputada electa" del Parlament "en ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales a la participación política y a la libertad ideológica", y en el amparo de su "inviolabilidad como diputada" por los votos y opiniones emitidos en ejercicio del cargo.
En el escrito, la defensa de la exdiputada también denuncia que "la reacción de las estructuras del estado español se enmarca en la práctica histórica de la represión contra el independentismo", que se ha ido haciendo "extensiva y más intensa" a medida que esta opción ideológica "crecía y se extendía entre la ciudadanía" e iba alcanzando, desde planteamientos "plenamente pacíficos y democráticos, hitos políticos en el camino del objetivo de la creación de una república catalana independiente".
Penas solicitadas
Boya se enfrenta a penas que van desde una multa de 8 meses y 1 año y 4 meses de inhabilitación que pide la abogacía del Estado por un delito de desobediencia a los 12 años de prisión que pide la acusación particular de Vox por un delito de organización criminal. Son las mismas penas que pedían en el Tribunal Supremo antes de que este decidiera trasladar la causa para ella y los exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlamento al TSJC.
En concreto, la Abogacía del Estado y la Fiscalía consideran a Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet autores de un delito de desobediencia grave y piden para los cuatro primeros multas de 30.000 euros e inhabilitación para cargo público de 1 año y 8 meses. La excepción es Joan Josep Nuet que no sostenía las tesis soberanistas pero facilitó el debate al Parlament. La Fiscalía le pide una multa menor, de 24.000 euros, y una inhabilitación de 1 año y 4 meses.
En el caso de Boya Advocacia i Fiscalia difieren. Mientras los primeros piden inhabilitación de 1 año y 4 meses y multa de 24.000 euros, los segundos solicitan multa de 30.000 euros e inhabilitación de 1 año y 8 meses. Vox, por su parte, pide para los cinco miembros de la mesa del Parlament y para Boya 12 años de prisión por un delito de organización criminal y una sanción de 108.000 euros y dos años de inhabilitación por otro de desobediencia continuada.