"El independentismo catalán nunca supuso un problema político hasta que contó con un apoyo ciudadano lo bastante amplio para convertirse en una opción política de cambio real, momento en que se forjó la estrategia de persecución judicial y política de una ideología legal y legítima, tal como se relatará". Es parte del escrito de defensa, a cuyo borrador ha tenido acceso El Nacional, que mañana por la tarde el abogado Andreu Van den Eynde presentará al Tribunal Supremo.

Pide la absolución, como cabría esperar, y tiene como base de la defensa los ataques constantes del estado español a la ciudadanía de Catalunya, así como la politización de la justicia para frenar el derecho a decidir y de autodeterminación.

El punto de partida del conflicto es el 2010, momento en que el TC recorta el Estatuto de Autonomía aprobado en referéndum y revalidado por el Parlament de Catalunya: "Un tribunal de selección marcadamente política (algunos de sus miembros han sido militantes o diputados del Partido Popular) decidía revisar la voluntad popular expresada en las cámaras legislativas y en referéndum".

Y aquí empezó el conflicto y la movilización social, así como el crecimiento del independentismo abonado por "una frustración evidente" de la ciudadanía: "El TC modificaba así un acuerdo que había sido fruto del respeto a todas las vías y los requisitos previstos en la CE y se producía una crisis de legitimidad, ya que Catalunya ya no disponía de un ordenamiento jurídico fruto del legislativo sino impuesto por un tribunal".

"Efectivamente en Catalunya alguna cosa cambió, ya que se fundamentó entonces una voluntad popular reforzada a favor del derecho a decidir, autoorganizada en movimientos ciudadanos y expresada en manifestaciones públicas diversas. A partir de entonces y año tras año se fue engrosando la base de los partidarios de un nuevo encaje territorial de Catalunya en España, encaje que muy mayoritariamente se vinculaba a la idea de crear un nuevo Estado independiente. La ciudadanía catalana, por motivos diferentes, percibía y percibe como necesario ejercer el derecho a decidir democráticamente el futuro político de su país mediante un referéndum de autodeterminación, y así lo trasladó a los representantes políticos catalanes tanto en la calle como en las urnas", relata Van den Eynde para ilustrar el choque de trenes entre Catalunya y España y el punto de partida del proceso independentista que culminó, primero, en el 1-O y, después, en la proclamación fallida de la república el 27-O.

El escrito de defensa denuncia que lo que había sido hasta entonces un conflicto político se convierte en un conflicto judicial. El abogado relata como a raíz de las elecciones al Parlament del 2012 las estrategias políticas en Catalunya confluyen, se pone sobre la mesa la posibilidad de un referéndum pactado con el Estado y este lo tira todo por la vía de los tribunales sin ninguna negociación: "Fue en este momento cuando se produjeron los más claros movimientos del gobierno español para trasladar definitivamente la cuestión, de carácter evidentemente político, al poder judicial. El ejecutivo español, rehuyendo del problema y con desistimiento de sus funciones, propició con sus acciones judiciales la STC 42/2014, que supuso un punto de inflexión en la jurisprudencia constitucional para hacer frente al independentismo catalán".

El escrito de defensa es un relato histórico al más puro estilo de Oriol Junqueras ―historiador― que busca encontrar el inicio del conflicto para poder explicar al tribunal que no hubo ni rebelión, ni sedición, ni malversación. Sino una ejecución de los derechos civiles más elementales como es el derecho a decidir y la autodeterminación, reconocida en democracia.

El abogado relata como incluso después del 1-O fue imposible encontrar una vía de diálogo para resolver la situación: "Los esfuerzos por encontrar una vía de diálogo por parte del gobierno catalán fueron tan intensos, como intensa fue la negativa, una vez más, del gobierno español para entablar este diálogo. Este no aceptó ni siquiera la posibilidad de una mediación internacional".

El referéndum y Puigdemont

"El referéndum, tal como se acabó haciendo, no formaba parte del programa trazado desde el Govern después de las elecciones del 2015, pero acabó añadiéndolo a raíz de la propuesta del MHP Sr. Carles Puigdemont efectuada durante la Cuestión de Confianza a la que se sometió en el Parlament el 29 de septiembre del 2016. Se decidió entonces que la mejor vía para continuar era la democracia directa y las urnas, esencia del movimiento independentista", dice el escrito de defensa, que explica que no era la primera opción hacer el referéndum.

Y añade: "La idea de votar, que compartían no sólo sectores del soberanismo sino muchos otros actores políticos que, sin ser independentistas, están comprometidos con la democracia, aglutinó un consenso muy elevado".

Sin violencia

El abogado reitera que "la violencia que salpica (según palabras de la fiscalía) este movimiento es una invención" y que "mis mandantes, antes que independentistas, son demócratas y pacifistas", un relato ya expuesto en las declaraciones de los acusados Junqueras y Romeva ante el magistrado Pablo Llarena.

"El 80% de la población en Catalunya, según encuestas, estaba y está a favor del referéndum de independencia, ya sea para votar afirmativamente o en contra. Fue en este contexto que el Govern, y mis mandantes, impulsaron el referéndum de autodeterminación que se acabaría celebrando el 1 de octubre de 2017", expone el escrito.

Sobre las movilizaciones ciudadanas, dice: "Las manifestaciones y expresiones del movimiento independentista han sido espectaculares por multitudinarias, festivas, respetuosas y cívicas, y así se ha reconocido nacionalmente e internacionalmente".

Defiende que el 20 de septiembre delante de la Conselleria d'Economia hubo "una protesta legal". Y que "no se impidió ni se quería impedir ninguno de los actos que la comisión judicial, en definitiva, llevó a cabo. No se frustró ni se quería frustrar ninguna actuación judicial. No se atacó ni se lesionó a nadie".

Niega la unilateralidad

El escrito de defensa niega la unilateralidad en la declaración de independencia. Sólo la admite por el hecho de haber decidido celebrar un referéndum, que en ningún caso es delito: "La única decisión de ejecución unilateral que se llevó a cabo por mis mandantes relacionada con los hechos que nos ocupan fue la de decidir convocar e impulsar el mencionado referéndum. Votar nunca puede ser delito y, de hecho, no lo es según el Código Penal español, así que mis mandantes decidieron que la población de Catalunya tenía derecho, y se lo había ganado, a depositar un voto en una urna. No hay ninguna justificación para impedir a una población la comprobación del grado de apoyo ciudadano a una decisión política trascendental".

Y denuncia que ningún tribunal pueda parar una decisión política si se ajusta a la ley: "El referéndum era una decisión política en firme que se llevaría a cabo en unos meses. Su importancia y validez política no podía depender de la validez jurídica que se le pudiera otorgar para los órganos del estado español".

1-O

Sobre el referéndum del 1-O y las cargas policiales, el escrito de defensa de Junqueras y Romeva asegura que no había manera posible de detener la votación y que por este motivo la Guardia Civil y la Policía Nacional "generaron imágenes de violencia inusitadas que pudieran (seguramente a su entender) atemorizar a los votantes e impedir su participación en este referéndum o bien escarmentarlas por haberlo hecho".

"La actuación desproporcionada de la policía no sólo animó la solidaridad de ciudadanos catalanes, españoles y extranjeros, sino que generó una de las imágenes más vergonzosas para los poderes del estado español que se habían visto en muchos años, obteniendo una condena internacional unánime, sobre todo ante la sorprendente negativa de los representantes políticos y policiales españoles de reconocer los excesos llevados a cabo a la represión de los votantes que, dicho sea de paso, se arrastra incluso a día de hoy hasta los escritos de acusación", concluye.

El juez del 13

Andreu Van den Eynde, que también lleva la defensa de algunos de los acusados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, vuelve a denunciar la causa general que se abrió en paralelo para buscar y construir pruebas: "El relato judicial artificial construido en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, así como todas las fuentes de prueba (ilícitas) que alimentan la presente causa no son otra cosa que el fruto de esta irregular investigación, 'instrumentalizada' con el fin de la criminalización de los independentistas catalanes".

Y denuncia la instrucción del ya fallecido juez Juan Antonio Ramírez Sunyer que le valió los elogios de la judicatura: "El titular del juzgado mantenía así su 'exclusiva' en la persecución de los independentistas que seguramente lo hizo merecedor de un sentido (a la vez que inusual) homenaje del presidente de este Excmo. Tribunal al cual me dirijo, quien, en una carta personal hecha pública en los medios, lo felicitó por 'haber cambiado el rumbo de la historia de España', coincidiendo, además, con la felicitación de otro miembro del CGPJ, el Sr. José María Macías Castaño, que definía el magistrado de Barcelona como un patriota enfrentado al disparate de unos pocos catalanes".