"Nuestro interés es españolizar a los catalanes". Esta frase —que al lector le resultará familiar— se remonta al 10 de octubre de 2012. La pronunció el entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte del Partido Popular, José Ignacio Wert, en el Congreso de los Diputados. Esta persecución de la lengua catalana y de imposición de la castellana no es, ni mucho menos, tan reciente. De hecho, las palabras de Wert se parecen a las que pronunció en su momento el dictador Miguel Primo de Rivera. Y todavía más, porque la cruzada del Estado contra el catalán a través de la política y de la justicia no se circunscribe al último centenario: las invectivas contra la lengua son sistemáticas desde hace tres siglos. Así lo recoge el politólogo y jurista Joan Ridao (Rubí, 1967) en el libro Una història del català a l’escola: del decret de Nova Planta al 25% de castellà (Pòrtic Edicions). El actual director del Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat hace un recorrido exhaustivo, desde una perspectiva historiográfica, de los ataques al catalán centrados en el ámbito de la enseñanza.
Ridao pone el foco en las escuelas porque resultan un "ámbito estratégico" para aquellos que quieren impulsar el castellano como "lengua común" e imponer la españolización. "El hecho de que la escuela sea un factor de socialización de primer nivel explica por qué las principales invectivas contra el catalán los últimos tiempos han ido dirigidas a este ámbito", detalla el autor en el libro. El también miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat indica que los historiadores apuntan que, durante el reinado de los Austrias, la península Ibérica era "diversa lingüísticamente" y la mayoría de los historiadores convienen que, en el Antiguo Régimen, la lengua que más utilizaba la población de Catalunya era el catalán. Es a partir de la represión borbónica con Felipe V cuando la preocupación también "pasa al plan político", explica Ridao en conversación con El Nacional.cat. Esta mentalidad perdura en nuestros días. De aquellos barros —el decreto de Nueva Planta—, estos lodos —sentencias del 25% de castellano en las escuelas catalanas.
De las "providencias disimuladas" a la etapa "ominosa" de uniformización del siglo XIX
Después de la Guerra de Sucesión, los decretos de Nueva Planta manifestaron las imposiciones de una monarquía identificada exclusivamente con Castilla. Inicialmente, Felipe V no planteó la prohibición de la lengua catalana de forma generalizada, sino que a través de las llamadas "providencias disimuladas", estas incursiones incidían en el ámbito de la justicia o de la administración. Fuera de la manera que fuera, lo cierto es que estas iniciativas "centralistas y desnacionalizadoras del régimen borbónico contribuyeron a agudizar la decadencia de la lengua catalana", remacha Joan Ridao. Esta persecución es más descarnada con la Real Cédula de Aranjuez, que se convirtió en el exponente gubernamental durante el reinado de Carlos III en la persecución contra el catalán. La normativa ordenaba que la enseñanza se tenía que hacer en castellano y apelaba, pues, a "extender el idioma general de la nación para una mayor armonía". A partir de este punto, Joan Ridao asevera que es cuando "la guerra ya es a campo descubierto".
El siglo XIX es un periodo que Ridao califica de "muy triste" para las perspectivas de la lengua catalana, dado que la ofensiva se acentuó con una "uniformización muy bestia". Así lo plasman los planes de instrucción pública con el estallido del liberalismo. En aquel periodo, la hegemonía del castellano arraigaba y avanzaba de manera imparable. La ofensiva no se circunscribía a la escuela, recoge Joan Ridao en el libro, sino que se ramificaba en otros aspectos, como la prohibición de hablar en catalán por teléfono o en los telégrafos.
Defiende Ridao que este "propósito castellanizador" ya se anticipaba en el título preliminar de la Constitución de Cádiz de 1812 y que, más adelante, es la ley Moyano, en opinión del jurista, la que remata un siglo para el olvido. Esta disponía que "la gramática y ortografía de la Academia Española serán texto obligatorio y único" de las asignaturas que se impartían en la enseñanza. Con todo, dejaba una brecha para el catalán, dado que otorgaba en las diócesis la potestad de establecer la docencia en doctrina cristiana. Es decir, si el catecismo se impartía en catalán, la doctrina catalana también se podía impartir en esta lengua. Es una "fuga", sin embargo, que más tarde —en 1901— será taponada con el Decreto Romanones.
La cara y cruz de la Segunda República en medio de dos dictaduras represivas con el catalán
A pesar del papel de la Mancomunitat de Catalunya, que contribuyó a hacer escuelas por todo el territorio para hacer reavivar el catalán, en 1923 volvió una etapa muy oscura para la lengua con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que sistematizó los ataques contra el catalán. Nuevamente, se exigió que la enseñanza solo podía ser en lengua castellana y se llegaron a imponer penas de prisión por la "difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza". El año 1929, la dictadura consiguió la intervención de la Santa Sede, que aprobó un decreto que prohibía a los clérigos utilizar el catalán.
La etapa posterior es la Segunda República. Joan Ridao destaca que fue un periodo con "claroscuros" porque, si bien aportó "avances considerables" en el terreno del bilingüismo —un decreto de Marcel·lí Domingo levantaba el veto a la enseñanza en catalán en las escuelas—, también fue "el cebo del pecado". El politólogo desarrolla esta tesis en el libro basándose en el artículo 4 de la Constitución de 1931, que a pesar de reconocer la "diversidad lingüística" del Estado, otorgaba una concepción "prevalente" al castellano. Para Ridao, en este punto ya se marca una "clara asimetría", porque en cambio no se otorga un "estatuto personal" para los hablantes de otras lenguas. La Constitución de entonces únicamente se limitaba a remitir a los diferentes estatutos de autonomía la regulación de los usos lingüísticos a la enseñanza. Es un modelo que, más tarde, prácticamente calcará la Carta Magna de 1978.
El monolingüismo en las escuelas volvió durante la dictadura franquista, donde se consagraron cuatro décadas de asfixia a la lengua catalana. La ofensiva llegaba al extremo de la prohibición del uso del catalán "en la vida oficial y pública de Catalunya". En el tardofranquismo, emergen más núcleos de resistencia cultural y educativa desde la clandestinidad. En paralelo, Òmnium Cultural forjaba medidas para promover el catalán. Ya en las postrimerías del franquismo, la Ley Villar Palasí, de 1970, permitía enseñar en catalán en las escuelas. "Supuso un primer respiro", puntualiza Joan Ridao.
La ley de normalización lingüística, el primer gran hito
La entrada a la etapa democrática inauguró un periodo que daba mejores perspectivas a la enseñanza en catalán. El primer gran hito que apunta Joan Ridao en el libro es la ley de normalización lingüística de 1983. De hecho, marca un punto de inflexión porque implica "un periodo de construcción y de consolidación de la política lingüística educativa" y los inicios del modelo de inmersión lingüística con un plan piloto en Santa Coloma de Gramenet. Para el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, los años 80 y principios del 90 "forjan el modelo lingüístico de éxito" y el "colofón" llega con la sentencia del Tribunal Constitucional de 1994 en respuesta a la impugnación del Govern a la ley de normalización lingüística. Esta reconoció el catalán como "centro de gravedad" del modelo lingüístico de enseñanza en Catalunya, el carácter vehicular de la lengua y, por ejemplo, negó el derecho de los padres a la libre elección de la lengua en la cual quieren que sus hijos reciban la enseñanza. El año 1998, también tendrá un papel muy importante la ley de política lingüística, que refuerza el modelo de conjunción lingüística y regula el núcleo duro del régimen juridicolingüístico.
La sentencia del Estatut como núcleo de las turbulencias que llegan a nuestros días
Con la entrada del siglo XXI, y especialmente a partir del Estatut, la guerra contra la escuela por parte de la derecha política y judicial se recrudece. La sentencia del TC de 2010 también incide en el aspecto lingüístico porque, por primera vez, el alto tribunal sostiene que, aunque "el catalán tiene que ser lengua vehicular y de aprendizaje a la educación, no es la única que tiene que disfrutar de esta condición, predicable con igual título que el castellano en tanto que lengua igualmente oficial en Catalunya". Estas líneas son las que abrirán el melón para llegar hasta la imposición del 25% de castellano en las escuelas, siendo el resquicio que aprovecha la justicia ordinaria —el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y el Tribunal Supremo—.
En medio, se aprueba la Llei d'Educació de 2009, que nace con la voluntad de garantizar la normalización lingüística del catalán y también de dar respuesta al cumplimiento del derecho de acabar los estudios con conocimiento oral y escrito del castellano. Más tarde, la norma fue ampliamente impugnada. Con la entrada en el 2010, el TSJC empieza a resolver recursos de algunos padres contra los planes lingüísticos de algunos centros —reclamaban una "reintroducción" del castellano de manera "proporcional y equitativa"— e inaugura el periodo en que ordenaba a la Generalitat como autoridad competente a "adoptar las medidas que sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada" por la sentencia del TC sobre el Estatut. La justicia ordinaria empieza a hablar de aplicar una "proporción razonable" del castellano, pero sin determinar porcentajes. Aquello que abrirá la puerta a los tantos por ciento es la ley Wert.
La LOMCE del año 2013 se convierte en uno de los principales ataques contra la lengua catalana de los últimos años. La normativa recoge el derecho de los padres a decidir que los hijos puedan recibir enseñanza en castellano en las comunidades con más de una lengua oficial disponiendo que las comunidades autónomas asuman el coste de la escolarización de los alumnos que lo desearan en los centros privados donde daban esta opción. Con este punto de partida, el TSJC insiste en la "pasividad" de la Generalitat para recoger el carácter vehicular del castellano en la impugnación de una resolución del 2015 del Govern sobre las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en Catalunya y es cuando plantea en diciembre de 2020 la imposición del 25% para "suplir la omisión" del Govern y del Parlament. Joan Ridao hace énfasis en la "gravedad del hecho" porque "el juez pasa a hacer de legislador político". Apunta, además, que en el momento de la sentencia del TSJC ya estaba en vigor la ley Celáa, que elimina la vehicularidad del castellano.
Cuando la sentencia se extiende a todo el sistema y el Supremo ratifica en una providencia la implementación del 25% del castellano en todas las escuelas de Catalunya, es el momento en que el Parlament y el Govern se ponen a trabajar en nuevos mecanismos legales para detener la aplicación de porcentajes. Mientras tanto, la justicia ultimaba la estocada con el decreto de firmeza de la sentencia del 25% y daba hasta el 31 de marzo de 2022 para aplicar este porcentaje. El 30 de marzo, el Govern aprobaba un decreto ley para fijar los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros con la incorporación del catalán como lengua vehicular y del castellano como lengua de uso "curricular y educativo", dejando clara la no aplicación de porcentajes. Más adelante, el Parlament aprobó con los votos del PSC, ERC, Junts y los comunes la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que ratifica el uso curricular del castellano.
Con esta nueva arquitectura legal, el TSJC determinó que ambas normas "impedían legalmente ejecutar la sentencia dictada", pero mantuvo la pugna: planteó una cuestión de inconstitucionalidad de estas. En el auto, la sala llega a referirse a la reforma impulsada por la Generalitat como "arbitraria" y sostiene que no se cumple la "paridad" de las dos lenguas. Ridao es un poco más "optimista" que los últimos meses sobre el pronunciamiento que haga el Tribunal Constitucional en esta materia por la actual configuración de este órgano. Mientras tanto, las espadas siguen empuñadas, como en los últimos 300 años —como constata el completo ensayo que publica Joan Ridao— sin tener en cuenta las realidades sociolingüísticas del país.