Las letras de Valtònyc y Hasél, las obras de Arco, el libro Fariña, las portadas de El Jueves, los tuits de Cassandra, la nariz amarilla de un concejal, los titiriteros de Madrid y, así, una lista inacabable de expresiones transformadas en delitos. Parece que los límites de la libertad de opinión en España cada día se estrechan un poco más y los tribunales condenan hechos que hace poco no habrían supuesto delito y, todavía menos, delito penal.

Esta semana, en sólo 24 horas, el Tribunal Supremo ratificó más de 3 años de prisión por una canción, un juez secuestró un libro de investigación sobre narcotráfico y las autoridades de Arco censuraron una exposición por hablar de presos políticos. Tres perlas que, sumadas, han hecho saltar las alarmas dentro y fuera del Estado español sobre el peligroso retroceso en libertades y derechos básicos.

El jurista y profesor de Derecho Penal Joan Queralt, consultado por este diario, califica la situación de "involución autoritaria" y destaca el endurecimiento del código penal por este tipo de delitos a través de las reformas de los últimos años.

En la misma línea, se posiciona el abogado y profesor de Derecho Marc Marsal que apunta a un posible "sesgo" a la hora de imputar y sentenciar ciertos delitos. Este se daría especialmente en hechos vinculados a cuestiones políticamente delicadas o personajes protegidos, como la monarquía. Entre las acusaciones más comunes que se pueden derivar de estos casos hay la de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona o en los cuerpos policiales, ofensa de sentimientos religiosos o incitación al odio.

La deriva también ha escandalizado a nivel mundial hasta el punto que organismos como Amnistía Internacional o medios de referencia como The Guardian o The New York Times se han hecho eco de la situación. "Sea por ley o por intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos de la libertad expresión han ido aumentando de manera silenciosa en los últimos años", alertaba el rotativo americano.

La exposición censurada por la dirección de Arco / EFE

Permitido ofender, inquietar y perturbar

El debate llega a los límites de estos delitos, qué se puede considerar como tal y qué no. La doctrina del mismo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dice que la libertad de expresión ampara también las ideas que "ofenden, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o un sector de la población", tal como lo exigen los principios del pluralismo y tolerancia. "La libertad de expresión rebasa los límites de la educación", remarca Queralt, siempre que no se vulneren otros derechos fundamentales.

Si no se respeta esta norma básica, se corre el riesgo de limitarse al criterio más restrictivo o de aquel que tenga 'la piel más fina', infringiendo el principio de in dubtio pro libertate —defender el sentido que más garantice un derecho fundamental—.

En el caso de España, ya hay restricciones especiales que no existen en otros países de la Unión Europea, como por ejemplo la de injurias en la corona. Fuera del estado español, se entiende que los cargos monárquicos —así como los políticos— son personajes públicos y, por lo tanto, tienen que estar sometidos a un nivel más alto de crítica.

La esperanza de Estrasburgo

Europa ya ha tenido que parar los pies más de una vez a España por violar derechos fundamentales cogiéndose a este delito. El año 2011, obligó al Estado a pagar 23.000 euros a Arnaldo Otegi por haber vulnerado el artículo 10 del Convenio de Derechos Humanos, el derecho a la libertad de expresión. El vasco había sido condenado por decir que el Rey era el "jefe de los torturadores".

Esta semana, el Supremo ha ratificado la condena de prisión para Valtònyc por frases como "por qué no se fractura la cabeza y no la cadera" o "el Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga en el cuello que le caiga el peso de la ley". El rapero ya ha adelantado que también llevará su caso a Estrasburgo.

Esta parece ser la única salida ante unos tribunales que pueden estar "influidos por un estado de opinión de las instituciones favorable a la protección de determinadas personas", tal como afirma Marsal. El tribunal europeo acostumbra a tener un trato mucho más garantista, sobre todo por lo que refiere a la libertad de expresión en creaciones artísticas y personajes públicos. El inconveniente es que el proceso puede alargarse tanto que la sentencia llegue cuando la pena ya se haya ejecutado.

¿Delito de odio o cajón de sastre?

Para evitar estos casos, los expertos destacan que el derecho penal se tiene que regir por un criterio de intervención mínima, ya que incluye los perjuicios más graves para el afectado. Todavía hay que ser más cuidadoso cuando se trata de derechos fundamentales, haciendo una lectura lo más restrictiva posible de la legislación.

Asegurar que se aplica este criterio se complica cuando se trata de delitos relativamente recientes en el Código Penal. Este es el caso del delito de odio. "Parece que sea el cajón de sastre para utilizarlo para lo que no es", denuncia Marsal, que alerta de la "manga ancha" a la cual se están cogiendo algunos magistrados aprovechando que la interpretación del delito todavía no está consolidada.

La norma está pensada para proteger los derechos de las minorías y evitar la violencia "contra grupos o personas determinadas por motivos racistas, étnicos, ideológicos, religiosos, etc. En cambio, se está utilizando para imputar un concejal que se puso delante de la Guardia Civil con una nariz de payaso o el exdiputado Germà Bel que criticó la violencia policial enTwitter.

La escena que ha costado al concejal Jordi Pessarodona la imputación por delito de odio / ACN

Enaltecimiento del terrorismo sin terrorismo

Otro de los delitos más polémicos por su borrosa frontera con la libertad de expresión es el enaltecimiento del terrorismo. El número de casos juzgados por la Audiencia Nacional por este cargo se ha disparado en los últimos años. El dato sorprende, ya que ha aumentado especialmente después de la disolución oficial de la banda terrorista ETA.

"El derecho penal no sólo sirve para castigar sino también para disuadir", explica Marsal. Por eso, no encuentra sentido al hecho de que "cuando podía haber sido más disuasivo en relación a las acciones terroristas reales, hubiera menos persecución" que actualmente, cuando su actividad ha cesado.

"Es absurdo", coincide el jurista Joan Queralt, recordando que se están abriendo más causas por enaltecimiento que por terrorismo como tal. Además, en muchos de los casos, los acusados no son personas vinculadas a actividades violentas, sino que se les imputa el delito por tuits o canciones. De hecho, desde el pasado noviembre, incluso, un retuit puede ser delito.

Intimidación y represión en Catalunya

La censura ha ido un paso más allá en los temas relacionados con el proceso independentista catalán. Incluso, la organización Amnistía Internacional ha denunciado en su informe anual publicado este jueves las reiteradas infracciones de las autoridades españolas a los derechos humanos a Catalunya, como la libertad de expresión o de reunión pacífica.

Asimismo, opina Marsal, abogado vinculado a la asociación Drets, que critica las "decisiones judiciales que tienden a reprimir expresión política o reivindicativa" en Catalunya.

Un buen ejemplo es el caso de los abuelos de Reus, a quienes la Junta Electoral de Tarragona prohibió manifestarse durante la campaña electoral del 21-D. Casi un mes después de las elecciones, la Junta Electoral Central discrepaba y resolvía que sí que se podían manifestar, pero ya era demasiado tarde.

Hechos como estos demuestran, a opinión del abogado, una "sobrerreacción" que acaba provocando un "efecto de intimidación" sobre la población catalana.

El dilema de la izquierda española

Las intimidaciones y los intentos de represión, sin embargo, está creando el efecto contrario sobre los ciudadanos, tanto en Catalunya como en España. La condena del rapero Valtònyc provocó una avalancha de solidaridad hacia él y, a la vez, de revuelta contra la monarquía española en las redes. El caso de las obras de Arco también ha situado en el centro del foco mediático la censura y el déficit democrático en España.

Este debate deja en una posición incómoda algunos sectores de la izquierda española, que se ven desorientados a la hora de dar apoyo o condenar ciertas conductas represivas, sobre todo si cargan contra el proceso independentista.

Hace unas semanas, veíamos como el mundo de la cultura, siempre caracterizado por la crítica y la denuncia de injusticias, mantenía un silencio sepulcral sobre la represión en Catalunya en la gala de los Goya. El mundo del arte también ha tenido una tímida respuesta al caso de censura a Arco.

Mientras tanto, los políticos también intentan pasar de puntillas sobre todo lo que se refiere a estos temas y, cuando no lo consiguen, siembran la polémica. El PSOE lo dejó clara otra vez esta semana. En un primer momento, el partido aplaudía la censura de la obra sobre presos políticos y, pocas horas después, se veía obligado a rectificar su posición. Mientras tanto, desde Catalunya, el PSC subía la voz para llevarles a la contraria y denunciaba que la decisión suponía "volver 40 años atrás".

En los próximos meses, veremos hasta donde llega este retroceso hacia épocas que se creían ya superadas.