España ha abierto un conflicto con la justicia europea por la inmunidad del president en el exilio, Carles Puigdemont, y los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí. La Abogacía del Estado español ha recriminado a los jueces la suspensión provisional de la retirada de la inmunidad parlamentaria de los exiliados. "No se puede pretender que el Tribunal General de la UE decida sobre cuestiones que dependen del derecho y las autoridades de un estado miembro, en este caso de España", asegura el escrito al que ha tenido acceso ElDiario.es.
España carga contra Europa
La justicia europea suspendió provisionalmente la retirada de la inmunidad parlamentaria de los exiliados para que pudieran asistir a la sesión de la Eurocambra de Estrasburgo, en Francia, sin riesgo de ser detenidos. Ahora, Sonsoles Centeno Huerta, la abogada del estado español, ha cuestionado en el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) sus competencias para otorgar la medida cautelar a los representantes independentistas. Centeno asegura que "no es posible que el TGUE concediera la cautelar devolución temporal de la inmunidad", ya que "corresponde a las autoridades nacionales otorgarla".
La Abogacía española carga contra la decisión de los jueces europeos: "La medida cautelar solicitada no se justifica, porque el acto del Parlamento Europeo no es la causa determinante del perjuicio grave o irreparable alegado".
La detención no afectaría a sus funciones
En el escrito, la justicia española mantiene que la decisión del Parlamento Europeo "únicamente ha permitido el levantamiento de la inmunidad para continuar la tramitación de las euroórdenes" contra los políticos independentistas, que "huyeron de España para evitar ser juzgados". La abogacía española también argumenta que Bélgica no podrá contestar la petición de extradición del juez Llarena si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no resuelve la cuestión prejudicial del Supremo, es decir, la negativa de entregar al exconseller Lluís Puig.
Las órdenes de detención contra los exiliados siguen en vigor en España, pero Centeno asegura que una detención de los exiliados no los privaría de seguir ejerciendo su cargo: "Viviendo los demandantes en Bélgica y teniendo en cuenta que la sede del Parlamento Europeo se encuentra en Estrasburgo y las sesiones en periodos parciales y comisiones del Parlamento se encuentran en Bruselas, no parece que se pueda entorpecer el ejercicio de la función de eurodiputados por una supuesta detención que tuviera lugar en España".
La inmunidad
Tanto Puigdemont, Comín y Ponsatí actualmente disfrutan de inmunidad en toda la Unión Europea menos en España. Y la Abogacía española advierte, en el escrito, que las órdenes de detención contra los exiliados "disfrutan en el momento actual de plenos efectos, por no tener los demandantes ningún privilegio conforme al derecho nacional".
Eso es debido al hecho de que la obtención del escaño europeo fue posterior a su procesamiento, entonces, según la jurisprudencia, no es necesario pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para mantener la orden de detención nacional. Sin embargo, el escrito de la abogacía señala que "la cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena supone la suspensión de las órdenes nacionales de detención".
Imagen principal de Carles Puigdemont al Parlamento Europeo. - ACN