Decían fuentes cercanas a La Moncloa hace unas semanas, que a los círculos presidenciales del Partido Popular (PP) les preocupa, y mucho, la situación actual del Gobierno en funciones. Es la primera vez que España enfrenta un escenario de estas características, durante un período tan prolongado de tiempo. La última vez fue durante la VI legislatura, donde antes de investir a José María Aznar, el país cursó con 62 días sin presidente, ni ejecutivo. Sin embargo, el período actual de cerca 85 días ha superado aquel episodio, por lo que la inquietud se ha instalado en el Estado.

Precisamente, los compromisos internacionales de España, así como su política doméstica, no se detienen como consecuencia "del reloj electoral" –como suele decir el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro–, sino que siguen avanzando . En consecuencia, el malestar está presente en el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy. Se ha hecho notar en las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que el viernes replicaba en el Consejo de Ministros que "si no podemos hacer política, tampoco debemos ser sometidos al control del Parlamento".

Gobierno sin control

Precisamente, hoy arrancará el primer pleno de la legislatura, que cursará sin rendir cuentas a la Cámara, después de que el mismo día 11 de marzo el secretario de Estado, José Luis Ayllón negara la posibilidad de comparecer ante él. "Ni deberíamos, ni podemos hacerlo" según la ley, afirmaba. El principal motivo que alegaba residía en la propia naturaleza del sistema parlamentario: "el Congreso de la XI legislatura no puede controlar el gobierno de la X", en tanto que no es la que le dio su confianza. Además, el equipo de Rajoy tampoco lleva a cabo actividad política, en términos de Sáez de Santamaría.

Ahora bien, la negativa de Ayllón generó eco por un hecho coyuntural de trascendencia comunitaria: el acuerdo que la Unión Europea (UE) quiere firmar con Turquía sobre la cuestión de los refugiados. Es decir, que Rajoy negó también la petición del PSOE de rendir cuentas ante la cámara, a pesar de que después rectificó, consciente de que debe consensuar una posición común con el resto del arco parlamentario –y no actuar en el libre albedrío en representación de un país en funciones–.

Las atribuciones legales

Precisamente, la Ley del Gobierno en funciones es clara en cuanto a las actividades que éste puede llevar a cabo. El presidente no podrá proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales; tampoco plantear una cuestión de confianza, ni proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Asimismo, el Gobierno en funciones no podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado; presentar proyectos de ley en el Congreso o, en su caso, en el Senado. Finalmente, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones, como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

La situación actual

En España, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se aseguró la aprobación de los presupuestos del 2016 en octubre del 2015, por lo que esta función queda completada –a pesar de las críticas que recibió el hecho entonces–. Ahora bien, que haya unas partidas monetarias aprobadas deja casi sin nulidad su uso, en tanto que no se pueden aprobar leyes para precisar hacia dónde van dirigidos los recursos, más allá de financiar los servicios públicos del Estado. Asimismo, en términos de legislación internacional, como la cuestión de los refugiados, España sí puede llevar a cabo viajes internacionales, pero básicamente en relación con la pertenencia a la UE. Sin embargo, no se puede posicionar sobre ninguna cuestión, por lo que Rajoy sí consensuará finalmente la posición ante la Cámara. Finalmente, si alguna comunidad autónoma llevara a cabo cuestiones contrarias a la Constitución, el Estado aún podría, en virtud del artículo 155, tomar medidas al respecto.

Los plazos previstos

Aun así, España puede encontrarse en la situación de que no haya gobierno hasta septiembre, o en octubre, aproximadamente. Es decir, que las Cortes se disolvieran el 3 de mayo sin candidato que pasase la investidura, mientras que las nuevas elecciones se celebraran el 26 de junio. Para entonces sí resultaría más difícil gestionar la situación en funciones, por los anteriores motivos. Es más, según las últimas encuestas publicadas, las dificultades de formación de gobierno también se mantendrían en caso de nuevas elecciones, por lo que éstas podrían no superar, ni aliviar, tampoco, al Estado del bloqueo.