El Ministerio de Migraciones español habilitará con carácter de urgencia campamentos con 6.000 plazas en las islas de la Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, para ubicar a los inmigrantes que ahora se reparten por 17 complejos turísticos. El modelo es similar al utilizado en las islas griegas de Lesbos o Lampedusa, donde los recién llegados no son trasladados al continente, sino que esperan la repatriación en la misma isla donde llegaron.
De forma paralela, ha anunciado que trabajará para dotar con 7.000 plazas más estables en el interior de inmuebles.
El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha dejado claro que el objetivo será la repatriación y ha destacado que "el 90%" de los 18.348 inmigrantes que han llegado en patera a las islas este año "son expulsables a sus países de origen". La mitad de los recién llegados ha llegado a las Canarias en los últimos 30 días, en lo que se considera una crisis migratoria.
La situación de las Canarias preocupa mucho al Gobierno español, y hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha iniciado por ello un viaje a Marruecos para abordar el problema. Más de la mitad de los migrantes llegados a Canarias son marroquíes, y el ministro quiere conseguir que Rabat facilite su repatriación.
Marruecos, sin embargo, está disgustado con el Gobierno, porque el vicepresidente Pablo Iglesias ha dado apoyo al Sáhara.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, a la llegada a Rabat, para tratar el problema migratorio en las Canarias / EFE
Marlaska ha intentado desactivar el malestar marroquí por las palabras de Iglesias. "Marruecos sabe cuál es la posición del Gobierno de España sobre el Sáhara, no es otra que desear una solución pacífica justa mutuamente aceptable, dentro de la ONU. Marruecos es un socio próximo, un país amigo", ha asegurado intentando no desautorizar al vicepresidente.
El ministro ha dejado claro que se descarta el traslado de migrantes a la Península, exceptuando algún caso con situación delicada, para evitar un efecto llamamiento, y lo ha atribuido a directrices europeas. Pero esta decisión choca con la visión del gobierno canario, que reclama insistentemente al ejecutivo español que saque de las islas a estos inmigrantes.