El economista Xavier Sala-i-Martin ha cargado contra la tergiversación que la Moncloa ha hecho del informe del Consejo de Europa sobre los presos políticos y exiliados catalanes, que pide su puesta en libertad y la retirada de las euroórdenes. El Gobierno español lo reinterpreta diciendo que es un apoyo a su política con respecto a los independentistas catalanes.

Sala-i-Martin discrepa frontalmente de esta versión endulzada de la Moncloa. "Como en las dictaduras de Orwell, en España hay un "ministerio de la verdad" donde todo quiere decir lo contrario. Eso de España (la de derechas y la de izquierdas) es cada día más cómico...y vergonzoso", ha indicado.

El Gobierno español considera que el informe del Consejo de Europa que insta a España a "considerar el indulto o la excarcelación" de los presos políticos, "avala la actuación" de España en esta materia aunque "parte de un planteamiento erróneo" que merece un "reproche general del Gobierno".

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, la resolución parte de un "prejuicio" que contamina todo el texto: que los líderes del procés fueron juzgados por expresar sus ideas en el ejercicio de sus cargos. Eso "contamina" todo el documento y se refleja en la resolución y en sus recomendaciones.

A pesar de estos reproches, el Ejecutivo considera que el borrador de conclusiones "avala la actuación de España y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad".

Para Exteriores, el relator del informe, Boriss Cilevics, reconoce que la actuación de los líderes independentistas fue "inconstitucional e ilegal" y desafió los mandatos expresos del Tribunal Constitucional.

Además, según el Gobierno, el relator del informe admite que la reacción de la administración de justicia de España en defensa de la legalidad vulnerada tuvo lugar dentro de los parámetros de un estado de derecho y que "España es una democracia vibrante, donde impera una cultura de debate público abierto y libre, y donde la mera expresión de puntos de vista proindependentistas no proporciona ninguna base para abrir una causa penal".

A pesar de ello, el informe pide la puesta en libertat de los 9 presos políticos y la retirada de las euroordenes contra los exiliados.