El Estado español saca malas notas en los informes de los organismos internacionales que este año examinaron, entre otros, el respeto a los derechos humanos y civiles (con especial atención a la represión del independentismo y la escasa protección a minorías y mujeres), la independencia de la justicia, las medidas anticorrupción, el racismo y la intolerancia, la situación de los afrodescendientes, migrantes y refugiados, la prevención de la tortura y la situación de los presos.

Resume esos “exámenes” Rights International Spain, una organización no gubernamental independiente, formada por expertos en derecho internacional, dedicada a la promoción y defensa de los derechos y libertades civiles. RIS es parte de Liberties, una red de entidades financiadas por el magnate liberal progresista George Soros, uno de los cocos del populismo nacionalista europeo que representan Marine Le Pen, Matteo Salvini o Viktor Orbán.

RIS destaca las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español. Son ocho en 2018 por vulneraciones de derechos similares a las cometidas en años anteriores.

Otros informes de expertos en derechos humanos internacionales, la mayoría pertenecientes a organismos de la ONU y al Consejo de Europa, muestran su preocupación por la represión del independentismo en Catalunya; y los riesgos para las derechos humanos y libertades civiles (especialmente la de expresión) de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y la tipificación del delito de enaltecimiento del terrorismo. También inquieta la extradición a China de personas en riesgo de tortura o pena de muerte.

En el capítulo de buenas noticias, celebran la propuesta de establecer una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo y la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció carácter vinculante de las comunicaciones individuales del comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer.

Ocho condenas

La justicia española no sale bien parada de este año que termina. En 2018, el TEDH condenó al Estado español en ocho ocasiones por vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. España, dice el informe de RIS, “muestra cierto nivel de reticencia en cuanto a la realización efectiva de algunos derechos relacionados con la disidencia política”. Las condenas al Estado español versan “sobre aspectos recurrentes: libertad de expresión, prohibición de la tortura, derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial, y respeto de la vida familiar y privada”.

El relator especial de la ONU para la libertad de expresión apremió a las autoridades españolas a no incoar procedimientos contra los líderes independentistas catalanes por delito de rebelión, que puede acarrear sentencias de hasta 30 años de prisión. “Las acusaciones por rebelión pueden entrañar el riesgo de disuadir discursos totalmente legítimos”, según el relator. RIS recuerda que ese experto se mostró preocupado por los cargos de rebelión atribuidos a actos que no implican violencia o incitación a ella, “porque puede interferir con los derechos a la protesta y a la disidencia política”.

Justicia muy mejorable

En la misma línea, RIS recuerda que el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) evaluó en enero el grado de cumplimiento por España de las recomendaciones emitidas tras evaluaciones anteriores para prevenir y combatir la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales. GRECO observó que España no había implementado o abordado ninguna de las once recomendaciones contenidas en el último informe, emitido en 2014. “Cabe destacar que no se ha reformado el marco jurídico del Consejo General del Poder Judicial ni tampoco se han establecido criterios objetivos y requisitos de selección para el nombramiento de los puestos más altos de la judicatura, lo que representa una amenaza a la independencia judicial”.

Además, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa envió una carta a los presidentes del Congreso y del Senado en que apremia a las Cortes a asegurar que la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana elimine toda interferencia desproporcionada en los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión.

La Comisaria mostró su preocupación por la redacción amplia e imprecisa de la Ley, que otorga un amplio margen de interpretación a la policía y, en consecuencia, permite limitaciones arbitrarias y desproporcionadas de derechos fundamentales protegidos por el Convenio Europeo.

Esa ley ha resultado en sanciones con fundamentos poco claros contra periodistas filmando a agentes de la policía o contra personas en manifestaciones pacíficas, según la Comisaria. En diciembre, el Consejo de Europa señaló a España como un ejemplo problemático de aplicación de legislación antiterrorista, pues los términos vagos e indebidamente amplios de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del Artículo 578 del Código Penal han resultado en restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión.

Migrantes y minorías

Otro capítulo son las evaluaciones referentes a tratamiento de personas migrantes y minorías. El RIS recuerda que el representante especial del Secretario General del Consejo de Europa ha apremiado a España a garantizar a todas las personas que llegan al país, incluyendo aquellas que saltan las vallas fronterizas, el principio de no devolución y la protección contra expulsiones colectivas, “de modo que exista una posibilidad real de acceder a un procedimiento de asilo justo y efectivo”.

Ese representante también recordó a España el deber de conciliar el control y seguridad de fronteras con la protección de los derechos humanos de migrantes y refugiados.

El Consejo de Europa también ha señalado que las modificaciones introducidas en la Ley de Extranjería no prevén garantías claras contra la devolución en caliente y contra las expulsiones colectivas de migrantes.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en su quinto informe sobre España, es también muy tajante: la elaboración de perfiles raciales por la policía “es un problema continuo”. También mostró preocupación sobre malas prácticas policiales en relación con los delitos motivados por odio y sobre la presencia de discurso contra migrantes y gitanos en el debate político y algunos medios de comunicación, la segregación residencial y escolar de la comunidad gitana, y los prejuicios y discriminación contra la comunidad LGBT.

A similares conclusiones llegó el Grupo sobre Afrodescendientes de la ONU, que encomió a España a aprobar una ley integral contra el racismo y formas conexas de intolerancia, a tomar medidas que garanticen la representación de los afrodescendientes y a poner fin a la expulsión colectiva de solicitantes de asilo y migrantes.

Derechos económicos y sociales

En una línea parecida, el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU mostró su preocupación acerca de la falta de “justiciabilidad” de los derechos económicos, sociales y culturales en el derecho español. Recomendó a España que tome medidas para garantizar un nivel de protección de esos derechos análogo a los derechos civiles y políticos en todos los niveles del sistema judicial, incluyendo el recurso de amparo.

Donde España ha mejorado es en su sistema penitenciario, según el informe Prisiones en Europa 2005-2015 del Consejo de Europa. Entre una y otra fechas, España ha experimentado un descenso en la densidad en las prisiones, en la proporción de extranjeros en prisión preventiva, de muertes y suicidios de internos, de internos sin sentencia y la cantidad media de gasto por interno y día.

En la parte negativa, España presenta peores registros que el resto de los países de su entorno en otros factores: porcentaje de internos extranjeros, número de internos por funcionario, duración media de las detenciones, edad mediana de los presos y porcentaje de mujeres internas.

Otro comité de la ONU, el de Derechos del Niño, recomendó a España a poner fin a la detención incomunicada de menores y a proporcionar asistencia jurídica cualificada e independiente a los menores procesados desde el inicio hasta la conclusión del procedimiento judicial.

Tortura

El Subcomité para la Prevención de la Tortura recomendó otorgar entidad propia al mecanismo de prevención de la tortura de España, que ahora es una oficina del Defensor del Pueblo. Otros expertos en derechos humanos de la ONU instaron a España a suspender la extradición de personas chinas y taiwanesas a China, pues corren riesgo de ser torturadas o ejecutadas. España es signataria del compromiso internacional para abstenerse de expulsar, devolver o extraditar a personas a cualquier Estado donde existan razones para creer que pueden ser sometidas a tortura o pena de muerte.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aplaudió la sentencia del Tribunal Supremo en que reconoce que las cláusulas de los tratados internacionales de los que España es Estado signatario forman parte de su legislación y que las recomendaciones del Comité CEDAW son de carácter vinculante.

El informe de RIS también recuerda que un grupo de relatores de la ONU celebró la propuesta del gobierno español de crear una Comisión de la Verdad y de elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Los expertos instaron al gobierno a adoptar inmediatamente medidas legislativas, administrativas y financieras para tomar un rol activo en la búsqueda de víctimas desaparecidas.