Entre juicios políticos a diferentes cargos (o excargos) del Govern y diferentes suspensiones del Tribunal Constitucional (TC), hoy tres eurodiputados catalanes, Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé, han denunciado a la Comisión Europea (CE) que "el gobierno español ha desobedecido el TC como mínimo en 26 ocasiones" y recuerdan que, en todos los casos, "Catalunya interpuso recursos, los ganó y el Gobierno español los ignoró".

De hecho, el alto tribunal dio la razón al Govern la semana pasada en la batalla que mantenía con el Estado desde hace años para gestionar el 0,7% social del IRPF y vetó el intento del ejecutivo español de gestionarlo desde Madrid, que probó colar un cambio en el reglamento en el reparto para que sólo pudieran recibir dinero las entidades de ámbito estatal, "marginando a las ONGs catalanas".

Precisamente también hoy, el diputado del PDeCAT en el Congreso Carles Campuzano ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que cumpla esta sentencia y le ha instado a "no inventar más excusas ni estratagemas legales para eludir el cumplimiento de la Ley".

Sentencia clara

"La sentencia es clara", ha aprovechado para recordar Campuzano a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. "La sentencia es clara y están obligados a cumplirla", ha dicho, al mismo tiempo que ha puesto sobre la mesa que "ya son 12 las sentencias de los tribunales favorables a la Generalitat", motivo por el que "tendría que darles vergüenza incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, de las que tanta gala hacen cuando les conviene". "Dé menos lecciones y cumpla la ley", le ha lanzado.

Esta, sin embargo, no es la única sentencia del alto tribunal que el Estado ha pasado por alto. Los tres eurodiputados citados también han querido explicar en Europa que el TC "obligó al Gobierno español a ceder las subvenciones y las becas al Govern de Catalunya" y ha insistido en que, una vez más, el Ejecutivo "también incumplió la sentencia".

Por todo eso, preguntan a la UE que "clarifique qué otras condiciones son necesarias para que se aplique el procedimiento del Estado de Derecho a este Estado Miembro".