La mesa de diálogo ya está dando acuerdos y la aplicación de beneficios penitenciarios a los presos políticos dependían del Govern la Generalitat, y más concretamente de la conselleria de Justicia, que estaba en manos de ERC, dado que se encontraban encarcelados en centros catalanes. Estos son algunos de los argumentos con que el Reino de España ha respondido a las cuestiones que se le plantearon desde Naciones Unidas a raíz de la denuncia de ERC sobre represión del independentismo. Un informe firmado por cinco comisarios pidió a España aclaraciones sobre las medidas adoptadas para "poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización" contra los miembros de ERC y se interesaba sobre si, tal como denuncia Esquerra, se ofreció al vicepresident Oriol Junqueras y al conseller Raül Romeva un régimen penitenciario "más suave" y privilegios solo en caso de arrepentimiento por sus acciones, que respondían a posturas políticas.

En su respuesta a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el representante permanente de España ante las Naciones Unidas asegura que "la situación en Catalunya no representa en estos momentos un desafío para el Estado de Derecho gracias a la evidente mejora de la situación política e institucional". Argumenta que tanto el gobierno de España como la Generalitat han admitido la existencia de un conflicto político y han mostrado la voluntad de resolverlo mediante el diálogo. Concreta que ya existe una Mesa de Diálogo entre los dos ejecutivos que se ha reunido en tres ocasiones y ha llegado a un acuerdo para superar la judicialización y para la protección e impulso de la lengua catalana. Explica que previamente se firmó un documento marco para el diálogo y la negociación; que se ha fortalecido el diálogo, dado que se ha reactivado la comisión bilateral; y se ha reducido la conflictividad institucional, además de reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición.

Prisiones en manos de ERC

Por lo que respecta a las acusaciones sobre el ofrecimiento de un régimen penitenciario "más suave" a Junqueras y Romeva si mostraban arrepentimientos por sus acciones, el informe ironiza, no sin cierta displicencia, que no tienen fundamento jurídico, y que la consideración "más suave con acceso a privilegios" a que se refiere la denuncia no existe en la normativa penitenciaria española.

En cualquier caso, puntualiza que "en caso de que las alegaciones se refieran en realidad a la progresión al tercer grado o concesión de libertad condicional", es necesario tener en cuenta que mientras los políticos independentistas estuvieron bajo la jurisdicción de la secretaría general de instituciones penitenciarías dependiendo del ministerio del Interior no se les habría podido aplicar dado que estaban en prisión provisional. En cambio, cuando fueron condenados ya estaban bajo la tutela del departamento de justicia de la Generalitat, que ostenta la "competencia exclusiva" para la ejecución de la legislación española en materia penitenciaria y "por lo tanto de ofrecer un régimen penitenciario más beneficioso en caso de cambio o arrepentimiento". En este punto, recuerda que "la Generalitat está presidida precisamente por ERC, partido político al cual pertenecen las personas interesadas". "El departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya también se encuentra dirigido por ERC, partido que también era titular del mismo en el momento en que se impusieron las sentencias condenatorias", recuerda en referencia a la exconseller Esther Capella.

 

Igualmente, el informe rechaza los reproches ante el hecho de que el indulto concedido a los presos políticos fuera parcial y, después de explicar el funcionamiento legal de esta medida de gracia en España, argumenta que en caso de que el tribunal sentenciador haga un informe negativo -cómo fue el caso- el indulto no puede ser total.

Rovira, en ningún caso una exiliada

La respuesta de España recuerda que la actividad de ERC es plenamente legal, que el partido desarrolla su actividad política "con total normalidad", y que sus miembros participan en la vida pública en pie de igualdad con el resto de partidos. Subraya que ERC tiene 12 diputados en el congreso, 14 en el Senado, 2 en el Parlamento Europeo y 33 en el Parlament de Catalunya y 3.107 actas de concejales; y que encabeza el Govern de la Generalitat y un total de 359 ayuntamientos. "Ninguno de los procesos judiciales que se exponen en el informe está vincula al ejercicio de estos derechos, sino a vulneraciones de la legalidad probadas en un proceso judicial, transparente, justo e imparcial," argumentan.

Asegura que la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, se marchó a Suiza para evitar comparecer ante la justicia española. "En ningún caso cabe calificar de exilio su situación, ya que este término solo puede aplicarse a personas perseguidas por sus ideas o su actividad política que, en caso de comparecer ante la Justicia o ante las autoridades, no tendría garantizado un trato o un proceso judicial imparcial, situación que no existe en el Reino de España", argumenta el texto donde se recuerda que Rovira, una vez se ha reformado el Código Penal, no tiene  ninguna acusación que comporte pena de prisión.

Resto de casos

El texto quita hierro a todos los casos denunciados por ERC. Recuerda que sobre Josep Maria Jové y Lluís Salvadó no pesa ninguna condena, ejercen sus funciones públicas y se las ha levantado las medidas cautelares -todo y que, reprocha, no lo recoge así el informe de ERC-; que Roger Torrent ha sido absuelto del delito de desobediencia y ejerce con normalidad sus funciones y que Jordi Solé tiene un procedimiento abierto al Tribunal de Cuentas, que no tiene naturaleza penal.

Pegasus

Por lo que respecta al espionaje con Pegasus, el España argumenta que la información que haya podido estar obtenida de las comunicaciones intervenidas con autorización judicial no se ha utilizado con finalidad diferente "a la protección de la seguridad nacional". "Sus derechos fundamentales han sido protegidos en todo momento por un magistrado del Tribunal Supremo", se asegura. En caso de que haya intervenciones no autorizadas se añade que el afectado tendría derecho a "iniciar acciones judiciales" para averiguar la identidad de los responsables y exigir la reparación del daño causado.

El documento detalla las condiciones en que se pueden hacer estos seguimientos, pero subraya que el Gobierno fija las líneas estratégicas de las actuaciones en materia de seguridad pero "no conoce ni propone las decisiones operativas sobre personas concretas derivadas de las citadas líneas estratégicas".

El informe del Reino de España responde a las cuestiones que plantearon cinco comisarios de las Naciones Unidas, a raíz de una comunicación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Lo firmaban al relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clemente Nyaletsossi; el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Mumba Malila; la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan; el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; y la relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin. Una vez España ha respondido a sus cuestiones, los relatores deberan exponer sus conclusiones.