Las acusaciones de violencia contra los CDR forman parte de un nuevo intento del Gobierno español para conseguir la extradición del president Carles Puigdemont, según informa el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el principal diario alemán. Según el rotativo, el Gobierno español hace llegar este mensaje a la cancillería alemana desde hace días. Los CDR se han convertido en una pieza geoestratégica, después de la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de poner en libertad a Puigdemont y no aceptar la acusación de rebelión y cuando también tienen dudas de la acusación de malversación.
"Los representantes de las autoridades españolas han advertido de la "creciente agresividad" [de los CDR], y han estado aportando nuevos argumentos oficiales desde principios de abril: Alemania debería extraditar a Puigdemont a España para evitar casos "de intimidación, coacción y daños materiales" y para estar preparados ante las protestas", narra el diario.
El Frankfurter, que es contrario a la independencia de Catalunya pero partidario de una desescalada en el conflicto, considera que con este nuevo escenario más tenso y con más represión policial la situación en Catalunya "está empeorando".
El rotativo acudió a la protesta ante la prisión Model de Barcelona el fin de semana, ha hablado con miembros de los CDR y con periodistas y politólogos, y explica qué son los CDR. Apunta que han crecido en las últimas semanas a raíz de la detención del president Carles Puigdemont en Alemania.
Recuerda que ahora por primera vez una miembro de los CDR, Tamara Carrasco, ha sido detenida con acusaciones de "terrorismo", y hace una valoración política de ello. "Con la detención del martes, las autoridades judiciales españolas están cumpliendo un anuncio que ya habían hecho: Para ir contra Puigdemont, los activistas sospechosos de violencia serán investigados por rebelión. Después de la detención y de la huida de la dirección independentista, los aproximadamente 300 Comitès de Defensa de la República han pasado ahora a ser perseguidos por la Policía y los políticos de Madrid como si fueran el peligro mayor para el Estado", indica.
