España encabeza la lista de críticos con la Comisión Europea por querer establecer medidas para reducir el consumo de gas a partir del 1 de agosto. Las reticencias por lo que consideran que es una medida que busca "salvar los muebles" a Alemania, ha generado una crisis entre los estados miembros que se tendrá que resolver este martes en Bruselas. Desde La Moncloa ya avisan: "A diferencia de otros países [sin citar cuáles], los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético", ha declarado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Así pues, la Unión Europea se ha convertido, de forma improvisada, en dos bandos: los que tienen una fuerte dependencia del gas ruso y los que no. Los dependientes que apuestan por una reducción del consumo del gas son Alemania, pero también Italia, Francia, los Países Bajos, Austria, Finlandia, Dinamarca y una mayoría de los países balcánicos. En el lado del no, lo abandera España, seguido de Portugal, Grecia, Bélgica, Polonia y Hungría. También Chipre, Malta e Irlanda las cuales han solicitado ser consideradas, islas energéticas, como Comisión Europea ya trata a la Península Ibérica.
Motivos para el no
Precisamente, este lunes, España ha registrado por primera vez precios más baratos que en Europa en el mercado de gas. El mercado español organizado del gas (MIBGAS) se encuentra en un nivel "significativamente más barato" que el mercado europeo de referencia, el TTF holandés, a causa de la menor dependencia en España de los aprovisionamientos de gas procedentes de Rusia, siendo la primera vez que eso pasa. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el año pasado, el diferencial de precios convergió con el de los principales mercados europeos, situándose el producto D+1 en una media anual de 1,19 euros el megavatio hora (MWh), por encima del TTF holandés. Más allá de "la anécdota", hay otros motivos de peso:
- En el caso español, en torno al 10% de las importaciones de gas natural proceden de Rusia, mientras que casi un 35% procede de Argelia. Con el suministro asegurado, los expertos coinciden en que la propuesta de la Comisión Europea se reflejaría de manera directa en un incremento de precios. "El esfuerzo de reducir la demanda de energía en un 15% no tendría ningún impacto positivo real en ningún otro país de la UE, mientras puede agravar la crisis económica, aumentar la situación de inflación y poner en riesgo el bienestar de los hogares el próximo invierno", asegura la Confederación estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) en declaraciones a Onda Cero.
- Verónica Riviére, presidenta de GASIndustrial asegura que "cumpliendo un techo de consumo de 331 TWh, es un sin sentido". Las condiciones climáticas de España "son mejores que las del resto de Europa". Por ejemplo, en Alemania, el consumo doméstico representa el 44% y consume mucho más gas que toda España: "El consumidor doméstico representa en nuestro país el 20% del nacional, y por eso las medidas tendrían un impacto menor, son ineficaces y no ayudan".
- Al otro lado, están las consecuencias industriales y este es el punto más crítico. La reducción industrial del 10% (37 TWh/año) más la compensación del consumo de los ciclos (85TWh/any), puede reducir hasta 127 TWh/año el consumo industrial habitual, un 57% de la demanda industrial. También en declaraciones para Onda Cero, Riviére avisa: "La mitad de las plantas e industrias españolas tendrían que parar y hacerlo, supone para la industria en España una falta de utilidad para ningún país europeo".
- Solidaridad limitada. "El Gobierno trabaja para aumentar su contribución de solidaridad europea, enviando todo el gas y la electricidad que podamos, pero tengo que decir que defenderemos nuestros intereses ante soluciones impuestas que además no son eficaces", declaró el mismo presidente Pedro Sánchez. España pide tener en cuenta las peculiaridades de cada país y "el esfuerzo por el trabajo de alternativas que se ha hecho para tener un punto de partida diferente".
¿Saldrá adelante?
La propuesta se tendrá que avalar por mayoría simple, es decir, con el voto favorable de 14 de los 27 estados miembros. Y no hace falta tener en cuenta la mayoría cualificada, que requiere el voto favorable del 55% de los Estados miembros, que representen como mínimo el 65% de la población de la UE, ni la votación por unanimidad. Así pues, la opción que lidera Alemania es la preferida.
La campaña ha empezado y en los últimos días, la Comisión Europea ha multiplicado sus mensajes e infografías para explicar la necesidad de aprobar esta propuesta, bajo el lema 'Save gas, save the winter': "Ya hemos hecho mucho para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos: nuestro suministro de gas de otras fuentes ha aumentado un 75% en comparación con el año pasado. Pero ahora también tenemos que reducir nuestra demanda. Nuestra propuesta: reducir el consumo de gas a Europa un 15% hasta la próxima primavera".
We have already done a lot to reduce our dependency on Russian fossil fuels—our gas supply from other sources has increased by 75% compared to last year.
— European Commission �������� (@EU_Commission) July 24, 2022
But now we also need to reduce our demand.
Our proposal: reduce gas use in Europe by 15% until next spring.#REPowerEU
La letra pequeña de la "nueva herramienta legislativa"
La misma Comisión Europea justifica esta medida porque es "la herramienta legislativa" que puede frenar las derivadas de la guerra en Ucrania y el choque con la Rúsia de Vladimir Putin. Los tempos del sacrificio no son menores. Esta reducción del 15% del gas va del 1 de agosto del 2022 al 31 de marzo del 2023. Y las afectaciones son para todo el conjunto de la sociedad: consumidores, administraciones públicas, hogares, propietarios de edificios públicos, proveedores de energía e industria "pueden y tienen que tomar medidas para ahorrar gas", avisa la Comisión.
Y da potestad a la UE para aplicar más medidas si es necesario. El nuevo Reglamento también daría a la Comisión la posibilidad de declarar, después de consultar los Estados miembros, una "Alerta de la Unión" sobre seguridad de suministro, imponiendo una reducción obligatoria de la demanda de gas a todos los estados miembros. La Alerta de la Unión se puede activar cuando hay un riesgo sustancial de escasez de gas grave o una demanda de gas excepcionalmente alta. Los estados miembros tendrían que actualizar sus planes nacionales de emergencia a finales de septiembre para mostrar cómo tienen la intención de alcanzar el objetivo de reducción, y tendrían que informar a la Comisión de los progresos cada dos meses.
En paralelo, la Comisión ha creado la Plataforma Energética de la UE para agregar la demanda energética a nivel regional y facilitar la futura compra conjunta tanto de gas como de hidrógeno verde, para garantizar el mejor uso de las infraestructuras para que el gas fluya allí donde más se necesita y para llegar a los socios suministradores internacionales.