Nervios. El Estado español ha pedido por segunda vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) más tiempo para responder sobre las vulneraciones de derechos denunciadas por los exdiputados de JuntsxCat Jordi Turull y Jordi Sànchez, que tenía que presentar este viernes, según han informado fuentes jurídicas a ElNacional.cat. Turull y Sànchez presentaron la demanda, a través del abogado Jordi Pina, en junio de 2020 contra el Reino de España, donde denuncian que las autoridades judiciales españolas vulneraron sus derechos políticos. Inicialmente, la Abogacía General del Estado tenía hasta el 1 de septiembre para aportar sus observaciones, pero solicitó una ampliación del plazo ante "la complejidad" del caso, y el tribunal le concedió hasta este viernes. Ahora, el nuevo plazo es el 6 de noviembre, fecha que, como ahora, continúa en medio de las negociaciones del PSOE con Junts y ERC  para la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez, con el límite del 27 de noviembre.

El papel de la Abogacía del Estado no es fácil porque su respuesta al TEDH podría tensar las negociaciones políticas. Recientemente, Estrasburgo también ha admitido a trámite los recursos de los 9 líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo. En este caso, el Reino de España tiene de plazo hasta el 12 de enero de 2024. En estas demandas, también se cuestiona el tribunal, encabezado por el magistrado Manuel Marchena, por no ser el tribunal competente para juzgarlos, además de vulneración de derechos.

El Supremo, cuestionado o amnistiado

En su respuesta, la Abogacía del Estado tendrá que pronunciarse abiertamente y afirmar o negar que el Tribunal Supremo vulneró los derechos de los políticos catalanes, y que por eso los indultó. O podría ir más allá y afirmar que todo este periodo, de desarrollo del proceso de independencia de Cataluña, queda “olvidado”, por una ley de amnistía, que se está negociando. Esto, beneficiaría también al Tribunal Supremo porque sus resoluciones, también serían amnistiadas y olvidadas.

Las vulneraciones

En la demanda de Jordi Turull denuncia que el juez instructor del proceso, Pablo Llarena, ordenó su prisión preventiva, justo el día siguiente al debate en el Parlament en el cual optaba a presidente de la Generalitat, en marzo de 2018, y cuando ya había aportado una fianza. Turull denuncia vulneración del derecho a la libertad y de representación política.

En el caso de Jordi Sànchez, entonces ya expresidente de la ANC y diputado de Junts, el Supremo le prohibió que saliera de la prisión de Madrid, donde estaba por el 1-O, para poder sustituir a Turull.

Sànchez denunció que se le vulneraron sus derechos políticos en cinco ocasiones por decisiones de las autoridades judiciales españolas, desde la prohibición a participar en la campaña de las elecciones en el Parlament del 21 de diciembre de 2017, hasta la prohibición a participar en el debate parlamentario, a pesar de haber sido elegido diputado por JuntsxCat, ni participar en la investidura fallada de Jordi Turull, el marzo de 2018.