El Estado español ha pedido más tiempo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para responder sobre las vulneraciones de derechos denunciadas por los exdiputados de JuntsxCat Jordi Turull y Jordi Sànchez, en la demanda que presentaron, a través del abogado Jordi Pina, en junio de 2020 contra el Reino de España. En concreto, denuncian las autoridades judiciales españolas, desde el juez instructor Pablo Llarena, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional (TC), han vulnerado sus derechos políticos. Inicialmente, la Abogacía General del Estado tenía hasta este viernes, 1 de septiembre, para aportar sus observaciones, pero solicitó una ampliación del plazo ante "la complejidad" del caso, y el tribunal le ha concedido tiempo hasta el próximo 6 de octubre.
El tribunal europeo ha admitido a trámite los casos de Sànchez y Turull en procesos separados, pero ha preguntado al Estado español por lo mismo: que responda las acusaciones de los políticos catalanes, los cuales sostienen que se han vulnerado sus derechos solo por el hecho de ser independentistas.
A prisión, después del Parlament
Por ejemplo, en el relato de hechos, se recuerda que las autoridades judiciales, en este caso el juez Pablo Llarena ordenó la prisión preventiva de Jordi Turull, justo al día siguiente del debate en el Parlament en que se votó su candidatura a president de la Generalitat, en marzo de 2018. Compareció ante el juez, que lo envió a prisión juntamente con los consellers que no se marcharon al exilio con el presidente Carles Puigdemont, procesados por rebelión.
Por falta de apoyo, Turull dio paso a la candidatura de Jordi Sànchez, que ya estaba en la prisión de Extremera, como presidente de la ANC por promover el 1-O. En aquellas fechas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instaba el Gobierno a garantizar el derecho político de Sànchez. El Supremo se lo denegó. Finalmente, Quim Torra fue elegido presidente de la Generalitat, el 17 de mayo de 2018. El Tribunal Supremo sí que permitió a los presos políticos catalanes escogidos diputados en el Congreso el abril de 2019, como Jordi Sànchez y Jordi Turull, tomar posesión del acta. Nada más.
Derechos vulnerados
En el escrito, la Abogacía del Estado argumenta que para presentar su declaración de los hechos, según la versión del Gobierno —en el que seguramente negará cualquier vulneración de los derechos a los expresos políticos catalanes— requiere unas "pruebas de soporte" que las autoridades competentes todavía no han presentado, seguramente haciendo referencia a los tribunales implicados. Además, precisa que realiza "búsquedas internas" para este caso "tan complejo" y pide que se le amplíe el tiempo para presentar las observaciones al tribunal hasta el 6 de octubre, como se le ha concedido.
En la demanda, Jordi Turull denunció la vulneración del derecho a la libertad y a la representación política, reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, además "de un evidente abuso de derecho por parte de las autoridades españolas". Su defensa, ejercida por Jordi Pina, recuerda que a Turull, siendo diputado en el Parlament y estando en libertad bajo fianza, "sin que hubiera sucedido ningún hecho relevante", se lo puso en la prisión provisional por el Tribunal Supremo el 23 de marzo de 2018,"cuando se encontraba en mitad del debate de investidura como candidato a la presidencia del Govern".
Por su parte, Jordi Sànchez denunció que se le vulneró su derecho político en cinco ocasiones por decisiones de las autoridades judiciales españolas, desde la prohibición a participar en la campaña de las elecciones en el Parlamento del 21 de diciembre de 2017, hasta la prohibición a participar en el debate parlamentario, a pesar de haber sido elegido diputado por JuntsxCat, ni a participar en la investidura fallida de Jordi Turull, en marzo de 2018.
En el relato de hechos recogido por el TEDH, también se expone la recusación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, próximos al PP y que expresaron ser contrarios al movimiento independentista, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, y también los indultos concedidos a los 9 presos políticos por el gobierno del PSOE, en junio del 2021.