Ni el catalán, ni el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. La última reunión del Consejo de Asuntos Generales ha puesto de nuevo sobre la mesa la reforma del reglamento lingüístico de la UE, pero, como ya se había anunciado, no ha ido más allá y no se someterá a votación. La presidencia española concluirá a finales de mes sin haber conseguido cerrar el compromiso de incorporar el catalán, el gallego y el euskera entre las lenguas oficiales. El ministro Albares ni siquiera participa en el encuentro. No obstante, el secretario de Estado de Exteriores, Pascual Ignacio Navarro Ríos, ha querido subrayar el hecho de que el debate sigue vivo. Ha asegurado que han hablado con Bélgica, que asumirá la presidencia de turno de la UE a partir de enero, para seguir impulsando esta reforma y que tienen el compromiso del Consejo que este tema continuará adelante. "Por descontado, es un compromiso del Consejo", ha asegurado al ser interrogado al respecto.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el secretario de Estado ha insistido en este punto. Ha asegurado que Bélgica había expresado durante la reunión "su compromiso para avanzar en los trabajos" por la oficialidad del catalán. Sin embargo, ha evitado concretar cuando se podrá aprobar la reforma del reglamento y se ha limitado a insistir en que durante la presidencia española se ha avanzado mucho y que España tiene confianza en que "avancen rápidamente".

España entró la petición de reforma del reglamento lingüístico el pasado mes de septiembre. Incluir el catalán entre las lenguas oficial de la UE era uno de los compromisos que había adquirido el PSOE en las conversaciones con Junts para votar a favor de la presidencia de la socialista Francina Armengol en el Congreso de los diputados. No obstante, la petición española chocó con las reticencias de algunos países como Suecia o Finlandia. El coste de la medida y el riesgo que desencadene una avalancha de peticiones en el mismo sentido de lenguas minoritarias europeas eran los principales escollos. Después de los informes del Consejo y de las matizaciones que hizo llegar el Gobierno para delimitar la ampliación al catalán, el gallego y el euskera, el tema se había incorporado a la reunión de este martes, pero finalmente, el gobierno retiró la votación, que para prosperar necesita la unanimidad de todos los estados miembros.

En la mesa del Consejo

Antes de empezar el encuentro, el secretario de Estado español ha explicado que la reunión de hoy tiene que servir para abordar de nuevo el debate en torno a esta cuestión y las "novedades" del último Consejo, y ha argumentado que en el último momento se ha retirado la votación porque los trabajos no han avanzado lo suficiente. "Confiamos en que por descontado la propuesta sigue encima de la mesa del Consejo y hay un compromiso de que esté encima de la mesa hasta que se llegue a una aprobación final, naturalmente", ha asegurado Navarro, que ha confirmado que ya han hablado con Bélgica al respecto y que hoy lo volverán a hacer.

El número dos del ministerio ha explicado que hoy se tendría que abordar el informe sobre los costes y el informe legal, así como la carta del ministro explicando por qué la propuesta española no sienta un precedente que pueda provocar más peticiones de otras lenguas. No obstante, ha insistido en que los debates todavía no se han cerrado.

Reticencias

También han certificado que el debate sigue abierto los representantes de otros países de la Unión, que sí estaban representantes por sus ministros, como la responsable de Asuntos Europeos sueca, Jessika Roswall, que ha insistido en el elevado coste que representa esta medida, que Bruselas ha cifrado en 132 millones, a pesar de que España ha dejado claro que asumirá el impacto económico de la propuesta. También los ministros de Exteriores de Letonia, Krišjānis Karinš, y de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adlercreutz, que, en otras ocasiones, han mostrado la preocupación sobre este tema, han insistido en que todavía hay que clarificar algunos puntos a pesar de admitir, en el caso del segundo, la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la reivindicación catalana.