El Gobierno español se gastará 545.000 euros en la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica. El ministerio de justicia ha contratado el bufete belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick para que represente al Estado español y al magistrado del Tribunal Supremo, después de que ha sido demandado por el president en el exilio, Carles Puigdemont, y los consellers en el exilio.

A partir de ahora el bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick será quien estará en contacto con la Abogacía del Estado para dirigir la estrategia procesal en Bélgica, ya que la abogacía no se podía personar directamente, al tratarse de un tribunal extranjero ordinario. El próximo 4 de septiembre está fijada una vista preliminar, donde las partes expondrán las alegaciones y el juez tendrá que decidir si admite a trámite la demanda civil. Llarena no está obligado a asistir en persona, y lo pueden representar los abogados de este bufet. El Ministerio de Justicia ha informado que ya se ha firmado el contrato y, con esta decisión, deja cerrada la representación tanto del Estado en este procedimiento como también la del mismo juez.

La semana pasada, en cambio, el ministerio hacía una distinción entre lo que supone defender "la soberanía de la jurisdicción española" y lo que son "actos privados" de Llarena. Pero esta diferenciación provocó un alud de críticas tanto de PP como de Cs y también de asociaciones de fiscales y jueces.

Finalmente, el Gobierno español ha asumido los costes de la representación del juez y da por cerrada la polémica sobre si tenía que defender o no al magistrado. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, negó este lunes que hubiera un cambio de criterio, y dijo que se habían estudiado todos los escenarios y que se había explicado todo el procedimiento "con transparencia". Entonces, ya se comprometió a defender al juez "hasta las últimas consecuencias".

La demanda contra Llarena se fundamenta, en buena parte, en unas declaraciones que el juez hizo en una conferencia en Oviedo donde no habría respetado el derecho a la presunción de inocencia y se habría vulnerado su honor.

Según informa el Ministerio de Justicia, el objetivo de este bufete será defender "la soberanía y la inmunidad jurisdiccional" de los tribunales españoles ante los belgas, una defensa que -según puntualiza el ministerio- también incluye la del magistrado del Supremo.