El año pasado el resultado fue similar. Este 2024, España sigue sin cumplir las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de prevención de la corrupción y promoción de la integridad entre las altas funciones del Estado y las fuerzas de seguridad. Así se desprende del informe anual publicado este jueves por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que ha suspendido a España en su evaluación anual al haber cumplido tan solo menos de dos tercios de las recomendaciones del organismo. El presidente del GRECO, Marin Mrcela, ha explicado en declaraciones a las agencias desde París que las autoridades del Estado no han autorizado que se haga pública de momento más información en detalle de las reglas que se han aplicado y cuáles no, de forma que no ha podido entrar a comentar el contenido del informe; si bien el alto cargo del Consejo de Europa sí que señala que España ha puesto en práctica solo cuatro de las diez recomendaciones del GRECO contra corrupción en altos cargos y tres de las nueve para las fuerzas de seguridad.
Aunque España no está obligada a divulgar en un plazo concreto el contenido en detalle de los incumplimientos con el Consejo de Europa, sí que tendrá que informar internamiento en el organismo de los progresos alcanzados antes del 31 de diciembre. En el 2019 el GRECO publicó el primer informe de evaluación sobre España, formulando 19 recomendaciones, y en marzo del 2022 el organismo europeo —que no pertenece a la Unión Europea, sino que es un órgano independiente suscrito por 46 países con base en acuerdos por los Derechos Humanos— evaluó por primera vez el grado de cumplimiento, determinando que se habían cumplido siete parcialmente y que doce quedaban pendientes.
En suma, el panorama europeo no es tampoco muy diferente. Se han evaluado 21 de los 48 estados miembros del GRECO. De los cuales, unos 12 países han aplicado, como España, menos de dos tercios de las recomendaciones del Consejo de Europa para combatir la corrupción: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Maltea, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido. En total, de los 21 estados analizados en el 2023, se han cumplido totalmente el 13% de las recomendaciones contra la corrupción en altos cargos, y un 31,6% parcialmente. Con respecto a la corrupción en fuerzas policiales, se han cumplido totalmente un 24,3% y parcialmente un 38,9%.
Recomendaciones sobre conflictos de intereses, actividades secundarias y puertas giratorias
Los autores del informe anual del GRECO señalan que durante 2023 han pedido a varios países —sin señalar cuáles— que adopten nuevos códigos de conducta para los altos cargos o que revisen los existentes para dar "orientaciones claras sobre los conflictos de intereses". También que los marcos reguladores sobre la integridad tienen que aplicarse no solamente a los altos cargos de la Administración, sino también a los ministros, a sus consejeros y a otros cargos políticos que forman parte de los gabinetes de los jefes de Estado. En este sentido, recomendado a muchos países que precisen qué actividades secundarias pueden ejercer los altos cargos y que reglamenten su notificación o la demanda de autorización.
Sobre la movilidad entre los cargos públicos y el sector privado, lo cual se conoce como las 'puertas giratorias', o en el sentido inverso, la recomendación general es elaborar orientaciones generales y establecer un plazo de latencia, que propone que sea de dos años, para limitar los conflictos de intereses. El GRECO ha constatado también que hay "puntos débiles" en las reglas sobre las declaraciones de los cargos de responsabilidad, y ha sugerido que se amplíe la exigencia de estas declaraciones de interés a las parejas y a las personas a cargo, aunque estas informaciones no hayan necesariamente de hacerse públicas.
Renovar el CGPJ
En materia judicial, si bien el informe sobre cumplimiento de recomendaciones contra la corrupción al poder judicial se trabajará en junio, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa insta a España a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que hace cinco años que está en funciones por la falta de consenso entre las fuerzas políticas para renovarlo: actualmente hay mayoría conservadora y el PP se ha negado durante los últimos años a negociar y perderla, dado a cómo han sido las últimas composiciones parlamentarias. Por el contrario, los populares optan para que los jueces se escojan a sí mismos para formar esta cúpula. El GRECO también recomienda esta opción, según ha explicado Marin Mrcela. La izquierda, sin embargo, señala que este método sin intervención del parlamento como órgano de representación de la voluntad popular muestra falta de democracia y, al ser endogámica, perpetuaría la tendencia derechista de los altos cargos judiciales.