Casi cinco años después del atentado de la Rambla y Cambrils en agosto del 2017, España ha dejado sin indemnizar a las dos terceras partes de las víctimas de los diferentes lugares donde se sufrieron los ataques, las dos explosiones de Alcanar, La Rambla, Cambrils y el asesinato de Pau Pérez. Según revela este sábado el diario El Correo, de las 355 de las víctimas que figuran en la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2021 sobre los atentados sólo 130 han obtenido "algún tipo de indemnización o ayuda", lo que representa sólo al 36,6% de las personas que figuran en el fallo han recibido algún tipo de contraprestación o ayuda, aunque en principio todas ellas tenían que haber tenido derecho a ella.
Según los datos del Ministerio del Interior, el motivo por el cual un porcentaje tan bajo de las víctimas ha recibido indemnización se debe al hecho que de estas 355 sólo 216 solicitaron esta indemnización "en el plazo de un año previsto en el artículo 28 de la Ley 29/2011" de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. El ministerio dirigido por Grande-Marlaska acepta reconoce que ha desestimado las solicitudes de 84 víctimas por "diferentes motivos" que constaban en la sentencia, a pesar de eso no se ha impedido que la Administración no les haya concedido esta condición. De todos modos, el Ministerio del Interior no especifica en qué criterios técnicos se han bastado por|para estas denegaciones.
Importe de las indemnizaciones
El importe total de las indemnizaciones reconocidas por el Ministerio de los atentados en agosto de 2017 se cifra en la actualidad en 7.338.798,78 euros. Según el citado diario, las cifras que tiene Interior no se corresponden con la necesidad real de los perjudicados. La principal organización que está al frente de la atención de la mayoría de las víctimas de los ataques, la Unidad de Atención y Valoración de Afectados del Terrorismo (UAVAT), cuenta con unos datos muy diferentes. UAVAT, basándose en sus estudios, considera que el porcentaje de víctimas de los ataques a Catalunya sería mayor de lo que se ha reconocido por la Administración, sus técnicos han localizado al menos a 129 personas heridas en el sumario, que, no obstante, no aparecen en la sentencia, por lo tanto, el número real de damnificados en los ataques se acercaría en medio millar.
El asesor de la UAVAT y víctima del atentado de ETA al Hipercor de Barcelona el año 1987, Robert Manrique, afirma que "lo que ha pasado en estos atentados es una auténtica vergüenza. El Ministerio del Interior no ha hecho casi nada en estos cinco años para tratar de localizar a las víctimas. Se limitaron a abrir una oficina entre el 22 y 29 de agosto de 2017 en algún lugar de Barcelona que no publicitaron y después se desentendieron por completo de hacer un seguimiento de las víctimas y, mucho menos, intentar encontrarlas".
Manrique indica que en estos cinco años el Ministerio del Interior ha puesto de manifiesto que ellos no están para buscar a las víctimas y que son los mismos damnificados que se tienen que poner en contacto, pero critica que "se olvidan por completo de que la propia Ley 29/2011 es la que obliga a la Administración a ser proactiva en la atención, alguna cosa que Interior no está haciendo en absoluto." El dirigente de la UAVAT asegura que "aunque España ha vivido el atentado mayor de Europa con lo 11-M y aunque los ataques de Catalunya, afortunadamente, tuvieron una envergadura menor que los de los trenes, la Administración no ha aprendido nada".