El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves que el Estado español ha presentado una declaración de intervención en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica contra Israel por genocidio al pueblo palestino. Sin embargo, ha evitado indicar si el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez considera que el asesinato indiscriminado de palestinos en la Franja de Gaza es efectivamente un genocidio: ha aseverado que esta decisión la tendrá que tomar precisamente la Corte Internacional, y que España la respetará y velará por su aplicación. "Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza y por la enorme preocupación por la extensión regional del conflicto", ha informado Albares, además de pedir a Israel y a Hamás que "respeten las medidas cautelares de obligado cumplimiento para todas las partes". "Lo hacemos por compromiso con el derecho internacional y para fortalecer así la ONU, dando apoyo al papel del tribunal porque es el máximo órgano judicial del sistema", ha añadido.
Albares ha justificado que España decide presentar esta declaración de intervención con el fin de "dar apoyo en la aplicación de las medidas cautelares, especialmente en la finalización de las operaciones militares en Rafah, en los obstáculos a la ayuda humanitaria y en la destrucción de infraestructuras civiles que se tienen que detener". "Es necesario el cese de los bombardeos, el alto al fuego, la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y el acceso urgente y sin restricciones de ayuda humanitaria a la población civil", ha sentenciado el ministro de Exteriores. Paralelamente, y preguntado por los periodistas en rueda de prensa, el ministro tampoco ha adelantado si el ejecutivo retirará o no la embajadora en Israel. Ha añadido, sin embargo, que las relaciones internacionales se rigen por el principio de "reciprocidad".
Procedimiento por genocidio
El caso es que la demanda que presentó Sudáfrica contra Israel es una acusación de genocidio. Algunos miembros del Gobierno ya se han referido a la guerra en Gaza como un acto genocida por parte de Israel. Se trata de la rama de Sumar del Consejo de Ministros, así como la socialista Margarita Robles, responsable de la cartera de Defensa, y también de la candidata del PSOE a las elecciones europeas y máxima responsable del departamento de Transición Ecológica, la vicepresidenta Teresa Ribera. Este jueves, sin embargo, Albares ha puntualizado que el papel de España en este procedimiento judicial tiene que ser senzillamente "dar apoyo al tribunal en la interpretación de las medidas cautelares que aplica, así como aportando elementos que pueden ayudar a aplicarlas".
Sánchez sitúa España "al lado bono de la historia"
Este mismo jueves, horas después de que Albares anunciara la decisión de España de sumarse al procedimiento internacional contra Israel, ha sido Pedro Sánchez quien se ha pronunciado al respecto en un acto con empresarios. Así, el presidente del gobierno español ha situado España "en el lado bueno de la historia" y ha reivindicado que su ejecutivo se sitúa siempre junto a la paz, sea en favor de los ucranianos o en favor de los palestinos, por mucho que haya insistido a condenar los "ataques terroristas" de Hamás del 7 de octubre. "Es urgente apoyar al tribunal para detener cualquier operación militar", ha añadido.
Reconocimiento del Estado palestino
La semana pasada, el Consejo de Ministros selló el reconocimiento del Estado palestino alineado con las resoluciones de los Consejos de Seguridad de la ONU. Pedro Sánchez informó de que España no reconocerá cambios en las líneas fronterizas de 1967 "que no sean acordadas por las dos partes", en referencia a Palestina e Israel. Eso implica que, para España, Cisjordania y Gaza tienen que estar conectadas por un corredor, y Jerusalén Este tiene que ser la capital de Palestina.
Consulado español en Jerusalén
El pasado viernes, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, amenazó con cerrar el consulado español en Jerusalén si España no acata la orden de no prestar servicio a los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada. "Aplicaremos estrictamente las instrucciones; si hay violaciones, se tomarán medidas hasta el punto de cerrar el Consulado en Jerusalén", afirmó el ministro israelí en una publicación en X. "Cualquier conexión entre el consulado de España en Jerusalén y los ciudadanos de la Autoridad Palestina constituye un riesgo a la seguridad nacional de Israel y estará totalmente prohibida", insistió Katz.