El Estado español no ha conseguido frenar la demanda del expresidente del Parlamento de Catalunya, Josep Costa, contra España al Comité de Derechos Humanos de la ONU por las amenazas que recibió durante su mandato por parte del Tribunal Constitucional en el momento de investir a un nuevo presidente de la Generalitat el año 2018. Las amenazas del TC en los miembros de la Mesa —presidida entonces por Roger Torrent— que denuncia Costa, provocó que no se invistiera a Carles Puigdemont. Las relatoras del organismo de las Naciones Unidas han decidido desestimar la petición de la abogacía del Estado que pretendía tumbar la demanda de Costa sin debatir los argumentos, ahora se analizará la admisibilidad de la causa. Así lo ha comunicado Costa a través de sus redes sociales, donde ha advertido que "España tendrá que contestar mi demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por el secuestro del Parlament". Además, ha advertido que "en este caso no les salvará ninguna amnistía. Sigamos"!
Cruzada contra España
En la denuncia, Josep Costa apuntaba que el Gobierno y el Tribunal Constitucional lo habían amenazado con acciones criminales e incluso de prisión, "con el propósito de cambiar la voluntad de la mayoría del parlamento". En este sentido, señaló que con esta estrategia, España consiguió paralizar la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat durante mucho tiempo, una vez impuesto el artículo 155. En la demanda, Costa culpaba directamente al Estado español "España es culpable de haber violado sus obligaciones hacia los tratados internacionales por haber impuesto restricciones desproporcionadas e injustificadas sobre el ejercicio del derecho político protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Convenio Internacional por los Derechos Civiles y Políticos".
Costa no ha denunciado esta causa solo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sino también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El pasado mes de agosto, este organismo admitió a trámite una demanda de Costa por la causa por presunta desobediencia contra los miembros independentistas de la Mesa, de la cual quedaron absueltos. La demanda sostiene que durante 2019 Costa se vio "sometido a una persistente coacción por parte del Gobierno y del Tribunal Constitucional (TC), que pretendían imponer la prohibición de cualquier debate parlamentario" sobre la monarquía y la autodeterminación de Catalunya, según adelantó Vilaweb. El tribunal comunicó la admisión de la demanda en España, que tendrá que contestar al TEDH preguntas sobre los hechos que Costa denuncia y sus derechos fundamentales. El escrito ve ilegal la causa contra los exmiembros de la Mesa y cree que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al admitir la querella de Fiscalía que la inició "omite absolutamente cualquier referencia a la inviolabilidad parlamentaria", que a criterio de Costa impedían admitir la querella por ser aforado del Parlament.