La mayor parte de la delegación española que forma parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha pedido la palabra para intervenir este tarde en el debate del informe sobre los presos políticos independentistas. En total, han solicitado turno de intervención 9 de los 12 diputados y senadores de la delegación española.
El informe, bajo el título ¿Deberían ser perseguidos los políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?, analiza los casos de España y Turquía. En el caso español, aborda el juicio y condena de los líderes independentistas a raíz del 1-O y la persecución de los exiliados así como de funcionarios de segundo rango; con respecto a Turquía, analiza la situación de los políticos de la minoría kurda. Este paralelismo ha sido uno de los elementos que más escuece a la delegación española.
47 intervenciones
Según el dosier del Consejo, hay registradas 47 peticiones de intervención, aparte de los ponentes del informe.
Entre los turnos de palabra de la delegación española figura la senadora republicana Laura Castel. El resto son el presidente de la delegación, Antonio Gutiérrez (PP), y los también populares María Valentina Martínez y Pablo Hispán; los socialistas Sergio Guitérrez, Marc Laumà y María Fernandez; Nerea Ahedo del PNV e Iván Espinosa de los Monteros, de Vox.
Con respecto a Turquía, han pedido intervenir cinco parlamentarios. Frente a estos también han pedido la palabra tres parlamentarios armenios, así como dos representantes de Azerbaiyán.
Boriss Cilevis
El Consejo de Europa está integrado por 47 estados y la Asamblea Parlamentaria la integran delegaciones de diputados y senadores de cada uno de estos países.
El debate de esta tarde se abrirá con la intervención del ponente del informe, el socialista letón Boriss Cilevics, que ha acompañado su resolución de un contundente informe en relación a los presos políticos catalanes. Cilevics, que ha visitado en Lledoners a los presos políticos independentistas, ha sido objeto fuertes críticas por parte de diputados españoles a raíz de las conclusiones de su informe.
El diputado socialista letón Boriss Cilevics en las puertas de la prisión de Lledoners / ACN
Después del debate se hará la votación de las enmiendas presentadas al texto, con las cuales la delegación española pretende rebajar las denuncias recogidas en el informe que se aprobó el 3 de junio en la comisión de Asuntos Políticos y Derechos Humanos del Consejo de Europa.
La resolución reclama la puesta en libertad de los presos políticos y el fin de la persecución de los exiliados, además de instar a detener los múltiples procesos judiciales contra funcionarios de rango inferior implicados en el procés. Asimismo, reclama la reforma del delito de sedición y establecer una negociación para abordar el conflicto catalán.
Tres asociaciones de jueces españoles hicieron público el viernes pasado una nota conjunta en que reclaman al Gobierno que active los mecanismos diplomáticos necesarios para impedir que la resolución se apruebe en los términos en que está actualmente redactada.
En la imagen principal, la fachada del Consejo de Europa / ACN