La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha quedado exonerada de la investigación sobre la caja B del PP madrileño, como también su sucesor Ignacio González. Así lo ha decidido este viernes el juez de la Audiencia nacional encargado del llamado caso Púnica, Manuel García Castellón, que sí que ha propuesto juzgar al exconsejero Francisco Granados. Es así como el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido exculpar a Aguirre y González del procedimiento. De la misma manera, hace más de un año también se archivó la causa contra Cristina Cifuentes.
Anticorrupción había pedido exculpar Aguirre por no apreciar indicios de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama Púnica, ya que consideraba que el hecho de que tuviera "el control absoluto" del PP regional es "insuficiente" para procesarla. Por otra parte, el fiscal había visto indicios de que González habría cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas del 2007... pero concluyó que este delito estaría prescrito. Así pues, García Castellón ha archivado la causa para ambos y para 71 personas más.
Francisco Granados, a punto de juicio
Por el contrario, el juez sí que ha visto indicios para hacer sentarse en el banquillo tanto a quien fue secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, como al exgerente Beltrán Gutiérrez y a otras seis personas por la presunta financiación irregular en las elecciones autonómicas del 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos. El auto de procesamiento empuja esta pieza separada número 9 de Púnica a la fase intermedia, la antesala del juicio. La pieza es la más destacada de una macrocausa que empezó el año 2014 y que ahora componen una docena de líneas de investigación.
El caso Púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Fue el 27 de octubre del 2014 cuando fueron detenidos 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar, supuestamente, implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años. Supuestamente, como contrapartida, se cobraban comisiones ilegales que después eran blanqueadas mediante un entramado societario. Granados fue uno de los principales implicados, mientras que Aguirre fue implicada por parte de un exalcalde del PP: Arturo González Panero (de Boadilla del Monte), que declaró que la expresidenta del PP regional le pidió en diversas ocasiones "de forma directa o indirecta" que adjudicara contratos a empresas que financiaban la formación. Sin embargo, el juez y Anticorrupción han considerado que no hay suficientes indicios para procesarla.