El ministerio de Exteriores, liderado por Josep Borrell, ha espiado durante meses las delegaciones del Govern en el exterior, concretamente, las sedes de Londres, Ginebra y Berlín. Según ha adelantado TV3, se encargó a las embajadas españolas del Reino Unido, Suiza y Alemania que siguieran de cerca e hicieran informes sobre las acciones de las delegaciones y del conseller de Exteriors, Alfred Bosch, para dar proyección al procés.

A partir de sus informaciones, el ministerio de Exteriores ha elaborado un informe que ha aportado el abogado del Estado como prueba delante del TSJC pidiendo que este suspenda la actividad de las sedes. En el documento, se recoge información de reuniones, actos e, incluso, llamadas.

Parte de las informaciones que figuran en la documentación son mensajes confidenciales entre el la Generalitat y sus delegaciones. Preguntado por ElDiario.es sobre cómo el ministerio pudo acceder a estas comunicaciones privadas de las que no se cuenta el origen, el ente liderado por Borrell se ha limitado a decir que se trata de "información reservada", sin querer hacer más valoraciones.

Los datos recogidos desde la embajada Suiza aseguran que el delegado del Govern en el país, Manuel Manonelles, "se extralimita" e "invade competencias". También reprochan que "nunca se ha puesto en contacto" con la embajada española y hacen referencia a supuestas "órdenes" del vicepresidente encarcelado, Oriol Junqueras, para trabajar contactos con la Iglesia a favor del procés. En este caso, se llega a pedir que se envíe un consejero del CNI a Ginebra para reforzar los servicios de información.

Los informes de Londres, delegación liderada por Sergi Marcén, analizan actos organizados por la delegación, valorando la cantidad de asistentes y sus vínculos con el ente catalán. En el caso de la delegación de Berlín, se espiaba a la actual delegada, Marie Kapretz, y sus muestras de apoyo al independentismo incluso antes de que fuera nombrada.

Sobre Marcén, se han seguido reuniones, contractos, conversaciones y actos. Por ejemplo, el informe detalla el primer encuentro con un miembro de la oficina del primer ministro de Gales. En la misma línea, se informa sobre la actividad en las redes del delegado de Londres: "Retuiteo de mensajes en favor de Gibraltar, criticando las palabras del Ministro sobre el genocidio indígena y continuación de la campaña general de descrédito a España (llegando a extremos próximos al ridículo, como insinuar que una avería de la compañía de comunicaciones O2 se debe a que pertenece a la española Telefónica)".

Manuel Manonelles es otro de los protagonistas del documento, el cual concluye que el delegado "trabaja en contra de los intereses generales del Estado". Los informes también analizan la situación legal de Manonelles, asegurando que no es nada clara: "Podría considerarse que la parte más débil del entramado de la estructura del sr. Manonelles como residente en Suiza es esta, porque recibe un sueldo de la Generalitat, pero su permiso de residencia le obligaría a ser residente fiscal en Suiza y afiliarse a la Seguridad Social local. Las dos cosas pueden poner la legalidad de su residencia en entredicho​".

La reacción del Ministerio de Exteriores

El ministerio de Exteriores español evita hacer comentarios sobre el supuesto espionaje a los delegados del Govern en el exterior pero admite que es parte de su función "vigilar de cerca cualquier actividad que pretenda perjudicar la imagen de España en el exterior y, en particular, todas las que su objetivo sea el proyecto independentista del gobierno de Catalunya".

Fuentes del ministerio capitaneado por Josep Borrell aseguran que no harán comentarios "sobre procesos judiciales en marcha" ni tampoco sobre "informaciones relacionadas con documentación reservada" de las embajadas "que nunca se tendrían que haber filtrado".

"Es función de este ministerio detectar el uso indebido de fondo y recursos públicos para perjudicar la imagen de España e intentar consumar el proyecto separatista", afirman desde el ministerio.

Además, añaden que corresponde al Gobierno "evitar cueste lo que cueste" que se gaste dinero público bajo "pretextos falsos, como en el caso de algunas delegaciones del Govern de Catalunya."