Los servicios de inteligencia de Bélgica y España congelaron relaciones durante dos semanas en abril del 2018 a raíz del escándalo de las balizas bajo el coche del presidente en el exilio Carles Puigdemont, según se desprende del informe del comité R del parlamento belga, encargado de controlar la actividad de los servicios secretos, y del cual ha tenido conocimiento la ACN a través de fuentes próximas.

En una reunión el 28 de marzo, un mes y medio después de la localización de las balizas, los servicios belgas avisaron a su enlace español de que hacer operaciones en su país sin autorización podía perjudicar gravemente" sus relaciones. A mediados de abril, después de un correo electrónico, se congelaron las relaciones, que no se normalizaron hasta finales de mes, el 26 y 27 de abril, en el marco de una reunión internacional. El Estado, según han indicado fuentes próximas al informe, nunca ha admitido a Bélgica ser el responsable de la colocación de las balizas.

De hecho, al ser preguntados sobre los resultados de las investigaciones de las balizas, los españoles no admitieron ninguna implicación de sus servicios secretos, a pesar de las sospechas del servicio de seguridad belga, el VSSE, según ha podido saber la ACN. Las fuentes conocedoras del contenido del informe del comité R apuntan que los servicios de inteligencia españoles advertían que no valía la pena estropear las relaciones por "eventuales actividades" que no reconocen. También se sugería como respuesta oficial a las diversas preguntas parlamentarias sobre el tema dejar claro que no había habido operaciones extranjeras en suelo belga.

Como ya publicaron varios medios flamencos, el parlamento belga reprochó a sus fuerzas de inteligencia que no hicieran un control más exhaustivo de las actividades españolas en su país. De hecho, una vez se descubrió el caso de las balizas, justificaron no haber hecho este control de las actividades españolas contra Puigdemont porque no se trataba de operaciones contra Bélgica -a pesar de que la ley, desde el 2016, les da las competencias para hacerlo.

Según se desprende del informe, y han comentado fuentes próximas al texto a la ACN, el espionaje contra Puigdemont cogió por sorpresa a los servicios belgas, que no tenían ninguna petición de colaboración de sus homólogos españoles para actuar en su territorio en esta línea. Más que de actividades de espías, se podría tratar de tareas de policías o personal desatado de la estructura oficial, según otras fuentes.

De hecho, hasta entonces, según admitían en el informe, los servicios españoles y belgas habían colaborado sin problemas. A finales de octubre del 2017, por ejemplo, España pidió a los servicios belgas del VSSE información sobre la localización de Puigdemont, y la obtuvo. Los servicios belgas también respondieron a una petición de la Guardia Civil sobre si el líder de JxCat había cogido o no un avión destino en Copenhague a finales de enero.

Por eso en Bélgica creció el malestar al descubrirse las balizas. Los servicios de seguridad belgas se reunieron para tratar la cuestión inmediatamente después de la denuncia de Carles Puigdemont, y también hubo encuentros entre la fiscalía belga, la de Brabante-Valón (la zona donde reside el presidente en el exilio) y los servicios secretos.

Reproches entre belgas y españoles

Después de estos primeros contactos internos, y de otros con españoles durante la semana del 19 de marzo, españoles y belgas se reunieron el 28 de aquel mismo mes, pocos días después de la detención de Puigdemont en Alemania, y el responsable de relaciones internacionales del VSSE advirtió al enlace español que operar en su país sin permiso podía perjudicar gravemente las relaciones bilaterales.

La embajada belga en Madrid envió a mediados de abril un correo electrónico a las principales autoridades de su país, diciendo que, a ojos españoles, la presencia de Puigdemont en Bélgica era una "excepción dentro de la excelente colaboración bilateral". La comunicación explicaba qué provocaba una situación incómoda.

Como consecuencia de este correo, y después de lo que se percibió como "graves críticas" contra los servicios de seguridad del estado belga, el VSSE decidió congelar temporalmente la colaboración con los servicios secretos españoles. Justo después, el organismo expresó su malestar durante un encuentro internacional con otros servicios de inteligencia, donde también participaban belgas y españoles.

El CNI siempre negó a Bélgica ser el responsable de la operación, según explican fuentes conocedoras del informe del comité R a la ACN. Después de una nueva reunión el 26 y 27 de abril en el marco de un encuentro internacional, que se podría tratar de la cumbre de la OTAN que se celebró en aquellas fechas en Bruselas, las relaciones se reanudaron.

España alega "secretos oficiales"

Las investigaciones belgas apuntan a un espionaje español, pero los diversos elementos descubiertos abren la puerta a que no se trate, de hecho, de una operación oficial, según fuentes consultadas. Desde la policía consideran demostrado que las balizas, "de material de alta calidad", fueron colocadas por "profesionales entrenados" pero dicen que podrían haber trabajado, al mismo tiempo, con otros socios "amateurs".

El Estado español nunca ha admitido oficialmente la participación en el espionaje a Puigdemont. Pero en varias preguntas parlamentarias presentadas por el senador de Bildu Jon Iñarritu, tampoco lo ha negado explícitamente. En este sentido, el Gobierno se escuda en que "todas las actividades de investigación policial especializada que requieren el uso de medios tecnológicos adelantados" están amparadas por la ley "de secretos oficiales".

El Gobierno también indica, con respecto a preguntas sobre colaboración con Bélgica en las investigaciones, que "cumple con sus compromisos internacionales y comunitarios en materia de cooperación policial".

Pero en una de las respuestas, hay un comentario donde el ejecutivo socialista se distancia del anterior, liderado por el PP: "El gobierno actual no asume las actuaciones del gobierno anterior", dice, al responder a preguntas sobre la eventual participación de "funcionarios españoles" en la colocación de los dispositivos de espionaje.