En la era de las 'fake news' —noticias falsas, bulos— y de las posibilidades de fabulación infinitas que permite la IA, con intencionalidad política detrás o no, sumado a las prácticas busca-clics de dudosa ética profesional a las que a menudo empuja la precariedad rampante en el sector de los medios de comunicación para subsistir, la regulación para garantizar el derecho a la información veraz se ha convertido en una prioridad de la Unión Europea. En esta batalla contra la desinformación, nace la nueva ley europea de medios, aprobada en diciembre del año pasado y entrada en vigor este mayo. La norma establece un marco común regulador europeo, con el que se quiere garantizar, apunta explícitamente el texto, la libertad, el pluralismo y la independencia editorial de los medios, así como el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y libre.

En esta ley se basa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la nueva normativa que quiere impulsar en el marco de la "regeneración democrática" que prometió. Una iniciativa que señala directamente a los medios de comunicación digitales de la órbita madrileña y alineados con la derecha que han proliferado durante los últimos años y que acostumbran a cargar con dureza editorialmente contra Sánchez, el PSOE y la izquierda. Una ofensiva político-mediática que el líder socialista bautizó como "máquina del fango" para embarrar el debate público, después de que un juez se basara en recortes de publicaciones de estos medios para sustentar la investigación por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, abierta a raíz de una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Transparencia: propietarios de los medios, financiación y audiencias

En concreto, se trata de la norma europea 2022/0277/COD, una regulación europea que entró en vigor el 7 de mayo de 2024 y que los Estados miembros tienen que aplicar a más tardar en agosto de 2025. Más allá de la ya reconocida protección de la libertad de prensa o la protección de fuentes, la norma hace hincapié en que se tiene que aumentar la transparencia con respecto a la propiedad de los medios de comunicación, es decir, quién hay detrás de un medio, para que la ciudadanía pueda tener pinceladas de qué intereses pueda tener. En este sentido, los medios deberán publicar en una base de datos estatal fácilmente consultable la identidad de sus propietarios.

Por otra parte, se establece una mayor transparencia en materia de publicidad institucional y subvenciones, una de las principales fuentes de financiación de muchos medios, dinero proveniente de las administraciones públicas. Así pues, los medios tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o de subvenciones, y las administraciones, que tienen que asignar estos recursos con criterios de proporcionalidad y no discriminación, tendrán que informar con transparencia sobre estos gastos otorgados cada año a cada medio. La normativa europea también insta a que los Estados evalúen la concentración mediática en pocas manos, para garantizar el pluralismo y la independencia editorial ante las grandes oligarquías mediáticas que tienen tanto poder de influencia sobre la opinión pública.

 

La propuesta de Sánchez

Basándose en esta regulación-marco de la Unión Europea, la propuesta que Pedro Sánchez ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados incluye, en suma, una mayor transparencia para que la ciudadanía conozca la financiación, el nombre de los propietarios y accionistas y las cifras de audiencia reales de todos los medios de comunicación. El ejecutivo socialista también propone limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que, apunta, no haya ninguno que tenga más financiación pública que lectores. Asimismo, Sánchez ha hablado de medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los periodistas para evitar presiones políticas y empresariales o económicas sobre los profesionales de la información; así como mecanismos para asegurar la competencia y evitar la concentración mediática en pocas manos. Finalmente, reforzar el derecho al honor y a la rectificación de la ciudadanía y reformar el renombre 'ley mordaza' con respecto a la libertad de expresión.