Los cinco agentes de la policía española procesados por las graves lesiones causadas a Roger Español, que ha perdido el ojo derecho por el impacto de una bala de goma policial el 1-O de 2017, no cometieron ningún delito. Así lo afirma el abogado del Estado en un recurso presentado en la Audiencia de Barcelona para que el titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona que los procesó, vuelva a hacer una resolución en que incluya un relato exculpatorio. Las entidades Irídia, Òmnium y la ANC, que ejercen de acusación particular y popular, consiguieron el procesamiento de los agentes: el inspector que dio la orden de disparar pelotas de goma, dos subinspectores y el escopeter que hirió Español, además de un oficial, acusado de pegar a votantes de la escuela Ramon Llull de Barcelona. Las acusaciones se oponen a la reclamación del abogado del Estado, que representa a uno de los subinspectores, y ya preparan los escritos de acusación. Ahora la Audiencia de Barcelona tiene que resolver si acepta esta nueva petición, hecho que puede retrasar el inicio del juicio, que ha recaído en la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona.
Paralelamente a la causa de Español, hay unos 45 agentes de la policía española procesados por los delitos de lesiones y contra la integridad moral de votantes del 1-O en una decena de escuelas en Barcelona. Las acusaciones de Òmnium, Irídia y la ANC pidieron que se ampliara las imputaciones a una treintena de agentes más. Los procesos penales contra los policías llegan a su recta final, con el actual debate abierto de sí una ley de amnistía tendría que incluir a agentes investigados por comportamientos irregulares contra personas, especialmente en el 1-O.
Agentes en "peligrosidad extrema"
El abogado del Estado, en el recurso que ha tenido acceso ElNacional.cat, afirma que el 1 de octubre de 2017 los agentes de la policía española vivieron situaciones de "peligrosidad extrema y violencia extrema" por parte de ciudadanos que estaban en las calles y en los centros de votación del Referéndum. Y, acusa los vecinos de "una desobediencia prolongada" a los agentes de la autoridad por no haberlos desobedecido y no haberlos dejado pasar al interior de las escuelas para coger las urnas y las papeletas, tal como había ordenado una magistrada del TSJC; aunque sin romper la "convivencia", orden incumplida por la mayoria de las fuerzas de seguridad.
Además, el abogado del Estado sostiene que los policías hicieron un "uso progresivo" de los medios coercitivos: primero, órdenes con megafonía; coger a los manifestantes que estaban en el suelo, y finalmente uso de las porras. En el caso de Roger Español, sostiene que el inspector dio la orden de usar las pelotas de goma porque los agentes estaban en la calle Sardenya "embolsados", y "se les tiraba vallas metálicas peligrosas".
En el recurso, el abogado del Estado afirma que el magistrado de Barcelona que procesó a los agentes, este verano, no ha motivado la resolución, hecho que "causa indefensión a los agentes". Y pide a la Audiencia de Barcelona que le haga hacer un nuevo redactado, y que incluya, que los agentes usaron de forma progresiva los elementos contra los manifestantes, al estar en peligro su seguridad. Es decir, para el Estado las actuaciones de los agentes no son delictivas; y si hay alguna, podrían obtener la eximente completa de responsabilidad por cumplir órdenes.
Alternativamente, el abogado del Estado pide que se desvincule el subinspector que representa de la responsabilidad de ordenar el lanzamiento de pelotas de goma. Sostiene que no hay ningún delito en el Código penal que lo castigue, y que es un procedimiento en cadena y que no se le puede hacer responsable. Las acusaciones particular y popular discrepan totalmente.