En el marco de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que tendrá lugar este martes 17 de enero en el Senado se adquirirá el compromiso entre autonomías y Estado para la creación de un nuevo sistema de financiación autonómica, según ha informado el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. El objetivo es que a partir de entonces se emprenda un proceso que dará comienzo con la creación –en el plazo de un mes– de un grupo de expertos, que cuente con representantes de ambas administraciones, y donde estará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

"La financiación territorial es la clave de bóveda en el Estado y la queremos abordar desde un doble vertiente: autonómica y local" ha explicado De Moya, tras la última reunión preparatoria de dicho encuentro, que ha tenido lugar en el ministerio de Administraciones Territoriales este miércoles, con los consejeros de presidencia de las 15 comunidades. El cónclave ha estado presidido por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que pilota desde la constitución del ejecutivo de Mariano Rajoy toda relación con los entes autonómicos.

La reunión, sin embargo, no ha contado con Neus Munté y su homólogo vasco, Josu Erkoreka, ya que tanto la Generalitat como la lehendakaritza avisaron de que no asistirán a la conferencia, en el primer caso porque se cree que no aportarán solución a las demandas soberanistas. Ahora bien, el número dos de Santamaría y secretario de Estado, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado de que nadie de los presentes ha preguntado por su ausencia, y fuentes de vicepresidencia consideran que es cosa suya si no quieren estar, pero valoran la voluntad de acuerdo y la "cordialidad" del resto.

Así las cosas, el proceso se prevé de larga duración en el tiempo, aunque no estará influido por el aprobación de los presupuestos generales del Estado. La primera piedra empezará con extracción de conclusiones –por parte del grupo de expertos– de un estudio técnico sobre el modelo que pactó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con las autonomías el año 2009. Este informe no habría visto todavía la luz como consecuencia de los meses de interinato. Los resultados se elevarán al Consejo de Política Fiscal, y el texto final será remitido a las Cortes para su aprobación como ley orgánica.

Una de las dudas que emerge es cómo la Dependencia se incluirá en la nueva ley. Al respecto, Fernández de Moya ha indicado que se prevé la hipótesis de que este paquete sea financiado conjuntamente entre aportaciones de las autonomías y el Estado. En ese sentido, el titular ministerial ha pedido de momento "dejar trabajar" a los responsables del proyecto, aunque ha remarcado que el modelo no será una reforma de proyectos pasados, sino uno nuevo. A su parecer, el nivel de acuerdo sería "muy elevado" entre ambas administraciones, y también se espera así con los entes locales.

10 acuerdos: cerrados y pendientes

Entre los cinco temas que se han agendado este miércoles está la creación de un pacto social y político para la educación (1); la constitución de una comisión sobre protección civil (2); el impulso de la tarjeta social para conocer "qué prestaciones recibe cada ciudadano y si son justas" (3) –según Bermúdez de Castro-; la participación de las comunidades en los ámbitos de decisión relativos a la Unión Europea (4); la constitución de un comité que se encargue velar por el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue en la conferencia de presidentes. "Quién cumple y quién no cumple y qué" ha añadido el secretario.

Sobre los temas por los cuales todavía no hay acuerdo, pero se espera que se alcance en las próximas horas, se encuentran una estrategia nacional por el reto demográfico; la aplicación de la ley de movilidad de mercado; una ley interadministrativa con la tasa de reposición de empleados públicos; el suministro eléctrico y el bono social; o la financiación local.

Precisamente, la reunión del martes empezará con una intervención de Rajoy sobre la UE, así como la participación del rey Felipe VI, y más tarde se desarrollará en dos partes: por la mañana el debate, y por la tarde la votación. Puigdemont y Urkullu siguen invitados al acto, y con el revés de la financiación, el Estado presiona ahora a la Generalitat a personarse y exponer sus demandas.