El Ministerio de Justicia ha hecho un comunicado donde puntualiza que si, finalmente, se persona en la demanda presentada por Carles Puigdemont y cuatro consellers exiliados contra el juez Pablo Llarena en Bélgica lo hará sólo para defender la justicia española pero no "actos privados" del juez.
La demanda civil presentada ante un juzgado de Bruselas incluye referencias a expresiones o manifestaciones hechas por el juez (por ejemplo, en una convención en Oviedo donde dijo que no eran presos políticos) y el ministerio deja claro que si contratan un bufete en Bélgica no será para defender "a un particular" por unas afirmaciones "de carácter privado ajenas a su función" sino "la soberanía y la inmunidad jurisdiccional" de los tribunales españoles.
El Ministerio de Justicia avanza que dará el paso y se personará a la demanda si, cuando el tribunal belga lo admita a trámite, se hace cualquier mención a los "hechos o datos" de la causa penal abierta contra ellos en España.
El Ministerio de Justicia continúa todavía estudiando si contrata un bufete privado para personarse en la demanda presentada en Bélgica contra Llarena por parte de Puigdemont y cuatro consellers. Llarena está citado el próximo 4 de septiembre para comparecer ante el tribunal de Bruselas y, si se contrata el bufete, se podrían personar en nombre del juez (ya que es una demanda civil).
La ley no prevé que la Abogacía del Estado se persone en procedimientos abiertos a juzgados de otros países (sí lo puede hacer en tribunales internacionales) y, por eso, habría que contratar un bufete en Bélgica si finalmente da el paso y se persona en la demanda contra Llarena.
Justicia reconoce que esta personación es necesaria como paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuera necesario, delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya.
Ahora bien, ha dejado claro en un comunicado que en ningún caso se trata de defender "actos privados" de un juez por sus manifestaciones sino la justicia española si en la demanda se cuestiona la actuación de Llarena como instructor de la causa contra el proceso.
"Si la jurisdicción española se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita esta demanda, el gobierno español actuará de manera proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción", recoge un comunicado.