El Estado ha llevado al juzgado seis ayuntamientos gerundenses por haber aprobado una moción de apoyo a la resolución del Parlament que reprobaba la posición del rey Felipe VI, "su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre del 2017".
El documento también afianzaba el "compromiso" con los valores republicanos y apostaba por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".
La Administración del Estado ha interpuesto un contencioso administrativo contra los acuerdos aprobados por los consistorios de Bolvir (Cerdanya), Sant Julià de Ramis (Gironès), Riudellots de la Selva (Selva), Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Maià de Montcal (Garrotxa) y Pont de Molins (Alt Empordà). El juzgado ha admitido a trámite el contencioso y da veinte días a los ayuntamientos demandados para enviar el expediente administrativo.
El alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, ha asegurado a través de las redes sociales que no les harán "callar" y "tampoco olvidar".
Nos acaban de comunicar que la administración general del estado ha puesto un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de #StJuliaDeRamis para aprobar en pleno la moción de apoyo a la resolución 92/XXII del Parlamento de Catalunya #ErcStJulia pic.twitter.com/eGD2FgFVw6
— Marc Puigtió ���� (@MarcPuigtio) 14 de marzo de 2019
La Associació de Municipis per la Independència (AMI) acordó el octubre pasado convertir la resolución del Parlament en una moción para que los plenos de los ayuntamientos también se sumaran a esta petición.