El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, ha acusado hoy al Gobierno central de actuar "con deslealtad", porque "envía a los refugiados a Catalunya sin avisar ni a la Generalitat ni a los ayuntamientos" y ha considerado que "es estúpido no informarlos" porque "no son maneras de trabajar" y "somos nosotros los que ponemos los recursos".

Así lo ha dicho en RAC1, donde se ha lamentado de que "hay una ciudad con la cual se llegó a un acuerdo de acoger a 80 personas refugiadas y el alcalde no sabía nada. Nosotros tampoco. El Estado autorizó directamente a las entidades para llevar a los refugiados. No son maneras de trabajar".

El Gobierno central sabe perfectamente que la Generalitat dispone de 1.200 plazas -ha añadido. No lo pongamos en su sistema informático porque queremos que nos informen lealmente cuando envíen a alguien. En el sistema sólo constan 301 plazas".

45 municipios quieren acoger

El secretario de Migraciones ha adelantado que "ahora mismo hay 23 municipios que ya pueden acoger. En pocas semanas serán 27. En total tenemos 45 municipios que quieren acoger". Amorós ha puntualizado que "dependiendo de la evolución del mercado de trabajo podemos acoger más o menos gente. La propuesta de que hemos hecho es de 1.800 personas en 2016 y 4.200 en 2017".

"Catalunya tiene capacidad para recibir a 4.500 personas en 2017. A nivel demográfico no se notaría, pero a nivel de acogida sí sería un esfuerzo", ha reconocido.

Sobre las acogidas, Amorós ha asegurado que "esta noche tendríamos lugar para 1.200 personas para dormir. Y sólo tenemos, en números redondos, 500. Es verdad que no todas las 1.200 plazas son aptas para personas que acaben de llegar, pero Catalunya podría tener ahora mismo 700 personas más".

Repartir por territorio

Amorós ha explicado que la política de la Generalitat es "ir repartiendo a los refugiados por el territorio, porque si en un municipio llegan 2 o 3 familias se puede conseguir su integración de una manera mucho más vivida y aceptable." "A los refugiados se les buscará trabajo porque el objetivo es la plena autonomía. Los menores, por descontado, irán a la escuela del sistema público. Escuelas públicas o concertadas", ha aclarado Amorós.

Según el secretario de Migraciones, "los refugiados tendrán los mismos deberes que nosotros y algunos derechos menos: no tendrán derecho a las pensiones no contributivas si no llevan 5 años de residencia al país, además, después de los 18 meses aquí las ayudas sociales a las cuales pueden acceder son muy pequeñas".

Los refugiados pasan tres controles de seguridad y esta es una de las causas de la lentitud que alega el Gobierno español -ha añadido. Grecia hace un primer control de seguridad, España el segundo y los organismos internacionales hacen el tercer control".

Rajoy "mira hacia otro lado"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se ha pronunciado en este sentido y ha lamentado que el gobierno haya vuelto a denegar la posibilidad de que las ciudades puedan acoger solicitantes de asilo. Lo ha hecho, según comunica el Ayuntamiento de Barcelona, en una responsta remitida hoy y firmada por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro Mur.

Colau ha denunciado que Mariano Rajoy "mira hacia otro lado" ante la crisis humanitaria de los refugiados, y que en lugar de escuchar "el clamor multitudinario de la ciudadanía, vuelve a decirnos que esta no es nuestra competencia" . La alcaldesa ha recordado que esta es la segunda negativa que recibe Barcelona del gobierno del Estado. La primera vez fue en abril de 2016, cuando la ciudad propuso realojar 100 refugiados que se encontraban en Atenas.