Sentencia firme. El Estado español no ha presentado recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), difundida el junio pasado, en la cual lo condena por no haber vulnerado el derecho a la intimidad de al menos 20 de los 33 jueces y magistrados catalanes que se pronunciaron a favor del derecho a decidir, en el 2014, y su foto del DNI se publicó en el diario La Razón bajo el título La conspiración de los 33 jueces soberanistas. De la treintena de signatarios, unos 20 jueces llevaron su caso al tribunal con sede en Estrasburgo, ya que eran los que se evidenciaba que su imagen se había extraído de la base de datos policiales. El TEDH afirma que el Estado español había vulnerado la protección al derecho a la intimidad de los jueces, pero no el de su libertad de expresión. Además de ser una sentencia firme, ahora la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, que encabeza Pilar Llop, ya ha pedido la cuenta corriente de los jueces para indemnizarlos, según han confirmado algunos de los afectados a ElNacional.cat este lunes. En concreto, el TEDH condena al Estado español a indemnizar en cada a uno de los veinte demandantes con 4.200 euros en concepto de daños morales y 3.993 por gastos y costas. El Gobierno del PSOE asume así una negligente gestión del gobierno del PP.
De la sentencia, el abogado de los jueces demandantes, Andreu Van den Eynde, destacó que es importante porque el tribunal europeo riñe al Estado español por haber permitido que se hagan informes policiales de personas sin que hayan cometido ningún delito y que no se investigue lo suficiente la autoría. Uno de los jueces afectados de esta investigación fue el magistrado Xavier Gonzàlez de Rivera, titular del juzgado de lo Social 3 de Barcelona y portavoz de la asociación de jueces Ágora Judicial. De Rivera explicó que los compañeros se sentían contentos de la resolución del TEDH, ya que no se sintieron protegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que además los investigó por haber suscrito este manifiesto mesurado y jurídica. Se les reprobó que dijeran que Catalunya es una nación en su manifiesto y en el cual se afirmaba que en el ordenamiento jurídico español tiene cabida un referéndum de autodeterminación. Era un posicionamiento jurídico ante el debate político antes de la consulta no vinculante del 9-N de 2014, convocada por el gobierno de Artur Mas, condenado por desobediencia.
Las prácticas de la policía patriótica
La sentencia del TEDH llegaba pocos días después que se revelara uno de los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, donde confesaba que la policía patriótica del gobierno del PP había investigado a los jueces firmantes, había realizado informes de quien eran y había entregado sus imágenes como si fueran convictos. Para Gonzàlez de Rivera, la sentencia no solo era contra la policía, sino también "un toque de atención" al Ministerio del Interior, ya que no puede actuar "impunemente".
Las investigaciones contra el independentismo catalán, sin embargo, han seguido vivas desde el 2017 hasta la actualidad en Madrid, como se han evidenciado en las causas secretas que tenía el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que mantiene en secreto la pieza de Tsunami Democràtic. O el mismo CNI que ha admitido que espió Pere Aragonès, cuándo era vicepresidente del gobierno en el 2020.