El Gobierno español no habría hecho todo lo que estaba en sus manos para resolver el caos del aeropuerto del Prat del pasado mes de mayo por la falta de policía en los controles. A raíz de un cambio en las normativas europeas, el volumen de trabajo de los controles de pasaportes se disparó, pero no había suficientes agentes para cubrirlo, cosa que provocó largas colas de hasta tres horas.
Desde el Estado se podría haber notificado a la Unión Europea una "excepción de las nuevas normas" para aplazar su aplicación cuando se dispusiera de recursos suficientes. Sin embargo, el Gobierno español no recurrió en ningún momento a esta opción, cosa que sí que hicieron doce países europeos.
Así lo explica la Comisión Europea en una respuesta al eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa. "La Comisión está dispuesta a ayudar a los Estados miembros que se enfrentan a dificultades relacionadas con la aplicación de las nuevas normas", aseguran, y concretan que disponen del Fondo de Seguridad Interior para dar "ayuda financiera".
En cuanto a los países que no piden ayuda, la Comisión entiende que "consideran razonable un tiempo de espera más alto" sin llegar a ser "desproporcionado", cosa que justificaría la excepción.
Paralelamente, se lleva a cabo un seguimiento para comprobar que "se están garantizando los recursos adecuados para los controles de las fronteras". El evaluación se conocerá como máximo el 8 de abril de 2019.