El estado español pedirá hoy formalmente en la ONU que inhabilite dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que esta semana condenaron la detención de los políticos catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart porque la considera arbitraria.
El embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, ha anunciado esta petición, que afecta al mexicano José Guevara y el surcoreano Seong-Phil Hong, los dos miembros del grupo de trabajo, y que sólo concierne al caso específico de los líderes independentistas.
El diplomático ha argumentado que "hay un conflicto de intereses" entre estos expertos y el abogado británico Ben Emmerson, defensor de los tres políticos catalanes, que formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los cuales trabajó con los dos en al menos dos causas.
"Pediremos la inhibición de alguno de los miembros del grupo porque hay constancia que existe una relación directa entre dos de sus miembros con el abogado británico", ha señalado el diplomático. Emmerson fue relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en la lucha antiterrorista entre el 2011 y el 2017, y "en dos casos concretos colaboró con el surcoreano y el mexicano en al menos dos causas más que tengamos constancia, una relativa a Egipto y otra en Guantánamo", ha explicado González-Aller.
El grupo de trabajo calificó esta semana de "arbitraria" la privación de libertad de Junqueras, Sánchez y Cuixart, cosa que llevó al abogado Emmerson a solicitar el miércoles públicamente en España que excarcelara a sus clientes. Tanto Hong como Guevara, que presiden el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, forman parte de esta instancia desde el 2014, y son prestigiosos juristas en materia de derechos humanos.
"Errores de interpretación"
Según el embajador, la opinión emitida por el grupo de trabajo "contiene enormes errores de interpretación que reflejan un desconocimiento absoluto de aquello que es la sociedad española y el ordenamiento jurídico que nos rige", ha valorado González-Aller.
Eso "nos hace pensar que puede haber habido presiones o cierta manipulación a la hora que este grupo emitiera esta opinión", ha añadido. "De acuerdo con los errores cometidos pediremos la revisión de oficio de esta opinión", ha insistido el embajador, en que ha citado como "errores de grueso" hechos como el grupo de trabajo estime que los tres detenidos han sido encarcelados por sus opiniones.
El texto emitido por el grupo, ha añadido al embajador, también considera erróneamente que la Constitución española reconoce el derecho a un referéndum de independencia.
España además protestará por el presunto incumplimiento de los procedimientos de este grupo, que informó de su decisión en el Gobierno el 27 de mayo y tenía que esperar 48 horas antes de notificarlo en la otra parte (en este caso en Emmerson y sus clientes).
"A las 24 horas ya se produjeron filtraciones a la prensa, y el primer medio que se hizo eco fue un periódico digital catalán", ha señalado el diplomático.
González-Aller ha defendido por otra parte España como uno de los países "más abiertos" en los órganos de derechos humanos de la ONU. Ha puesto como ejemplo que es uno de los pocos países que organiza dos visitas anuales de relatores especiales de la ONU para que observen directamente cómo se promueven y defienden los derechos y las libertades fundamentales
Como no les ha gustado nada la decisión, que los deja en evidencia delante del mundo civilizado, aplican la receta que nos dispensan cuando no votamos lo que ellos quieren. Apartarnos y suspendernos. Qué manera de degradar la democracia. https://t.co/mur9EeumXT
— Carles Puigdemont (@KRLS) 31 de mayo de 2019
El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha acusado al estado de "degradar la democracia". La petición en la ONU responde, según el presidente" a una voluntad "de apartarlos y suspenderlos".