Las redes hierven después de que el Tribunal de Cuentas haya abierto la vía para forzar a Artur Mas, expresident de la Generalitat, Joana Ortega, exvicepresidenta, y Irene Rigau, exconsellera d'Ensenyament, a pagar de su bolsillo 5 millones de euros por la organización del 9-N.
Lluís Llach, diputado de JxSí en el Parlament, y Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, entre otros, han criticado la doble moral del gobierno de Rajoy.
El ejecutivo exige responsabilidades a los políticos catalanes, pero no hace lo mismo con temas como la deuda de Bankia, los señalados del documental Las cloacas de Interior, el caso Castor y la mala gestión de las autopistas estatales, entre otros temas.
Caso Bankia
El rescate en el banco madrileño se valoró inicialmente en 22.429 millones de euros, según el Banco de España. Hasta el día de hoy, no se ha pedido a ningún responsable de la bancarrota de la entidad que responda con su capital propio por el gasto que su mala gestión generó.
Gestión de las autopistas
Varias autopistas gestionadas por el gobierno de Rajoy están en situación de quiebra. Para rescatarlas, se prevé que el Estado invierta entre 3.000 y 5.000 millones de euros y, una vez mantenidas, pasarán a manos privadas. En este caso tampoco se han exigido responsabilidades públicas por las malas praxis en la gestión de las autopistas, y tampoco se prevé que los encargados de la quiebra respondan con capital propio.
"Las cloacas de Interior"
TV3 emitió ayer el documental Las cloacas de Interior con una audiencia récord. En este, se veía como el exministro Fernàndez Díaz y sus secuaces orquestaban varias operaciones de dudosa legalidad y, para sorpresa de todo el mundo, ningún miembro del cuerpo judicial ni gubernamental pidieron explicaciones a los señalados como culpables de las malas praxis mostradas al documental, propias de regímenes grises de antaño.
Caso Castor
Entre 1.000 y 2.000 millones de euros públicos pagó el Gobierno de Rajoy a la empresa ASC de Florentino Pérez después de que unos terremotos afectaran a un almacén de gas en el Delta del Ebro propiedad del empresario. Como en los casos anteriores, este gasto será pagado por los ciudadanos, que durante treinta años verán subida su factura del gas.
Además, se ha puesto de manifiesto que una decisión como la del Tribunal de Cuentas es insólita, ya que nunca se había pedido a cargos políticos que respondan a nivel personal por sus actos institucionales, aunque parece que esta línea se ha traspasado desde hace tiempo cuando los afectados son los responsables del procés.