Ha costado sangre, sudor y lágrimas que el PSOE y Unidas Podemos se pongan de acuerdo en un nuevo decreto, pero finalmente ha visto la luz este martes. El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo decreto para impedir los desahucios y cortes de suministros mientras dure el estado de alarma, hasta el 9 de mayo. Por primera vez, incluye medidas para parar los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad no vinculada al coronavirus. Por ejemplos, los que okupen la vivienda de un gran tenedor sin contrato. A cambio, las administraciones públicas tendrán que compensar a los propietarios de estas viviendas. Un camino lleno de retrasos y pugnas entre los socios de la coalición.
Hoy se cierra uno de los capítulos de conflicto de los socios del gobierno de coalición. La pugna se desencadenó cuando Unidas Podemos, de la mano de ERC y EH Bildu decidió presentar una enmienda a sus propios presupuestos del Estado, que acabó retirando cuando el PSOE accedió a negociarlo y ventilarlo desde el ejecutivo. El objetivo era no sólo ampliar la duración, sino también el alcance, que hasta ahora se limitaba a la pobreza sobrevenida por la crisis del coronavirus. Ahora se amplía a otras situaciones, como dependientes o víctimas de violencia de género.
Así, el nuevo decreto aprobado por el Gobierno prorroga la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y también incluye los casos de familias vulnerables que no dispongan de contratos de alquiler y ocupen pisos de grandes tenedores, es decir, de propietarios de más de 10 inmuebles.
En estos últimos casos, se fija un plazo de tres meses en el que no se podrá producir el lanzamiento. Durante estos tres meses, se tendrá que acreditar la situación de vulnerabilidad para que las administraciones autonómicas puedan ofrecerles una alternativa habitacional. Se canalizará a través de los juzgados y los servicios sociales. La norma establece un cálculo y una compensación por parte de la administración para que "los grandes propietarios tengan la certeza de que se liberará la propiedad" en el caso de que estuviera en venta o arrendamiento antes de la entrada.
Finalmente el decreto también impide a las compañías que suministran agua, gas y electricidad cortar su servicio a personas vulnerables, tanto para los que tienen contrato como para quienes no pero pueden acreditar que viven allí. Durará mientras dure el estado de alarma.
Proteger los derechos de todos
El ministro José Luis Ábalos ha agradecido el trabajo de otros departamentos del Gobierno, citando los vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Nadia Calviño, además del ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Ha sostenido que este nuevo decreto "protege el derecho constitucional a la vivienda a las familias más vulnerables", pero también los derechos de terceros, como los propietarios. Y ha dejado claro que "no legitima ninguna okupacióna de vivienda", porque hace una diferencia de "casuísticas".