La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, publicada en el BOE el 3 de enero, es la culminación del plan Justicia 2030, que pretende transformar el servicio público de justicia para mejorar la organización y la productividad en los procesos. El proyecto da lugar a una reforma de la planta judicial y busca agilizar procesos en ámbitos específicos como los de los desahucios, las golden visa o los pisos turísticos. Estos son los cambios fundamentales que se incluyen:

1. Consentimiento de la comunidad para los pisos turísticos

Los propietarios que quieran explotar sus viviendas como pisos turísticos necesitarán la aprobación previa de la comunidad. Esta medida requiere un permiso de 3/5 partes de la comunidad antes de que los contratistas puedan sacar rédito de los alquileres turísticos.

2. Facilidades en los desahucios en casos de ocupación

Las situaciones de ocupación pasarán a abordarse a través de "juicios rápidos". Este cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal homogeneiza la actual disparidad de criterios y busca abreviar el trámite y acelerar la respuesta ante delitos de usurpación de inmuebles o de violación de domicilios.

3. Eliminación de las golden visa

Las golden visa o visas doradas (incorporadas por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013) quedan suprimidas. Así, ya no se podrá conseguir el permiso de residencia comprando casas de más de 500.000 euros, depositando dinero en bancos españoles o invirtiendo en deuda pública, acciones, fondo de inversión o proyectos empresariales.

4. Creación de los tribunales de instancia

Se sustituyen los juzgados unipersonales por tribunales de instancia (estructurados en secciones específicas especializadas en familia, violencia de género o penal). Asimismo, los antiguos juzgados de paz se reconvertirán en oficinas de justicia municipales y se creará el Tribunal Central de Instancia en Madrid con el objetivo de actualizar y modernizar la estructura judicial.

5. Apuesta por la mediación en litigios sencillos

Se introduce como requisito obligatorio acudir a los medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de presentar demanda judicial en asuntos civiles y mercantiles aplazables. En otras palabras, se quiere evitar la congestión de la justicia en procesos de litigiosidad, y se aboga por la negociación entre partes antes de presentar recursos e ir a juicio. Adicionalmente, se aplican cambios al sistema de costas judiciales, que hasta ahora pagaban siempre los perdedores del juicio, pero ahora se incluye una parte del pago a los ganadores en caso de que no hayan acudido a la mediación previa de forma injustificada.

6. Correcciones en la Ley de paridad

También se incorporan correcciones técnicas como la de la Ley de paridad a través de una enmienda que restablece la protección laboral para los trabajadores que piden permisos de cuidados o adaptaciones de jornada, considerando nulos los despidos por estos motivos.

7. Digitalización e incorporación de procesos electrónicos

Por último, se introducen cambios transversales en materia de modernización tecnológica. Entre ellos está la equipación con servicios digitales de las nuevas oficinas de justicia, para evitar desplazamientos y facilitar la burocracia; la notificación electrónica de demandas a personas jurídicas, a las cuales se ejecutará antes de recurrir a la notificación presencial domiciliaria; o la reforma de la subasta judicial electrónica, con numerosas modificaciones para dotarlas de más agilidad (plazos de pago, notificaciones, participación del ejecutante sin otros licitadores, etc.).