"Los proyectiles de foam se tienen que prohibir a Catalunya. Trabajé para que yo fuera la última persona en perder un ojo por un proyectil policial y la promesa no se ha cumplido." Es la reclamación que ha hecho este viernes Ester Quintana en la comisión parlamentaria de estudio sobre el Modelo Policial en Catalunya. Quintana ha detallado que "desde el 2019, tres personas han perdido un ojo por un proyectil de foam, y otros dos han sufrido heridas graves".
El próximo noviembre hará 10 años que Quintana perdió el ojo izquierdo por el impacto de un proyectil policial cuando se marchaba de una manifestación en el centro de Barcelona, y ocho años más tarde que las balas de goma se prohibieran a Catalunya a raíz de su caso, analizado y aprobado por el Parlament. esde el 2019, tres personas han perdido un ojo por un proyectil de foam, y otros dos han sufrido heridas graves. Quintana, representando a la asociación Stop Balas de Goma y miembro de la junta de Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, ha estado acompañada por otras personas afectadas por el uso de balas de goma, entre ellos Roger Español, que perdió el ojo derecho por el impacto de una bala de goma que disparó a la policía española el 1-O en Barcelona, ya que su prohibición no afecta a los cuerpos estatales. Por su caso y otros, Quintana ha explicado que la entidad ha iniciado una campaña y asistirán al Congreso de los Diputados para que en todo el Estado español se prohíba el uso de las balas de goma.
Proyectiles sin trazabilidad
Para Quintana, los proyectiles de foam, que sustituyeron las balas de goma en Catalunya, "son igual de lesivos y no se puede garantizar su trazabilidad". También ha pedido que se constituya un mecanismo de control de las actuaciones policiales independiente, que los agentes sean apartados si se constatan negligencias y que las víctimas no sean ninguneadas por las administraciones. "Diez años después, todo está igual, solo se cambiaron los proyectiles", ha criticado Quintana. "No queremos que se cause más dolor a las personas y a sus familias", ha reclamado Quintana, a la vez que ha asegurado que el apoyo recibido entre el colectivo de afectados para superar el trauma físico y psicológico que sufren y de entidades es realmente lo que les hace seguir adelante, mientras las administraciones los revinctimiza. "Al mirarme al espejo no reconocía a quien tenía delante", ha declarado Quintana para expresar los cambios que padeció y que son de por vida.
La reacción de los grupos parlamentarios
El diputado del PSC Mario García ha dado apoyo a Quintana y las víctimas, pero también "a los agentes heridos, y al agente de la Guardia Urbana que quedó tetrapléjico" por una piedra. La diputada de la CUP Dolors Sabaté ha mostrado su apoyo incondicial a Stop Balas de Goma, i Marc Parés d'En Comu Podem ha avanzado que su grupo pedirá la prohibición de las balas de foam. El diputado de Junts Jaume Alonso- Cuevillas ha pedido "perdón" a Quintana y a todos los afectados por no haberse cumplido el mandato parlamentario, y ha mostrado su apoyo "a los abogados, que están al lado de estas víctimas". El diputado de ERC Chakir el Homrani ha insistido en que hay que cumplir la reparación del daño a las víctimas. Ningún representante de Cs y ni el grupo mixto han comparecido en esta sesión con víctimas y representantes de derechos humanos.
"Agradezco esta solidaridad, pero la tenemos que poner en práctica. Las limitaciones y el grado de discapacidad que tengo es para siempre. Por eso tenemos que trabajar para que estos casos no vuelvan a pasar", ha manifestado Quintana a los políticos. "Tenemos que cambiar el modelo policial. Solo se cambió los proyectiles, nada más", ha sentenciado. Antes, Quintana ha recordado su caso, aterrador, en qué hoy día no sabe quién la disparó, como en la mayoría de casos. "Los agentes mintieron, según recoge la sentencia," y el "corporativismo tapó lo que sufrí. Solo hay que mirar mi cara", ha concluïdo.
En la anterior sesión, el viernes pasado, el comisario de la Prefectura, Eduard Sallent, afirmó que el orden público catalán, centrado en la distancia y la movilidad, es un modelo que ha quedado sobrepasado por las nuevas formas de protesta, y que, por lo tanto, "ha caducado", y que se constató en las grandes movilizaciones del otoño del 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes catalanes.
Reclamo para fiscalizar protocolos
La comisión de este viernes ha empezado con la intervención de la abogada Laia Serra, que llevó la acusación particular de Ester Quintana y con quince años de experiencia- en velar por los derechos humanos, ha pedido a los grupos parlamentarios que hace falta una mayor fiscalización de los protocolos y de las actuaciones policiales. ¿"Cuándo se habla de modelo policial de que se está hablando? Hay que definir qué contribución democrática tienen que hacer los cuerpos policiales, más allá de cuestiones técnicas", ha afirmado la penalista, y ha añadido que cuando "hay un caso grave se afirma que es un caso puntual y no se analizan estructuras, arbitrariedades y excesos".
Los grupos de VOX y el PSC han criticado Serra por cuestionar "siempre" los cuerpos policiales, y Serra les ha replicado que su aportación es "para contribuir a la democracia, no para validar la violencia". En este sentido, Serra ha denunciado: "Hay sindicatos policiales que han dificultado los debates sobre el orden público por corporativismo y contra los derechos humanos. Y hay que cuestionar a estos actores, ya que tienen agenda política propia". Por el contrario, los diputados de la CUP, Junts, Comuns y ERC han preguntado a Serra prioridades para garantizar derechos a la ciudadanía, especialmente durante manifestaciones, y las actuaciones que hay que corregir.
Serra también ha alertado de que gran parte de las consideraciones de la resolución 476/2013 que los grupos parlamentarios aprobaron con amplio consenso, con la prohibición del uso de balas de goma en Catalunya, no se cumplen actualmente. Ha insistido en que en la definición de modelo policial hace falta un consenso con la sociedad: ¿"Qué quiere decir mantener a raya la protesta? ¿Y seguridad para quién? Y a quién se está sirviendo"?, se ha preguntado. La abogada ha insistido que los protocolos, tienen que ser accesibles a todo el mundo y que además de la parte técnica, se tienen que aclarar conceptos, como qué se considera riesgo o violencia, y definir actuaciones diferentes, por ejemplo, cuando hay personas mayores, jóvenes o colectivos.
Autora del estudio Pautas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el uso de violencia policial, Serra ha expuesto que Estrasburgo ha cambiado el criterio y ahora no se habla en términos de exceso o proporcionalidad policial, sino de necesidades, y que se condena Estados con dos nuevos criterios, además de lesiones físicas: el sufrimiento psicológico (escarnio, denigración o miedo) y de la responsabilidad de la actuación. "Estrasburgo empieza admitir denuncias de actuaciones policiales por escarnio político", ha indicado Serra.
En este sentido, Serra ha alertado, al verlo en un caso en el juzgado, de que los "Mossos de Esquadra con sus grabaciones generales en las manifestaciones están haciendo y tienen ficheros de personas violentas, sin saberse si son condenados o con qué criterios".
La reparación de las víctimas, pendiente
Finalmente, Laia Serra ha instado a los parlamentarios que la reparación "sea una obligación del Estado y no que lo tenga que reclamar la víctima; y no solamente tiene que ser económica". Con respecto a nivel judicial, Serra ha indicado que ni la judicatura ni la fiscalía saben cómo funcionan los cuerpos policiales y cuando estos dicen que no pueden aportar pruebas tiene que ser la víctima quien ha de hacer todo el esfuerzo por aclararlo.
Los alcaldes reclaman homogeneizar los cuerpos
En la comisión, también ha intervenido Olga Arnau, presidenta de la Federación de Municipios de Catalunya, que ha reivindicado que la futura ley de la policía en Catalunya tiene que encajar mejor la relación de los Mossos de Esquadra con las policías locales, con 250 cuerpos, actualmente. "Hace falta un verdadero régimen unitario que unifique y simplifique al máximo los cuerpos policiales", ha asegurado Arnau y ha insistido en que "hay que contar con los alcaldes" en esta nueva norma, de la cual asegura que no saben nada, aunque tienen conocimiento que el Departament de Interior hace tiempos que la trabaja. Arnau ha insistido en que hay "que "homogeneizar" la formación de los cuerpos policiales, y ha añadido: "Nos robamos agentes entre municipios y su formación cuesta mucho a las arcas municipales. Hace falta una bolsa común." También ha alertado de la "politización de las policías locales" y "con sindicatos especializados", ya que los agentes tienen un trabajo específico los 365 días del año, pero que "también tienen que saber que trabajan para la comunidad". También ha intervenido Xavier Paz, vicepresidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas.