Ninguna irregularidad. El expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve, ha declarado hoy jueves como investigado en el juzgado que durante su mandato "nunca" tuvo interés para conceder subvenciones a entidades concretas, según fuentes judiciales. Esteve es uno de los cargos políticos que fue detenido el 2018 por haber concedido cerca de un millón de euros en subvenciones entre los años 2012 en el 2015 para proyectos de solidaridad a entidades y empresas afines en la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Las supuestas irregularidades son investigadas por el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que empezó los interrogatorios el mayo pasado, tres años después de las detenciones, ya que algunos de los acusados derivaron a la causa del caso Volhov, que investiga la financiación del movimiento independentista catalán. Antes de finalizar en el 2021, el magistrado Joaquín Aguirre, hizo cerrar algunas piezas del caso. Todavía hay acusados pendientes de declarar.
Esteve, que fue presidente de la Diputación de Barcelona entre los años 2011 y 2015 y alcalde de Martorell por CiU, ha explicado a la magistrada sustituta del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que las subvenciones del ente municipalista antes de adjudicarse siempre pasaban por la intervención y la secretaría de cada departamento. También ha asegurado que durante su presidencia "nunca" se dieron subvenciones con informes desfavorables de estas áreas. La Diputación de Barcelona pidió al juez el archivo de ciertos expedientes porque no se consideraba afectada, y el juez Aguirre aprobó, el noviembre pasado, cerró la causa por las ayudas a Plataforma Educativa y Utopía, Ecosde, y Strategic y Kosector. Se mantienen abiertas la de Pimec y Catmon. Inicialmente, había más de 40 personas investigadas.
La causa
Uno de los últimos informes de la Guardia Civil, que investiga las ayudas de la Diputación desde el 2016, precisa que la Diputación de Barcelona externalizó la evaluación de algunas subvenciones a proyectos de solidaridad internacionales repartos a entidades próximas a la extinta Convergència entre los años 2012 y 2015, que están bajo sospecha y suman un millón de euros. En la causa hay funcionarios de la Diputación investigados por estas actuaciones, en las cuales las defensas indican que son solo errores de ámbito administrativo y que la Diputación paró el pago de las ayudas bajo sospecha al tener conocimiento de la investigación judicial.
El principal investigado del caso de la Diputación es Jordi Castells Masanés, actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat. Cuando era director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona habría aprobado la adjudicación de hasta dieciocho subvenciones sin cumplir los requisitos exigidos por la administración pública, como cobrar facturas antes de ser expedidas, según los servicios jurídicos de la Diputación, que, a requerimiento del juez, repasaron expediente por expediente, además de adjuntar la extensa normativa a cumplir.
En esta causa también es investigado Víctor Tarradellas, exdirigente de CDC, que a partir de una conversación suya y por separado con el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de CDC, David Madí, que guardó en su móvil decomisado por la Guardia Civil, derivó en el cas Volhov. Tarradellas les explicó el supuesto apoyo de militares rusos al presidente Puigdemont. También es investigado el diputado de Junts Francesc de Dalmases, y en verano pasado, el TSJC rechazó y devolvió la causa contra el diputado al juzgado al considerar que no había motivado lo suficiente los indicios delictivos supuestamente cometidos por el aforado. Según el informe del juez, De Dalmases "se lucró" con más de 224.000 euros, de las subvenciones de la Diputación que recibieron las entidades Igman y CATmón, afines a CDC, entre los años 2014 y 2017.