El 99% de los servicios gubernamentales de Estonia se pueden encontrar online. Desde pagar impuestos a renovar el carnet de conducir, acceder al historial médico o votar, prácticamente todos los servicios del gobierno de la nación soviética están disponible en línea. De hecho, ya fue el primer país de todo el mundo que declaró internet como un derecho social. Para acceder, sólo se necesita una plataforma digital estatal que requiere una tarjeta de identidad y un código PIN. Una fórmula, que ha inspirado la creación del Consell per la República, para no tener ninguna dependencia legal de España.
La Generalitat también prevé implantar l'e-República como lo hizo con éxito el pequeño estado báltico el año 2014. Consistiría en a ofrecer una identificación digital a ciudadanos y servicios de todo el mundo sin tener que estar físicamente en el territorio.
En Estonia, el 94% de los ciudadanos, de un total de 1,3 millones, tienen una identidad digital con toda su información encriptada. A nivel funcional, la tarjeta de identificación proporciona acceso digital a todos los servicios del gobierno, evitando la burocracia tradicional y haciendo tareas cotidianas más rápidas y cómodas. En total son más de 4 mil servicios digitales a los cuales se puede acceder gracias a esta identificación.
Una nueva nación
En 1991, cuando Estonia se independizó de la Unión Soviética, no tenían ni Constitución, ni instituciones democráticas ni un sistema legal. Las infraestructuras estaban obsoletas y en malas condiciones, atravesando una crisis económica y el sistema bancario, muy atrasado comparado con el resto de países de la Unión Europea. Su respuesta fue crear un nuevo estado democrático, moderno y eficiente. Viendo los costes económicos que suponía empezar de cero, la digitalización les abrió el camino más óptimo.
La revolución sería total, rompiendo con los esquemas del pasado. Un año antes, los disidentes ya habían empezado a construir un registro de población en la red. Primero de todo era rudimentario, había inscritos duplicados pero este fue el primer gesto de lo que se convertiría en la República de Estonia. Con cinco años ya se había registrado más de la mitad de la población.
Los primeros pasaportes se emitieron en 1992, y una década después el Gobierno los renovó por los chips de identidad. El papel desapareció de las reuniones del Consejo de Ministros el año 2000.
Gobierno las 24 horas del día y 7 días la semana
La mayoría de los estonianos hace más de 4 años que no pisan la oficina de su banco. Además las gestiones bancarias, también se pueden pagar en línea tasas e impuestos y reclamar multas.
Asimismo, todos los hospitales tienen digitalizados los historiales médicos de sus pacientes desde el 2008, y los usuarios les pueden consultar en la red cuándo lo necesiten. Cada paciente dispone de su propio historial de salud, resultados de pruebas médicas, radiografías y recetas digitales.
Estonia es la primera nación de la historia donde se puede votar por internet, desde el 2005, de una forma sencilla y segura. Con sólo 3 minutos y desde cualquier ordenador o dispositivo digital se puede emitir el voto.
Empresarios, emprendedores y autónomos también pueden constituir su negocio online. L'e-goverment les permite poner en marcha un negocio dentro de la UE con un coste mínimo. En total, se han constituido 3.000 empresas, según datos oficiales.
La ciberseguridad por delante de todo
Estonia es el país europeo número uno en ciberseguridad. Todo está protegido por el sistema de Bockchain, una red descentralizada muy difícil de hackejar. Además, cuenta con varios back ups, entre los cuales destaca la sede en Luxemburgo, lejos de la órbita rusa.
Estonia inspira Catalunya
La Generalitat quiere construir una nación digital nueva para ciudadanos del mundo donde nadie será excluido por motivos físicos. Potencialmente, Estonia es un buen ejemplo para desencallar un creixament global, un Parlamento al exilio y por demiocratitzar el acceso a la emprendeduría y al comercio digital.
En el país báltico la iniciativa se lanzó en el 2014. El Consell de la República se fundó el 30 de octubre del 2018 i hasta ahora hay casi 40.000 catalanes inscritos.