El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha dado la razón al expresidente del parlamento vasco, Juan Mari Atutxa y a los miembros de la Mesa de la Cámara Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por la condena que recibieron al negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003. En el año 2008, los tres fueron condenados a penas de multa e inhabilitación. Ahora, el TDEH condena al Estado al pago de una multa simbólica.
El tribunal considera que se vulneró el artículo 6 de la Declaración de Derechos Humanos según el cual "todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica".
En su resolución, el TEDH considera que tanto Atutxa como los otros dos parlamentarios fueron privados de su derecho a someter a contradicción las acusaciones que se vertieron contra ellos, ya que fueron condenados por el Alto Tribunal sin que los hechos pudieran ser examinados por una instancia inferior.
Estrasburgo ha resuelto el recurso de Atutxa, Bilbao y Knörr contra la sentencia del tribunal de garantías que confirmó la condena y destacó las "notables diferencias" que se dan entre este supuesto y lo establecido un año antes por el Supremo en la denominada doctrina Botín, que impidió la apertura de un proceso al banquero a instancia exclusiva de la acusación popular.
Multa de 1 euro
Pese a todo, la condena a España es el simbólico pago de 1 euro a cada uno de los tres demandantes por "daño moral", tal como ellos mismos habían reclamado, y otros 600 para los tres para costear los gastos judiciales.
Paralelismo con el caso catalán
La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos llega en pleno proceso judicial contra el independentismo, con las recientes inhabilitaciones del expresident de la Generalitat, Artur Mas, las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega y el exconseller Francesc Homs. Los cuatro han mostrado su disposición de agotar todos los recursos posibles contra las condenas y llegar si es necesario al Tribunal de Derechos Humanos, el mismo que ahora ha dado la razón a los tres políticos vascos por una cuestión que tiene ciertos paralelismos con el caso catalán.
Precisamente, Juan Mari Atutxa fue asesor de Francesc Homs en la preparación de su defensa.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerado que España "se pasó el Estado de Derecho por el forro" y por eso ha defendido que la sentencia de Estrasburgo es un "aviso para los de querella fácil y politización de la justicia" .