Fernando Grande-Marlaska, el juez "de Bilbao" de la Audiencia Nacional, ha sido una de las mayores sorpresas del gabinete de Pedro Sánchez. De talante más bien conservador, siempre se le había situado cerca del PP. Sin ir más lejos, defendió a Concepción Espejel cuando fue apartada del juicio de la Gürtel por proximidad a los populares. La asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia también pidió en el 2016 su cese como vocal de Consejo General del Poder Judicial, donde llegó a propuesta de Génova. Pero esta semana, contra todo pronóstico, se ha visto catapultado como ministro de un gobierno socialista.
Su carrera, siempre bajo el paraguas conservador, ha sido tan meteórica que incluso su nombre sonó para suceder a Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía General del Estado. Llegó en 2004 a la Audiencia Nacional, en comisión de servicios, pero un año más tarde ya se hacía cargo el juzgado de Baltasar Garzón, entonces de licencia por estudios. Pronto se convirtió en el juez instructor de las principales causas de terrorismo. En 2012 ya presidía la Sala de lo Penal.
Su nombramiento llega tras un supuesto veto a Margarita Robles por parte del deep state, por los "recelos" de la Guardia Civil. Durante su etapa del gobierno de Felipe González fue secretaria de Estado de Interior e investigó las cloacas del Estado. La cartera finalmente ha ido a manos del juez vasco.
Pero la carrera judicial de Marlaska no está exenta de manchas. Sus autos han sido polémicos y le han traido más de un varapalo de la justicia europea. La sombra de Estrasburgo no ha dejado de perseguirle.
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Amparar torturas
Esta misma semana se ha tenido que repetir un juicio contra los etarras Beatriz Etxebarria, Iñigo Zapirain y Saioa Sánchez por un atentado en Bilbao en el 2006. El motivo es que el Tribunal Supremo ordenó revocar en julio de 2016 las condenas de la Audiencia Nacional por no haber realizado un informe sobre los maltratos policiales denunciados por los acusados. El juez instructor de aquel caso era Grande-Marlaska.
Y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, órgano del Consejo de Europa, recogió en un informe que Beatriz Etxebarria había sido violada. Así dice uno de los fragmentos: "Una tercera persona alegó que había recibido bofetadas y puñetazos durante el traslado a Madrid a cargo de la Guardia Civil (...) También dijo que en el curso de otro interrogatorio, mientras llevaba puesta 'la bolsa', le aplicaron vaselina en la vagina y el ano y le introdujeron un palo en el recto, al tiempo que la amenazaban con más abusos sexuales si se negaba a hablar". Por este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por no investigar las denuncias.
También ha recibido toques de atención de sus propios compañeros de la Audiencia Nacional. Pasó en el caso de 40 jóvenes acusados de formar parte de la organización juvenil Segi —declarada ilegal en 2012—, finalmente absueltos. La sentencia absolutoria señala que el juez de instrucción, Grande-Marlaska, no había tomado las medidas necesarias para evitar que fueran torturados, y que algunas declaraciones podrían haberse conseguido "de manera forzada".
De las nueve condenas de Estrasburgo a España por torturas o por no investigar torturas, en seis el juez instructor fue Marlaska
La última condena del TEDH que ha afectado a su carrera ha venido este año, por los "tratos inhumanos y degradantes" a Igor Portu y Mattin Sarasola, etarras condenados por el atentado de la T-4 del Aeropuerto de Barajas. Portu denunció que lo llevaron esposado por la espalda hasta cerca de un río, donde le dieron patadas y puñetazos en el estómago y las costillas; después le sumergieron la cabeza en el agua varias veces. A Sarasola, en cambio, le pusieron una pistola en la cabeza y lo amenazaron con hacerle "lo mismo que a M.Z.", en referencia a Mikel Zabalza, joven navarro asesinado por la Guardia Civil en 1985. Las agresiones a los dos siguieron durante el trayecto de Mondragón a Madrid y, también, durante el régimen de incomunicación. Grande-Marlaska era el juez instructor.
Los datos arrojan luz. Desde 2004, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado hasta en nueve ocasiones al Estado español por torturas o por no haber investigado denuncias por torturas. En seis de estos nueve casos el juez fue el flamante nuevo ministro del Interior de Pedro Sánchez.
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Injurias a la Corona
Marlaska también está vinculado a la causa que llevó al banquillo de los acusados a los dibujantes Manel Fontdevila y Guillermo Torres, de la revista satírica El Jueves, acusados de un presunto delito de "injurias al Príncipe Heredero". Fue por la portada del 18 de julio del 2007, que abría con una caricatura de los príncipes Felipe y Letizia manteniendo relaciones sexuales. No fue él quien impulsó el juicio, pero sí quien les abrió juicio oral. Fontdevila y Torres acabaron siendo condenados a 3.000 euros, pero llevaron el caso a Estrasburgo, donde espera sentencia.
El nuevo ministro del Interior persiguió a independentistas por la quema de fotografías del Rey en Girona y Molins de Rei en 2007
En cambio, sí que fue el nuevo ministro quien llevó a juicio la quema colectiva de fotografías del Rey en Girona y Molins de Rei en 2007. Aquel caso acabó con una multa de 2.700 euros a dos independentistas por delito de injurias a la Corona, con la advertencia de que si no la pagaban se ejecutaría la condena a 15 meses de prisión solicitada por la Fiscalía. Este mismo año, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por este caso, argumentando que quemar fotografías del monarca se enmarcaba en la libertad de expresión.
El juez también llevó la instrucción del caso de José Antonio Barroso, entonces concejal de Izquierda Unida en Puerto Real, por "injurias graves" al Rey, a quien calificó de "corrupto" e "hijo de un crápula". La condena fue una multa de 6.840 euros. Después de ser eximido del pago de la multa, finalmente Barros decidió no acudir a Estrasburgo, aunque lo contemplaba.
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Accidente del Yak-42
El fichaje de Grande-Marlaska es "perverso y descorazonador". Una de las primeras en reaccionar ante el nombramiento del juez de la Audiencia Nacional han sido las víctimas del accidente del Yak-42, el avión que en mayo del 2003 se estrelló en Turquía. Viajaban 62 militares españoles que volvían a casa después de cuatro meses y medio de misión en Afganistán y el Kirguistán, junto con doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Ninguno de ellos sobrevivió. Una tragedia —la peor del Ejército español en tiempo de paz— que estuvo cargada de polémicas, empezando por la mala identificación de los cuerpos o el mal estado del avión, que ya había sido advertido a los mandos.
Marlaska archivó la causa del Yak-42, sin atribuir responsabilidades al Ministerio del Interior
El nuevo ministro del Interior fue el juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional, y decidió archivarla en junio de 2007. No vio ninguna responsabilidad por parte del Ministerio del Interior, entonces dirigido por Federico Trillo. Concluyó que no había "indicios de delito por imprudencia" al contratar el avión, argumentando que no tenía "ninguna obligación concreta" de verificar el estado de mantenimiento. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligó a reabrir el caso, pero lo volvería a archivar.
"Creíamos que habíamos llegado a un punto profundo. Esto es increíble, es la misma persona que nos hundió el proceso jurídico. Era la última esperanza que teníamos", lamentaba María Paz Fernández, viuda del comandante José Manuel Ripollés, después de conocer el nombramiento. "Es lo más próximo que hemos estado de tener contacto con alguien que nos ayudara. Nos sorprende esta cartera", añadía. En el caso del Yak-42, las familias de las víctimas quieren reabrir el caso y llevarlo a Estrasburgo.
Otras sombras alargadas
Pero, más allá de estos casos, el nuevo ministro del Interior tiene muchas otras sombras alargadas. El líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, denunció después de su nombramiento que Marlaska lo había enviado a la prisión en dos ocasiones. También imputó al histórico dirigente del PNV Gorka Agirre —muerto en 2009— acusado de haber avisado de seguimientos policiales al responsable de la red de extorsión de ETA. Dos años más tarde, el juez Baltasar Garzón, que sustituyó a Marlaska, le retiró la imputación.
En Catalunya, también fue polémico su voto particular contra la absolución de los 19 activistas del 15-M acusados de asediar el Parlament en 2011 cuando lo rodearon en una protesta. Marlaska proponía sentenciar a diez de los acusados por el delito contra las instituciones del Estado.