El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha rechazado suspender de forma cautelar la fianza de 3.164.694,10 euros requerida por el Tribunal de Cuentas a la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal. Esta fianza ha estado impuesta en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las delegaciones catalanas en el exterior y el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat).

3 millones de euros

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que los letrados de Vidal presentaron esta semana un recurso de amparo ante Estrasburgo y que la autoridad judicial lo ha recibido y ha dado respuesta a la petición. Según el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador reclama a 34 excargos de los Governs de Mas y Puigdemont cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos. En total, el órgano exige más de 5,4 millones de euros por varios conceptos, vinculados a los viajes de los presidents y consellers de la época, por los importes destinados a las diversas delegaciones de la Generalitat en todo el mundo o por el Diplocat.

En el caso de Vidal, la suma supera los 3 millones de euros. Vidal solicitó al TEDH suspender de forma cautelar el pago de su fianza al considerar que no tiene la responsabilidad de los líderes independentistas que en esos momentos ocupaban cargos superiores.

"Trato degradante" y leyes franquistas

En el escrito presentado, la defensa de la ex interventora aseguró que su situación ha afectado su salud y su integridad mental y que ha puesto en "riesgo" su vida como consecuencia de una "actuación oficial calificable de trato degradante".

Según avanzó El País, en el texto los letrados también argumentaron que el Tribunal de Cuentas se acoge en su expediente a normas dictadas en el franquismo, como lo es la ley de 3 de diciembre de 1953 sobre Organización, Funciones y Procedimiento del Tribunal de Cuentas. “En España, en un Estado de derecho sujeto a la Constitución y a las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se están aplicando en el siglo XXI normas de regímenes dictatoriales”, explica el texto, y añade que se está interpretando la ley “en contra de las garantías de un Estado de derecho”.

24 afectados

La persona a quien se le ha impuesto una fianza más elevada es Albert Royo, exsecretario general del Diplocat. El importe que le piden supera los 3,6 millones de euros. Otros exmiembros del Govern con una fianza muy elevada son Francesc Homs (2,9 millones), Andreu Mas-Colell (2,8 millones), Artur Mas (2,8 millones), Raül Romeva (2,1 millones), Oriol Junqueras (1,9 millones) o Carles Puigdemont (1,9 millones).

La instructora del Tribunal de Cuentas dio un plazo de 15 días hábiles, que vence este 21 de julio, a Vidal y al resto de defensas para depositar la fianza impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.

 

Foto principal: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos / Esteban Romero