Después de las denuncias políticas por el espionaje masivo a 65 políticos, activistas y familiares de independentistas catalanes a través del programa Pegasus, ahora se hilvana la estrategia jurídica para denunciar la grave vulneración de derechos de los afectados. A pesar del buen entendimiento de los abogados que han recibido el encargo de buscar a los autores de estos delitos, la estrategia no será conjunta. Es un reflejo de las diferencias mostradas entre los líderes de Junts y ERC, a pesar de compartir que el Gobierno tiene que dar explicaciones de este espionaje, que todo apunta que ha sido ejecutado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya que se asegura de que la empresa israelí NSO sólo vende Pegasus a los estados. Además, el programa tiene un elevado coste, unos seis millones de euros, que se incrementa cada vez que se realiza un ataque. Los afectados han sabido, además, que NSO monotoritza estos ataques, es decir hace como una atención al cliente en el uso del virus, y por eso la mayoría descarta que la autoría sea de un grupo de funcionarios patrióticos sin control.
Hay dos estrategias claras: por una parte denunciar a los titulares de NSO y seguir el rastro del dinero y por la otra pedir a un juez que ordene al Gobierno que desclasifique el secreto sobre las actuaciones del CNI a los independentistas catalanes. No son estrategias excluyentes. Aparte, el ataque de Pegasus puede cuestionar investigaciones contra independentistas en vigor, como es el caso Volhov, los organizadores del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Los abogados de Òmnium, la ANC, Junts, ERC y la CUP ultiman los escritos de sus querellas y denuncias, que seguramente se presentarán la próxima semana. Las denuncias tienen que ser presentadas en el lugar donde se produce la hecho delictivo, y por eso adelantaron que se presentarán en seis países.
En el caso de Barcelona, se tendrán que presentar en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona, cuyo titular admitió a trámite, en septiembre de 2020, la querella del expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y el exdiputado y concejal de ERC, Ernest Maragall, al ser alertados de que recibieron el ataque de Pegasus, por los delitos de revelación de secretos y contra la intimidad. El magistrado José Antonio Cruz de Pablo aceptó solicitar dos comisiones rogatorias: una en Israel para requerir a la empresa NSO si actuó contra los móviles de los republicanos, y a Irlanda para que pidiera datos a la empresa WhatsApp, ya que fue la que alertó a los dos políticos. Israel no ha respondido desde octubre del 2020, mientras Irlanda indicó que WhatsApp contestó que la información de sus datos es guardada en una empresa de los Estados Unidos, y por eso se ha pedido a este país la información.
Kitchen y caso Pujol
Inicialmente, el titular del juzgado de instrucción 32, con el visto bueno del fiscal especializado en delitos informáticos, descartó citar como investigado el entonces responsable del CNI, Félix Sanz Roldán, como solicitaba el abogado de los republicanos, Andreu Van den Eynde, que ahora se ha descubierto que es una de las 65 víctimas espiadas, según The Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Se espera que los afectados soliciten al magistrado de Barcelona que reclame al Consejo de Ministros del gobierno Pedro Sánchez que desclasifique el secreto sobre las actividades del CNI hacia los independentistas catalanes. No sería la primera vez que passa en una investigación judicial en curso. El gobierno del PSOE aprobó la desclasificación de los documentos sobre el espionaje policial el 2013 al extesorero del PP Luís Bárcenas, sobre la conocida Operacion Kitchen, en enero de 2019, y encontrados en el Ministerio del Interior con diferentes nombres y carpetas. La petición fue realizada por dos jueces de la Audiencia Nacional: Manuel García-Castellón y José de la Mata, que investigavan el caso Villarejo y la contabilitat B del PP, con algunas piezas ya juzgadas y con condena al partido de derechas.
Precisamente, para el juicio contra la familia Pujol Ferrusola, el abogado de Oriol Pujol, el penalista Xavier Melero, ha pedido a la Audiencia Nacional que pida a la secretaría del Consejo de Ministros que desclasifique los documentos que estén relacionados con una parte la denominada Operación Catalunya, en las diligencias del Juzgado Central de Instrucción 6, con identificación de las personas que aparecen relacionadas en la misma y autorización para que puedan declarar sobre estos extremos en el juicio oral. Por ahora no hay ninguna respuesta del tribunal.
Convenio de Budapest
Con respecto a la colaboración entre países, en este caso se puede abogar al Convenio de Budapest o convenio sobre delitos cibernéticos, que es el primer tratado internacional para investigar delitos informáticos y delitos en Internet con la armonización de las leyes entre naciones, y que está en vigor desde el 1 de julio de 2004. Fue elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo y actualmente hay 66 estados suscritos, incluido Israel. Por lo tanto, Israel no tendría que tener ninguna objeción a dar información sobre NSO y Pegasus al juez de Barcelona o a los jueces de los países donde han sido afectados los independentistas catalanes.
Anna Gabriel, exiliada en Suiza, fue la primera en denunciar su espionaje ilegal con Pegasus en este país, ya que su nombre salió en el 2020, con el caso de Torrent, Maragall y Jordi Domingo. La fiscalía tiene su caso.
Volhov y Pegasus a la vez
Un segundo frente abierto por el ataque con el sowfare Pegasus, ahora descubierto, es que puede poner en cuestión las investigaciones penales que siguen abiertas actualmente contra independentistas catalanes. El caso Volhov, iniciado a mediados del 2019 para descubrir la financiación supuestamente ilegal del independentismo catalán, es el más claro ya que hay dos investigados que tenían intervenidos sus móviles por la Guardia Civil, con autorización del titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, y al mismo tiempo recibieron ataques de Pegasus. Son: el exdirigente de Convergència David Madí, del cual la investigación de CitizenLab no puede determinar cuándo recibió el ataque, i el exconseller de ERC Xavier Vendrell, con ataques el 4 de noviembre de 2019 y el 14 de abril de 2020. Además, el jefe de la Oficina del presidente Puigdemont, Josep Lluís Alay, atacado el 13 de julio de 2020, fue detenido meses después por el caso Volhov y se le requisó el mòbil y aparatos electrónicos. Con estas coincidencias, se generan muchas preguntas: ¿los investigadores de la Guardia Civil del caso Volhov vieron que estos aparatos eran atacados por Pegasus? O usaron información extraída por Pegasus? Las defensas de Madí, Vendrell y Alay estudian ahora si reclaman alguna aclaración en este sentido en el juzgado.
Otro procedimiento penal que puede ser cuestionado es el del exsecretario de Economía y diputado de ERC, Josep Maria Jové, al cual la investigación de Toronto también indica que su móvil fue atacado. Jové, junto con Lluís Salvadó, está procesado por organizar el 1-O y pendiente de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En el caso de Jové, los investigadores españoles no podían desencriptar su aparato y lo llevaron en Madrid e incluso se pidió ayuda a una empresa especializada de Israel (Cellebrite), según se constata en el sumario de los organizadores del 1-O, donde también hay una treintena de excargos pendientes de juicio en la Audiencia de Barcelona. Con este ataque confirmado, la Guardia Civil se ayudó de la información extraída por Pegasus para elaborar los informes incriminatorios presentados al juzgado de iunstrcció 13 de Barcelona? Los investigados del 1-O también podrian solicitar si tuvieron ataques de Pegasus el 2017, ya que la investigación de la entidad CitizenLap ha confirmado la presencia del virus en poder analizar los mòbiles de particulares.
Tsunami
Y el tercer procedimiento penal está en la Audiencia Nacional contra los trece vecinos y miembros del CDR, acusados de terrorismo. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional, el 1 de abril pasado, riñó por tercera vez al magistrado Garcia Castellón por no facilitar información de la instrucción a las defensas. En este caso, era facilitarles parte de las diligencias secretas 104/2017, abiertas contra personas y colectivos independentistas, sin que todavía se haya levantado el secreto ni se sepa las personas afectadas. Los casos de Adri y Tamara Carrasco salen de estas diligencias. Se da la circunstancia que sobre esta investigación hace tiempo se flitraron nombres de investigados como el del exdiputado de la CUP David Fernàndez, el cual curiosamente también es uno de los atacados por Pegasus, sin que se detalle la fecha. A partir de esta investigación secreta en la Audiencia Nacional se crearon dos piezas: contra los CDR, detenidos el 23 de septiembre de 2019, y contra los supuestos autores de Tsunami Democrátic, donde hay investigados Madí y Vendrell, también infectados por Pegasus.
Desde la abogacía se considera casi imposible que un juez haya autorizado esta invasión tan agresiva a la intimidad de personas, y que no han cometido ningún delito de gravedad. Se recuerda que habitualmente, cuando un magistrado autoriza la intervención telefónica (con el programa Sitel) y el uso de valijas de geolocalización en coches (cómo se ha hecho en el caso Diputación y en los CDR), sólo se valida a personas concretas y durante un tiempo màximo de un mes, y después de este tiempo se revisa si hay que prorrogarlo. También se descarta que el juez del Tribunal Supremo que revisa las acciones invasivas del CNI, primero Andrés Martínez Arieta y desde diciembre de 2019 Pablo Lucas, hayan validado esta vulneración de derechos de personas sólo por el denominador común de estar a favor de la independencia de Catalunya e impulsar manifestaciones.
Presos políticos
La mayoría de los virus de Pegasus a mòbiles que se han podido acreditar ahora eran para cazar al president Carles Puigdemont, hecho que se comprueba en los ataques a su mujer, Marcela Topor; a su abogado, Gonzalo Boye, con más de dieciocho intentos en el 2020, o a Joan Matamala, hermano de Jami Matalama, que siempre está al lado del president, infectado dieciséis veces. Otra muestra es el caso del profesor de universidad Josep Maria Ganyet, infectado tres veces de octubre de 2019 a marzo del 2020, que se asocia a fechas para ver o estar en contacto con Puigdemont o su entorno.
Otra constatación muy grave es que al repasar las fechas de los ataques, Andreu Van den Eynde ha descubierto que fue atacado cuando mantenía una reunión con el resto de abogados de los presos políticos cuando un juez de Lleida cuestionó que la Audiencia de Barcelona fuera la competente para resolver la evolución de grado y las salidas de los polítics, y que devia hacerlo el Tribunal Supremo, como sucedió. Una grave intromisión al derecho de defensa que seguramente expondrán en la vista de las demandas presentadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Precisamente, en la reciente vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre las prejudiciales de Llarena por la extradición de los exiliados catalanes, los abogados insistían en que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han actuado y creado leyes ad hoc contra los independentistas catalanes, que definían como "grupo concreto" (había división entre los abogados para usar el concepto minoría étnica), más que un ataque individual. Sea lo que sea, se reclama valentía al gobierno de Pedro Sánchez para aclarar las actuaciones del CNI.
