La democracia está en riesgo. Después de la gran crisis económica que empezó en el 2008, este importante sistema político ha retrocedido considerablemente en los últimos años por culpa del auge del capitalismo más salvaje y del autoritarismo que lo acompaña. Es en este contexto donde los indicadores que pretenden cuantificar la calidad democrática de una sociedad han proliferado como nunca, a la vez que se han convertido en un arma política. Dos de los índices más famosos y reputados son el del diario británico The Economist (EIU) o el del V-Dem Institute sueco, que sitúan el estado español como "democracia plena". Una calificación que el Gobierno ha utilizado para contrarrestar año tras año las acusaciones recibidas a raíz de la represión efectuada sobre el movimiento independentista catalán a partir del 2017. Ahora, un estudio académico que cuenta con el apoyo de 200 profesionales y profesores universitarios desmonta estos indicadores.
Originalmente publicada en septiembre de 2021 en la Revista de Catalunya y presentada este miércoles al Ateneu Barcelonès, la investigación 'Prejudici i manipulació sota l’aparença de ciència: la dubtosa qualificació d’Espanya com "democràcia plena" i els febles fonaments dels índexs de qualitat democràtica' cuestiona "el uso de índices de democracia basados en recopilaciones de opiniones subjetivas, como los publicados por The Economist y por el V-Dem Institute, para acreditar, contra la evidencia objetiva, la calificación de España como democracia plena". El trabajo lo firman los economistas catalanes Eduard Gracia, Oriol Martínez, Jaume Pérez, Josep Reyner, David Ros y Lluís Verbon y ha recibido el apoyo de 200 profesionales y profesores universitarios que denuncian "que se califique España como plena democracia por parte de diferentes centros de opinión internacionales".
Una oportunidad de manipulación política
El estudio parte del hecho que tanto el EIU y el V-Dem puntúan al estado español entre las democracias más completas de la tierra por delante de países como Francia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Islandia y Austria. Y eso que "varias violaciones de los derechos humanos y civiles de España desde el 2017 han sido reiteradamente denunciadas por varias instituciones internacionales" (como Amnistía Internacional, Naciones Unidas, el Consejo de Europa...) que "marcan obviamente un punto de discontinuidad en la credibilidad democrática de España que cualquier índice de calidad democrática fiable tendría que reflejar con la misma fidelidad que un sismógrafo registra una onda sísmica". "¿Cómo es posible?", se piden los autores de la investigación. Aquí es donde empiezan a desmontar los mencionados indicadores.
Ambos se basan en principios de una misma metodología, "esencialmente una encuesta de opiniones de expertos". Así pues, por una parte, el EIU "no justifica cómo controla los posibles sesgos de las opiniones de sus expertos anónimos". Por otra, el V-Dem tiene "muy poco control sobre la aplicación por los expertos de los criterios de clasificación y evaluación", "no hace público quienes son los autores que intervienen en la confección de su índice", ni tampoco "proporciona justificación de las decisiones de los expertos", algo que impide "eliminar el impacto del sesgo, el prejuicio o el propio interés". Entonces, los autores del estudio señalan que "las calificaciones se convierten, en el mejor de los casos, en opiniones glorificadas y, en el peor de los casos, en una fantástica oportunidad de manipulación en favor de preferencias políticas o ideológicas que consiguen ser dominantes en la comunidad de expertos adscrita en un país determinado".
Más represión, más puntuación
Volviendo al estado español, la investigación pone el foco en el hecho como V-Dem se hacía eco del inicio de la represión contra el independentismo catalán mediante la reducción de la puntuación de España como democracia liberal en un 8%. Pero en los años posteriores, a pesar del aumento de la represión, la puntuación volvió a subir de manera constante. ¿Por qué? Esta duda es el que fue transmitido al equipo del instituto, que no fue capaz de aportar "ninguna razón". "Confiaban, sin ningún tipo de duda, en sus expertos anónimos para proporcionar puntuaciones precisas y constantes sin sesgo ni prejuicio... Eso, francamente, nos parece demasiada fe", indican los autores.
Aquí es donde la investigación hace énfasis en la idea de manipulación política, que "tendría que ser particularmente fácil de hacer cuando las víctimas son mayoritariamente miembros de una minoría de alguna manera considerada como extraña o incluso rechazada por muchos miembros del grupo mayoritario, como es el caso de los catalanes en España". Y frente a esto, llegan las comparaciones, aunque "todo el concepto de comparación entre países pierde sentido" si no se garantiza que las evaluaciones cumplan criterios estándares comunes.
La policía en la protesta en el aeropuerto contra la sentencia del procés / Sergi Alcàzar
La primera comparación es con Hungría. De acuerdo con los criterios supuestamente objetivos que señalan los autores, Hungría y el estado español tenían el año 2017 el mismo nivel de respeto a los derechos humanos y civiles. Pero según el EIU, España estaba muy por delante en calidad democrática. Eso tiene que ver con el hecho de que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, se ha representado como un populista peligroso, mientras que el presidente español del momento, Mariano Rajoy, se representó como un gobernante suave alineado con la canciller alemana, Angela Merkel.
La segunda comparación es con Bélgica, que "por datos objetivos" se encuentra muy por encima del estado español en materia de derechos humanos. Igualmente, The Economist sitúa a España por encima de Bélgica aunque los líderes independentistas se hayan exiliado allí para no estar expuestos a los abusos de la justicia española. Entonces, el estudio defiende que eso se debe al hecho de que Bélgica cuenta con largos periodos sin gobierno (589 días entre el 2010 y el 2011) y con ejecutivos con representación independentista flamenca, mientras que España ha contado a menudo con gobiernos estables y monocolores (la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos es relativamente nueva).
El sesgo subjetivo de los índices
Con todo eso, las conclusiones son claras, ya que la investigación cuestiona que la objetividad de estos índices "está sustancialmente sobrevalorada si sus expertos ni siquiera pueden separar el apoyo o la desaprobación de los medios generales de ciertos gobiernos de los hechos específicos relacionados con los derechos humanos y civiles". Además, añade que "algunas de estas calificaciones pueden estar sujetas a una manipulación intencionada por parte de varias agencias gubernamentales, ya que las puntuaciones de estos índices se han convertido en noticias cargadas de política y los equipos que las producen sólo imponen controles muy débiles para evitar influencias indebidas". Así pues, "hay que concluir que las numerosas violaciones recientes de los derechos humanos en España son simplemente incompatibles con el calificativo de plena democracia que los institutos de calidad democrática han otorgado tan generosamente".
Las 200 personas que han firmado el manifiesto que acompaña el estudio (y que se puede consultar en el sitio web del Col·lectiu Maspons i Anglafell) lamentan que, "al adherirse a una metodología expuesta a sesgos subjetivos sin imponer controles efectivos para corregirlos, estos índices añadan confusión en un campo donde su objetivo original y declarado era precisamente mejorar la transparencia". Finalmente, emplazan "a The Economist y al V-Dem Institute a introducir controles más robustos a sus metodologías con el fin de limitar el riesgo al sesgo, prejuicio y manipulación que hoy enturbia su valor objetivo".
Imagen principal: La policía española en Barcelona durante la celebración del referéndum del 1-O / Sergi Alcàzar