"La amnistía no es inconstitucional, es un tema moral. El legislativo puede hacer esta ley; la duda que tengo es que esta ley parece un indulto", ha afirmado Eugeni Gay Montalvo, abogado, exvicepresidente del Tribunal Constitucional entre el 2001 y el 2012 y decano emérito del ICAB, sobre la ley del olvido de las causas del procés, pactada por el PSOE, Junts y ERC. Gay lo ha afirmado en la jornada formativa sobre la proposición de Ley Orgánica de Amnistía que se ha hecho en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), este lunes por la tarde. Es decir, Gay considera que la norma se ha hecho a medida para los políticos independentistas a catalanes, de los cuales ha afirmado que "nunca han engañado a nadie en sus programas electorales". Ha sido crítico con el gobierno del PSOE, ya que ha declarado: No me atrevo a juzgar a los infractores, pero hay que respetar el Poder Judicial, y con una sentencia ya firme. Hay que respetar el estado de derecho." Precisamente, la hija de Gay, Maria Eugenia Gay, exdegana de lo ICAB es teniente de alcalde por el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.
En su intervención, Gay -que hizo un voto particular en la sentencia que recortó el Estatut, en el 2010- ha recordado que "Catalunya votó el 92% a favor de la Constitución, es el territorio que se votó más", y que "se pasó de un estado de leyes al estado de derecho y la prohibición de la impunidad. La igualdad es sagrada". El abogado ha recordado un discurso de Alcalá Zamora y ha reclamado que se defienda "la democracia, la igualdad y la división de poderes".
El decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, ha presentado la jornada jurídica formativa y ha recordado el compromiso del colegio de convocarla cuándo se tuviera conocimiento del contenido de la propuesta de la Ley Orgánica de Amnistía, tal como se anunció en la anterior mesa redonda, donde participó la defensora del Pueblo, Esther Giménez-Salinas, y los profesores Joan Ridao y Gonzalo Quintero Olivares. "En el Colegio todo el mundo puede hablar de temas jurídicos", ha declarado Sánchez. La directora del Instituto I+Dret, Maria Jesús Pesqueira, ha dado paso a los ponentes de los cuales ha confesado que ha querido que tengan un "pensamiento transversal".
Intereses "partidistas"
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, abogada del Estado en excedencia y coeditora del blog Hay derecho, ha abierto el debate con un posicionamiento muy crítico con el PSOE, partido al cual ha criticado que “antes de las elecciones generales no planteó la necesidad de la amnistía”, antes al contrario, ha recordado que meses antes tumbó la propuesta presentada por los partidos independentistas en el Congreso. “Había que haber un referéndum a la ciudadanía sobre sí quería la amnistía o tener un amplio apoyo”, ha afirmado la jurista, que ha asegurado que “hay un problema democrático” y la propuesta “obedece a intereses partidistas”.
De la Nuez ha manifestado que la amnistía es “una ley excepcional” y que hace falta una habilitación exprés, que no recoge la Constitución. “Es una autoamnistía; de políticos a políticos”, ha asegurado la abogada, y ha añadido que no hay ningún caso comparativo a Europa, ni el que cita de los jóvenes amnistiados en Portugal. “Los políticos no pueden saltarse la ley diciendo que actúan en nombre del pueblo. En un Estado de Derecho tiene que haber límites”
Se incluye el odio por ideología
Por su parte, Olga Arderiu Ripoll, abogada y presidenta de la comisión de Mujeres Abogadas de la ICAB, ha recordado las palabras del profesor Pérez Royo, que “la amnistía no es un problema, sino que es una decisión política”. Arderiu ha asegurado que el 2017 se aplicaron “excepcionalidades jurídicas contra la libertad de expresión y la libertad política”, y que no solo la amnistía beneficiará a los políticos, sino también a ciudadanos”; y, en este sentido, ha pedido que “no se pueden forzar tipos penales para perseguir personas concretas”. Arderiu ha validado la amnistía, que se apruebe, finalmente, puesto que considera que el poder legislativo, “lo puede hacer”. Frente a la crítica de De la Nuez que el PSOE no ha hablado antes de la amnistía, la abogada de Carme Forcadell ha recordado que los electores sí que han apoyado a los socialistas, que ya aprobaron los indultos a los líderes independentistas catalanes.
Arderiu también ha asegurado que la ley “con ánimo muy exhaustivo” detalla los actos que serían beneficiados por la ley del olvido, y ha manifestado que “no es una ley ad hoc para unas personas concretas”. Para cumplir los convenios internacionales, la abogada ha precisado las exclusiones de la ley, que sostiene que no serán amnistiados casos de delitos graves, como el homicidio o pérdida de órgano principal (como el caso de Roger Español). En cuanto a los delitos de odio y discriminación, según Arderiu, del largo listado de motivos de discriminación (desde racismo, la enfermedad de la persona o su identidad sexual) "quedan fuera de los no-amnistiados los casos por discriminación ideológica o de nación”; es decir los casos de independentistas y también de unionistas condenados o procesados.
Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal, hha ido al detalle de la ley y ha cuestionado que "no se haya incluido el delito de tentativa de homicidio”. Ha afirmado que “desde la situación técnica no se detalla bastante, como por ejemplo el límite del trato degradante” y ha asegurado que el motivo es para “poder incluir los casos particulares”. Con todo, Pérez ha afirmado que "la ley de amnistía es una herramienta legal" y que un gobierno lo puede hacer para resolver problemas, pero que no tendría que ser para resolver casos concretos.https://www.elnacional.cat/es/editorial/amnistia-ira-muy-largo-jose-antich_1128089_102.html
La norma en trámite
El PSOE registró la proposición de ley orgánica de amnistía en el Congreso de los Diputados, el 13 de noviembre pasado. A pesar de que querían que la norma tuviera la firma de todos los grupos que apoyen a la investidura de Pedro Sánchez (Sumar, Juntos, ERC, Bildu, PNB y BNG), los socialistas la registraron solos. La ley asegura que mejorará la “convivencia” en Cataluña y que prevé perdonar unos setenta policías españoles encausados por el procés además de centenares de independentistas. Su aplicación irá para largo.