"Me gustaría poder declarar en catalán, si es posible, y después expresar, asumiendo las consecuencias, que ante la extrema derecha y un partido machista y xenófobo, no aceptaré contestar las preguntas de la acusación". Con estas palabras hace justo un año, el 27 de febrero pasado, Eulàlia Reguant se negó a responder las preguntas de VOX durante el juicio al procés en el Tribunal Supremo. Fruto de aquella acción, hoy se enfrenta a un juicio por desobediencia. Antes de entrar a declarar en el juzgado de Madrid, ha justificado su actitud aquel día: "al fascismo se lo combate".
En la causa contra los líderes independentistas que comandaron el procés hasta la Declaración de Independencia, VOX ejerció como acusación popular. La defensa de uno de los acusados, Jordi Cuixart, ya manifestó públicamente que aceptar la presencia de los de Abascal implicaba omitir la responsabilidad del tribunal de ofrecer un juicio justo. En los mismos términos se ha expresado hoy Reguant. "Aceptar un partido que niega derechos fundamentales era una manera de condicionar un juicio político, una herramienta más de la estrategia represiva," ha criticado. Asimismo ha dejado claro que asumirá las consecuencias.
El caso es que en un juicio, los testigos -a diferencia de los acusados- están obligados a responder las preguntas de todas las partes. Quien fue diputada de la CUP durante la legislatura del gobierno Puigdemont ha adelantado que entrará en el juzgado "a responder y argumentar" por qué tanto ella como Antonio Baños -que declarará el 18 de marzo por videoconferencia- rechazaron responder a VOX. "Nosotros defendemos el derecho a disentir", ha explicado. La líder anticapitalista ha insistido en que "la mejor manera de combatir la ultraderecha es confrontarla en la calle, las instituciones y también en los juzgados".
La defensa de los miembros de la CUP entiende que sus representados tenían el derecho a no contestar y juegan la carta de la objeción de conciencia, un derecho reconocido a la ley de enjuiciamiento criminal. La acusación por desobediencia podría suponer hasta un año de prisión. Además, el Supremo les impuso una multa de 2.500€, una suma que, como tantas otras, se pagó de la Caja de Solidaridad.