La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ya ha pagado la multa de 13.500 euros impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia por no haber respondido las preguntas de Vox durante el juicio del 1-O. Con este pago, hecho el 22 de diciembre pasado, se considera cumplida la pena. Reguant lo ha anunciado más de dos meses después vía Twitter, compartiendo una imagen de la notificación del Supremo en que se le comunica que ya no tiene responsabilidades penales por no contestar al partido de ultraderecha, que durante el juicio era acusación popular. "¿El problema? Es que no tendría que ser ningún delito, como no lo tendría que ser plantarles cara en la calle," ha defendido Reguant, citando a las dos mujeres encausadas por "haber plantado cara" a los ultras en el barrio del Raval en 2020 o los 14 jóvenes encausados por "la respuesta popular y antifascista" en octubre del 2020 en Pego, Alicante. "Lo dije y lo volvería a decir las veces que hiciera falta: Actuamos a conciencia", ha reiterado la diputada en un segundo mensaje, recuperando su alegato final durante el juicio y recordando que todavía queda pendiente el proceso contra Antonio Baños.

La condena del Supremo se conoció el pasado mes de octubre. En ella, el Tribunal consideraba que la diputada de la CUP había cometido un delito de desobediencia grave a la autoridad, pero finalmente no le atribuyó ninguna condena de inhabilitación, aunque en las semanas previas ella daba por hecho que sería así. Pocos días antes de declarar para negarse a responder las preguntas de Vox durante el juicio, Reguant aseguraba que no tenía ningún tipo de esperanzas de salir absuelta. Desde su partido, apuntaban en la misma línea: "El Tribunal Supremo está asumiendo las tesis de la extrema derecha porque se prevé una sentencia de inhabilitación, la sentencia de la venganza," aseguraba la diputada de la CUP en el Congreso de los Diputados, Mireia Vehí.

Eulàlia Reguant contra Vox

Reguant se negó a contestar a Vox durante su comparecencia como testigo en el juicio del procés en 2019 y que terminó con la sentencia condenatoria de los presos políticos. Concretamente, esta decisión de la diputada de la CUP tuvo lugar el 27 de febrero del 2019. En el nuevo juicio, a finales de septiembre de 2022, Reguant denunció la represión del Estado, reafirmándose en su decisión de no contestar al partido ultra: "No quería contestar a la extrema derecha, que representa el fascismo, el racismo y el machismo". En su sentencia, el Supremo recogió "la actitud de la acusada negándose a cumplir el mandato del tribunal ha sido evidente, inequívoca, clara y patente", no solo expresada durante el juicio oral, sino también por escrito en el texto presentado por su representación procesal.