El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha denunciado este lunes que el informe Pegasus de la Comisión Europea —aprobado en comité— hace "seguidismo del Gobierno español". Puigdemont ha lamentado que el Parlamento Europeo "habilite una tecnología que es incompatible con los derechos humanos y mantenga los dobles estándares entre Estados", ha lamentado a través de un comunicado.

El informe ha sido aprobado en comisión y todavía falta que se apruebe de forma definitiva en un pleno del Parlamento Europeo. Los resultados no han satisfecho del todo a Puigdemont, que por este motivo se ha abstenido en la votación del informe que describe los hechos relacionados con el espionaje con Pegasus. Además, Puigdemont ha votado en contra de las recomendaciones que, según denuncia el president en el exilio, "protegen al Estado español" y "legitiman el uso de tecnologías de ciberespionaje en Europa".

El informe reconoce la gravedad del ciberespionaje

El informe, redactado por la eurodiputada neerlandesa Sophie in't Veld, ha sido aprobado en el marco del Comité de Pegasus de l'Eurocámara. Puigdemont reconoce que el informe destaca "la gravedad de la práctica del espionaje y que apunta que un solo teléfono infectado puede comprometer la información de todas las instituciones.

El documento también denuncia que los gobiernos no han colaborado en la investigación, y se destaca el caso del Gobierno. Según el comunicado de los eurodiputados de Junts, con respecto al Estado español y el Catalangate, el informe "muestra la gravedad de los hechos", sin embargo, añade, "desgraciadamente hace seguidismo del Gobierno en el apartado de conclusiones".

"El texto es claro en la denuncia de la falta de respuestas y colaboración por parte de las autoridades españolas, y constata la negativa a abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje con Pegasus (un texto que proviene de una enmienda del mismo president Puigdemont), negativa compartida con Polonia," apunta el comunicado.

Críticas del informe a la ley de secretos oficiales franquista

El documento también hace a una crítica de la ley de secretos oficiales franquista todavía vigente, denuncia que los jueces puedan no aceptar los informes de CitizenLab como pruebas válidas. También se remarca que el espionaje se ha hecho a personas que estaban en Bélgica, Suiza, Alemania y Francia y resalta el caso contra el abogado Gonzalo Boye.

En sus conclusiones, sostiene Puigdemont, el informe define España como un Estado que "tiene un sistema judicial independiente y con suficientes garantías", una afirmación que "contradice por completo todo el corpus del mismo informe". Además, a diferencia de otros países, el informe lo deja todo en manos de los tribunales y no habla de persecución política. "Esta postura, con respecto al Estado español, crea un doble estándar, ya que ante hechos muy similares a los de Polonia, la respuesta del informe es seguir confiando contra toda evidencia en la judicatura española", denuncia el president en el exilio. En consecuencia, y a pesar de la "buena valoración de casi todo el texto del informe de investigación, el president Puigdemont se ha abstenido tanto en el texto referido al Estado español como en el voto final del informe".